Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
por el que se establece el efecto suspensivo de ciertas observaciones del Tribunal de
Cuentas de la República.

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Sustitúyase el artículo 476 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, en
la redacción dada por el artículo 50 de la Ley No. 18.834 de 4 de noviembre de 2011, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 476.- El Tribunal de Cuentas podrá disponer que se caratulen como de urgente
consideración al comunicarse a la Asamblea General o, en su caso, a las Juntas
Departamentales, aquellas resoluciones, con observaciones del Tribunal, reiteradas las
primeras por el ordenador y mantenidas las segundas por el organismo de control, en aquellos
casos que refieran a alguna de las siguientes situaciones:
A) Contrataciones por procedimientos competitivos, de montos iguales o superiores a
13.000.000 UI (trece millones de unidades indexadas), con violación de las normas
vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada de
irregularidades por parte de particulares.

B) Contrataciones directas por razones de excepción, de montos iguales o superiores a
653.000 UI (seiscientas cincuenta y tres mil unidades indexadas), con violación de las
normas vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada
de irregularidades por parte de particulares.
C) Contratos de concesión, cuyo valor económico se considere igual o superior a 3.250.000
UI (tres millones doscientos cincuenta unidades indexadas) por año, con violación de las
normas vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada
de irregularidades por parte de particulares.
Caratulado como de Urgente Consideración, se suspenderán los procedimientos hasta tanto
la Asamblea General o, en su caso, las Juntas Departamentales se expidan.
Las observaciones, al caratularse de urgente consideración, deberán ser publicadas de
inmediato en el sitio web del Tribunal de Cuentas, en un apartado exclusivo.”

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley refiere al efecto de las observaciones hechas por el Tribunal de
Cuentas en los procesos de compra del Estado; y está directamente vinculado con el contralor
político de los gastos y pagos.

El artículo 211 de la Constitución de la República dispone que “Compete al Tribunal de Cuentas
“(…) B) intervenir preventivamente en los gastos y los pagos conforme a las normas
reguladoras que establecerá la ley al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su
caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará
al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto. Si el Tribunal de Cuentas, a su vez,
mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o quien
haga sus veces, a sus efectos (…)”

Por su parte, las Leyes No. 17.296 y 18.834 (en sus artículos 476 y 50 respectivamente)
habilitan al Tribunal de Cuentas a disponer que “se caratulen como de urgente consideración al
comunicarse a la Asamblea General o, en su caso, a las Juntas Departamentales, aquellas
resoluciones, con observaciones del Tribunal, reiteradas las primeras por el ordenador y
mantenidas las segundas por el organismo de control, y en especial en aquellos casos que
refieran a alguna de las siguientes situaciones:

D) Contrataciones por procedimientos competitivos, de montos superiores a $ 30:000.000
(treinta millones de pesos uruguayos), con violación de las normas vigentes y en las que
haya habido recursos administrativos o denuncia fundada de irregularidades por parte
de particulares.

E) Contrataciones directas por razones de excepción, de montos superiores a $ 1:500.000
(un millón quinientos mil pesos uruguayos), con violación de las normas vigentes y en las
que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada de irregularidades por
parte de particulares.

F) Contratos de concesión, cuyo valor económico se considere superior a $ 7:500.000 (siete
millones quinientos mil pesos uruguayos) por año, con violación de las normas vigentes y
en las que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada de irregularidades
por parte de particulares.

Las observaciones, al caratularse de urgente consideración, deberán ser publicadas de
inmediato en el sitio web del Tribunal de Cuentas, en un apartado exclusivo.”
Debe destacarse que el ordenamiento jurídico que sirve de base para el accionar del Tribunal
de Cuentas de la República, no dispone de normas que permitan que sus observaciones sean
eficaces, habida cuenta de que sus dictámenes – cuando formula observaciones relativos a la
legalidad o regularidad del gasto- no tienen efecto suspensivo, bastando que el organismo
auditado reitere el gasto. Lo único que puede hacer el Tribunal es mantener su observación y
comunicar lo actuado a la Asamblea General.

En la práctica el Parlamento no analiza las observaciones que le son comunicadas por el
Tribunal de Cuentas (estrictamente a la Asamblea General), ni ha considerado los informes y
recomendaciones que este fórmula.

En este sentido, el Profesor Juan Pablo Cajarville ha expresado que “frente a la opinión publica
la administración en general no sale prestigiada cuando en cada año hay tres mil
observaciones a la legalidad de sus gastos o de sus pagos. Pero resulta que tampoco sale
prestigiado frente a la opinión pública el Parlamento cuando esas tres mil observaciones, nada
menos que de legalidad de los gastos y pagos de la administración no son considerados por el
Legislativo.” ( 1 )
Entonces es necesario buscar una solución, y ello pasa, a nuestro juicio, por otorgar efecto
suspensivo a las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas sobre determinados gastos y
en determinadas circunstancias.

Si bien una primera lectura, el artículo 211 de la Carta Magna podría llevar a sostener que el
procedimiento a seguir en caso de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, solo
podría ser modificado a través de un cambio de la propia Constitución; un análisis más preciso,
lleva a una conclusión distinta.

En efecto: (a) si consideramos cual es el verdadero fin de la actuación del Tribunal de Cuentas;
(b) si analizamos las modificaciones introducidas por la Ley No. 18.834 que lo habilita a
caratular de “urgente consideración” a las observaciones según determinados montos; y (c) si
tomamos en consideración la opinión del Dr. José Korzeniak( 2 ); podemos concluir que es
factible, necesario y conveniente otorgar efecto suspensivo a las observaciones del Tribunal de
Cuentas en determinados casos establecidos por ley a texto expreso.

El Dr. José Korzeniak ha señalado que si bien las competencias del Tribunal de Cuentas están
contenidas en la Constitución, su competencia es abierta, por lo que la ley le puede atribuir una
nueva competencia que razonablemente se vincule con su naturaleza.

Agrega que el texto de la Constitución no fue explícito en cuanto al destino de las denuncias y
observaciones enviadas por el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General: “Las observaciones
van a la Asamblea General “a sus efectos”, las denuncias y acciones del Tribunal son “las
correspondientes”, pero sin indicar los detalles resultantes.” Y hace especial hincapié en el
hecho de que los expedientes llegan al Parlamento donde sólo se cumple con el “trámite de
llegada”, lo que es una clara omisión parlamentaria que debería superarse.

Por lo tanto, establecer un efecto suspensivo a las observaciones hechas por el Tribunal de
Cuentas –en determinados casos establecidos a texto expreso-, hasta tanto la Asamblea
General se expida es necesario como herramienta para corregir la comisión parlamentaria que
destaca Korzeniak, y ejercer un efectivo contralor sobre los gastos y pagos en el Estado .
Si la ley ha podido “avanzar” en establecer que el Tribunal de Cuentas puede “calificar” de
urgente consideración para su tratamiento determinados procesos que observa, no es posible
que la misma se transforme en letra muerte porque la Asamblea General mantiene el criterio
de no tratarlos.

La solución que se propone es la que se ha dado, por ejemplo en la legislación italiana. En ese
país, la Corte de Cuentas (o Tribunal de Cuentas), se encuentra dividido en tres Cámaras: una
responsable de la auditoría y dos de las funciones jurisdiccionales.

11 JUAN PABLO CAJARBILLE en “Transparencia y Ciudadanía Responsable” T I.
2 JOSE KORZENIAK en “Curso de Derecho Publico – Derecho Constitucional”

Precisamente en lo que hace al control preventivo –referido exclusivamente a la legalidad- el
mismo es suspensivo, aunque excepcionalmente por consideraciones de política superior el
Gobierno puede solicitar que se dé curso a la acción poniendo en juego su responsabilidad
política frente al Parlamento.( 3 ) Cierto es que el control queda concentrado en los actos de
mayor importancia.

Para finalizar, decir que tal como ha expresado el Profesor francés Gastón Jese “La eficacia del
contralor de la legalidad y en particular del contralor financiero, es la voluntad del Parlamento
de ejercer ese control. Si esa voluntad no existe no hay mecanismo.”( 4 )
El Parlamento, pues, tiene la palabra y la responsabilidad de aprobar el presente proyecto de
ley en aras de dar una real transparencia a las compras estatales y bregar por un verdadero,
eficiente y responsable contralor del gasto del dinero de todos los uruguayos.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador

3 ALBERTO SAYAGUES en “Transparencia y Ciudadanía Responsable” T. I.
4 Citado por ALBERTO SAYAGUES en ob.cit.