Montevideo, 14 de agosto de 2018

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky
De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
por el que se propone la creación de un fondo de pericias judiciales.

Pablo Mieres
Senador

Proyecto de ley

ARTICULO 1º. La Fiscalía General de la Nación no podrá disponer el archivo de la
indagatoria preliminar (artículo 256 de la Ley No 19.293) fundándolo en la falta de
recursos para realizar pericias técnicas.
ARTICULO 2º. Créase el Fondo de Peritajes (FDP) con la exclusiva finalidad de
solventar los honorarios y gastos que generen las pericias técnicas que deban
realizarse a solicitud de la Fiscalía General de la Nación en las indagatorias
preliminares.
ARTICULO 3º. Dicho Fondo se integrará con el 10 % (diez por ciento) del producido de
las ventas a que hacen referencia los literales B) y C) del artículo 67 de la Ley No.
14.294 en la redacción dada por el artículo 95 de la Ley No. 18.719, o del dinero
confiscado en el marco de dicha normativa y será administrado por la Fiscalía General
de la Nación.
Artículo 4º. La Fiscalía General de la Nación deberá publicar periódicamente los
estados contables que reflejen la situación financiera del Fondo de Peritajes conforme
a lo dispuesto por el artículo 191 de la Constitución de la República (artículo 21 Ley No.
19.483), con especial indicación de las sumas recibidas para integrar el Fondo de
Peritajes y su destino.
ARTICULO 5º. Mientras el Fondo de Peritajes no se integre, la Junta Nacional de Drogas
deberá transferir a la Fiscalía General de la Nación los fondos que le sean solicitados a
los efectos dispuestos en el artículo 2º, con la debida justificación de su destino y
siempre que no superen el 10% del total de los recursos disponibles del Fondo de
Bienes Decomisados.

Montevideo, 14 de agosto de 2018

Pablo Mieres
Senador

Exposición de motivos

Recientemente se ha tomado conocimiento de que el Ministerio Público ha solicitado
el archivo de una denuncia penal por carecer de los recursos necesarios para pagar los
honorarios de peritos que pudieran determinar la admisibilidad de la referida denuncia
penal.

El objeto de esta decisión fue la determinación de eventuales sobreprecios
denunciados en el costo de la construcción de una Planta de bioetanol en Paysandú
por parte de la empresa Alur.

No resulta razonable que una denuncia sobre eventuales hechos o conductas delictivas
termine siendo descartada por el Ministerio Público por falta de recursos para
determinar la efectiva ocurrencia de tales circunstancias.

Para que el sistema de Justicia Penal funcione de manera satisfactoria es
imprescindible que puedan aportarse a la causa todas las pruebas que permitan
determinar la existencia o inexistencia del delito y la correspondiente responsabilidad
o inocencia de los indagados.

Como es sabido, las pruebas tienen por finalidad llevar al conocimiento de la Fiscalía,
más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias que son materia de la
indagatoria y la presunta responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe.
El objeto de la pericia es el estudio, examen y apreciación de un hecho, de un objeto,
de un comportamiento, de una circunstancia o de un fenómeno. Es objeto de la
prueba pericial establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo así como la
forma y circunstancias en las que se cometió el supuesto hecho delictivo.
El informe de peritos puede resultar esencial para apreciar algún hecho o circunstancia
relevante para toda causa en la que sea necesaria o conveniente la aplicación de
conocimientos especializados de una ciencia, arte u oficio. La prueba pericial es la
prueba objetiva por excelencia.

A su vez, la comisión de los delitos económicos y financieros, así como los delitos que
se cometen en perjuicio de la Administración Pública, se sustentan en actos y
conductas cada vez más sofisticados en sus modalidades y, por tanto, resulta evidente
que cada vez con mayor frecuencia deberá contarse con dictámenes periciales para
determinar la admisibilidad de una denuncia penal.

En el caso referido, la decisión fiscal no estuvo motivada por la ausencia de
fundamento de la denuncia penal presentada, sino por la ausencia de recursos
disponibles en la Fiscalía General de la Nación para costear la pericia requerida que
podría haber determinado la procedencia o no de la mencionada denuncia. De modo
que, el eventual sobreprecio denunciado no será objeto de investigación judicial
debido a un elemento totalmente ajeno a la existencia o no del mencionado
sobreprecio.

Resulta evidente que afecta al buen funcionamiento de todo el sistema judicial que se
produzca el archivo de una denuncia en etapa de indagatoria preliminar penal por el
hecho de no contar con los recursos para hacer frente al costo de los peritos que
necesariamente deberían intervenir volcando sus conocimientos, absolutamente
imprescindibles para conocer la verdad.

Por otra parte, a partir de la aprobación de la Ley N°17.835 de 23 de setiembre de
2004 se creó el Fondo de Bienes Decomisados, que se integra con el producido de los
bienes y valores decomisados en procedimientos por delitos previstos en el Decreto-
Ley N°14.294 de 31 de octubre de 1974. Este Fondo es administrado por la Junta
Nacional de Drogas la que dispone de dichos bienes.
El Fondo de Bienes Decomisados está destinado a la financiación de programas que
procuran la prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de
personas afectadas por dicha problemática y al fortalecimiento de las instituciones
encargadas de la aplicación de la ley y de la interdicción del narcotráfico y el lavado de
activos.

Por este proyecto de ley se dispone que el 10% (diez por ciento) del producido de las
ventas de bienes decomisados y del dinero incautado se destine al Fondo de Peritajes
que se crea, con la finalidad de financiar los peritajes necesarios para determinar la
veracidad de las denuncias que se investigan.

El proyecto incluye disposiciones que garantizan que los recursos que componen el
Fondo a crearse se destinen exclusivamente a los correspondientes peritajes y se
establecen mecanismos de control y publicidad sobre el uso de los mencionados
recursos.

Montevideo, 14 de agosto de 2018

Pablo Mieres
Senador