Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud. a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
referido al establecimiento de la obligatoriedad del régimen de concurso para la provisión de
los cargos gerenciales de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y empresas privadas
de propiedad estatal.

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. La provisión de los cargos Gerenciales correspondientes a las Gerencias Generales
y a las Gerencias de la primera línea de jerarquía funcional en los Entes Autónomos, Servicios
Descentralizados, Personas de Derecho Público No Estatal y Empresas Privadas de Propiedad
Estatal, así como los cargos de Directores de Hospitales Públicos de la Administración de los
Servicios de Salud del Estado, deberán realizarse en todos los casos por concurso abierto de
oposición y méritos.
Artículo 2º. El plazo en el ejercicio de los cargos Gerenciales será de un año renovable
sucesivamente, previa demostración de su idoneidad para la función ante el organismo o
empresa contratante.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La designación y contratación de personal altamente capacitado en el Estado en general y de
las empresas públicas en particular, exige procesos de selección que atiendan los
requerimientos empresariales de cada cargo.
Las organizaciones públicas necesitan profesionales suficientemente calificados con liderazgo,
activa cooperación, participación y dedicación que les permitan alcanzar los altos niveles de
eficiencia y productividad que el Estado requiere.
En los últimos tiempos ha quedado al descubierto una notoria incapacidad en la
administración de algunas de las empresas públicas, lo que se debe, entre otras razones a la
ausencia de procedimientos de concurso obligatorios para la selección de las personas que
ocupan los cargos de alto nivel gerencial, de dirección y supervisión.
Estas circunstancias han generado desconfianza y frustración en la ciudadanía con respecto al
gobierno y al sistema político, a la vez que ha generado pérdidas económicas importantes para
el Estado.

Para el gerenciamiento de las empresas públicas y de aquellas empresas de derecho privado
que son de propiedad estatal, así como para la gestión de los hospitales, es preciso contar con
ciudadanos especializados en cada caso.

Se pretende que los puestos claves dentro del Estado sean cubiertos por personas con la
calificación necesaria para desarrollar una buena gestión. De ahí que se entienda que el
concurso abierto, del que puedan participar todos aquellos que cuenten con la calificación
necesaria, da mayores garantías en cuanto a que los puestos serán desempeñados por las
personas mejor preparadas para ello.

A su vez, se establece un plazo anual para la renovación de la responsabilidad asumida que
estará en relación a la idoneidad demostrada por quien ocupa el cargo gerencial. En este
sentido se toma como referencia los contratos de alta prioridad previstos en el TOFUP.
La profesionalización de la gestión de las empresas públicas y aquellas que siendo de derecho
privado son de propiedad estatal, es uno de los objetivos centrales para la gestión de un
Estado más eficiente y transparente.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador