Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud. a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
por el que se modifican los criterios para la asignación del subsidio correspondiente a
los cargos políticos.

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Modifícase el inciso final del numeral 2 del literal c) del artículo 35 del llamado
acto institucional N° 9, del 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por la Ley No. 16.195
de 6 de julio de 1991, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada
al momento de desvinculación de los mismos tendrán derecho a percibir durante un período
máximo de un año, a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al
85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. El subsidio se
percibirá en proporción al tiempo en que ocuparon los cargos respectivos. Sólo corresponderá
el máximo de un año antes establecido si el titular hubiera completado el período de cinco
años en el cargo. En caso contrario corresponderá la proporción. Dicho subsidio estará sujeto
a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el
período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado. El
reingreso a la Administración Pública del beneficiario significará el cese automático del
derecho a continuar percibiendo el subsidio.".

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La Ley 15.900 modificó distintas disposiciones vinculadas a las pasividades. Entre ellas, derogó
el artículo 67 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983; y sustituyó los
numerales 2) a 4) del literal C) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de
octubre de 1979, por el siguiente texto: "El cumplimiento de ochenta puntos entre edad y
servicios para los titulares de los cargos políticos o de particular confianza siempre que se
hubieren computado, en forma continua o alternada, tres años en el desempeño de dichas
funciones. A los fines de esta norma se consideran cargos políticos o de particular confianza, los
declarados tales por leyes nacionales, así como los de miembros de las Suprema Corte de
Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal
de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso
Administrativo, titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del Cuerpo Electoral,
Ministros y Subsecretarios de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados. Los titulares de los referidos cargos que no hubieren
configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos,
tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y
hasta un máximo de tres años a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio
equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad.
Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran
prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como
tiempo trabajado".
Posteriormente, la Ley No. 16.195 redujo de tres a un año el tiempo por el cual los titulares de
los cargos públicos indicados podían percibir el subsidio en cuestión, estableciendo el límite
máximo de un año y un mínimo del triple del plazo por el cual ocuparon el cargo.
Sin embargo, este límite mínimo es prácticamente inexistente, habida cuenta de que basta
haber desempeñado el cargo durante cuatro meses, para tener derecho a percibir el subsidio
en forma íntegra, es decir por un año.
No parece ser una solución razonable porque, además, puede alentar acuerdos de distribución
de cargos en el transcurrir del período de gobierno que no son aceptables. Por el contrario,
consideramos que el tiempo por el cual se perciba el subsidio debe estar directamente
relacionado con el lapso por el cual se desempeñó el cargo, con el limite máximo –claro está-
de un año.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador