Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud. a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
por el que se establecen modificaciones que amplían las competencias y las facultades
de investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY

Articulo 1º.- Sustitúyase el artículo 2º de la Ley No. 19.340, por el siguiente: “Artículo
2º. La JUTEP tendrá la misión de promover la transparencia de la gestión pública e
implementar medidas preventivas en la lucha contra la corrupción. Sus cometidos
serán los siguientes:
1) Asesorar a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la Ley
Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, contra la Administración Pública
(Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V del Código Penal) y contra la
economía y la hacienda pública (Título IX del Código Penal), que se imputen a
alguno o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10
y 11 de la Ley Nº  17.060, de 23 de diciembre de 1998 y demás obligados.
2) Asesorar a los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión
dentro del marco de su materia, cuando el Ministerio Público lo disponga. La
actuación de la JUTEP en el cumplimiento de su cometido se regulará por lo
establecido en la Sección V, Capítulo III, Título VI, Libro I del Código General
del Proceso, en lo aplicable.
3) Obtener y sistematizar todas las pruebas documentales que fueran
necesarias para el esclarecimiento de las denuncias hechas sobre comisión de
delitos incluidos en el texto de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998,
toda vez que el Ministerio Público así lo disponga. La JUTEP dispondrá de
sesenta días para el cumplimiento del cometido indicado, pudiendo solicitar
al Ministerio Público, por una sola vez, la prórroga del plazo, la que será
concedida siempre que exista mérito bastante para ello, por un plazo
máximo de treinta días. Vencido el plazo o la prórroga en su caso, la JUTEP
remitirá al órgano al que legalmente corresponda, los antecedentes
reunidos. Estos serán acompañados por un informe explicativo de la
correlación de los mismos con los hechos denunciados.
4) Recibir, gestionar y conservar las declaraciones juradas de que tratan los
artículos 10 y siguientes de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.
5) Administrar el sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de los
funcionarios comprendidos en la obligación; y ampliar el ámbito de dichas
declaraciones a intereses y vinculaciones relacionadas con la función que
desempeñan.
6) Efectuar estudios generales sobre las actividades de organismos públicos, de
entes paraestatales y de empresas privadas que sean propiedad mayoritaria
de organismos públicos, en las que puedan generarse actos de corrupción y
recomendar medidas preventivas.

7) Promover normativas, programas de capacitación y difusión que fortalezcan
la transparencia de la gestión pública. En particular, deberá sistematizar en
un Texto Ordenado todas las normas relativas a transparencia y lucha contra
la corrupción.
8) Asimismo tendrá los cometidos previstos en los Capítulos III y IV de la Ley
Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, para lo cual podrá dirigirse, por
intermedio del órgano judicial interviniente o del representante del
Ministerio Público, a cualquier repartición pública, a fin de solicitar los
documentos y demás elementos necesarios para el esclarecimiento de los
hechos denunciados.
9) Ejercer la función de órgano de control superior de conformidad con el
artículo III numeral 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción
con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
10) Relacionarse con los organismos internacionales y extranjeros con referencia
a la materia de su competencia
Artículo 2º. Sustitúyese el texto el artículo 12 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre
de 1998, por el siguiente: Artículo 12º.- “(Del contenido de las declaraciones) Las
declaraciones contendrán una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles
e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino reconocido
judicialmente como tal, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de
bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela.
Se especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de cada uno de los
bienes, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores, en el país o en el
exterior. Asimismo deberá incluirse la participación que posean en sociedades
nacionales o extranjeras, con o sin personería jurídica, así como deberá relacionarse
aquellas sociedades en las que desempeñen el cargo de administrador, director o
gerente, debiéndose en este caso adjuntar copia del último balance. Las declaraciones
contendrán también, la relación de los ingresos, rentas, sueldos y/o beneficios que
perciba por cualquier concepto el obligado, su cónyuge o concubino reconocido
judicialmente como tal y las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela.
Las declaraciones se presentarán suscritas por el obligado y en su caso, por el cónyuge
o concubino respecto a los bienes e ingresos de su pertenencia, en sobre cerrado ante
la JUTEP, debiéndose establecer por parte del funcionario obligado en la carátula del
mismo, un resumen del promedio mensual de sus ingresos de los últimos 12 meses y
de los totales de su activo y pasivo patrimonial, incluyendo su cuota parte en la
sociedad conyugal o concubinaria de bienes en su caso. Esta última información estará
disponible a requerimiento escrito de cualquier interesado en el caso de las
autoridades referidas en el artículo 10 y literal “A” del artículo 11, así como en el de
los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el
artículo 221 de la Constitución de la República.
Artículo 3°. (De la publicidad de las declaraciones). La Junta abrirá los sobres
conteniendo las declaraciones del Presidente, Vicepresidente de la República,
Ministros de Estado, Subsecretarios de Estado, Directores Generales de los Ministerios,

Senadores, Representantes Nacionales, Directores de Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados e Intendentes Departamentales y dispondrá su publicación en el
Diario Oficial y en el sitio web de la JUTEP. La publicidad de dichas declaraciones
abarcará también al patrimonio de sus cónyuges o concubinos reconocidos
judicialmente como tales, así como de las personas sometidas a su patria potestad,
tutela o curatela.
Artículo 4º. Una vez por mes la Junta de Transparencia y Ética Publica procederá a la
apertura de hasta cinco sobres que contengan declaración jurada de funcionarios, que
serán determinados al azar entre los que tienen custodiados mediante sorteo. A cada
acto de apertura será citado el funcionario a quien corresponda la declaración jurada.
El día señalado, la Junta de Transparencia y Ética Pública procederá a la apertura
aunque no concurra el interesado.
Artículo 5º. En todos los casos de apertura de sobres la Junta de Transparencia y Ética
Pública deberá verificar la corrección, concordancia y veracidad de la declaración
jurada de bienes e ingresos así como la vinculación e intereses y, cuando corresponda,
podrá requerir documentación que acredite lo declarado.
Artículo 6º. Los organismos públicos referidos en el artículo1º de la Ley Nº 17.060,
deberán disponer la creación de ámbitos competentes para la recepción reservada de
denuncias o noticias de actos de corrupción que ocurran en las respectivas
dependencias, las que deberán ser diligenciadas e investigadas y, de existir mérito,
derivadas a las autoridades competentes. En el curso del diligenciamiento de las
actuaciones respectivas se dará debida protección administrativa y laboral a los
funcionarios denunciantes, sin perjuicio de su responsabilidad en el caso de denuncias
falsas o infundadas. Dicha protección implicará, entre otros aspectos, la reserva de su
identificación si correspondiere y la preservación de su estabilidad laboral, no
pudiéndose permitir que se le apliquen medidas administrativas que le causen
perjuicio si no están debidamente fundadas.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2006 en su ponencia presentada en el Seminario “Relaciones Peligrosas:
poder y corrupción ¿qué hacer con la Junta Anticorrupción?” ( 1 ) el Dr. Carlos Balsa
destacaba que “en el ámbito internacional se está consolidando la tendencia de que
los países designen órganos de control superior en la lucha contra la corrupción de
manera de contar con cuerpos especializados que implanten las políticas públicas en la
materia y faciliten la coordinación internacional necesaria para la identificación
probatoria”.
Señalaba que fortalecer las atribuciones de la JUTEP, y habilitar la previa investigación
coordinando el relevamiento de pruebas, es un avance en el camino de mejorar la
posibilidad de alcanzar mayores elementos probatorios relevantes, aclarando que no
se trataría de pesquisas secretas, suprimidas o abolidas por el artículo 22 de la
Constitución sino que sería similar aporte al que realiza por ejemplo el Banco Central
del Uruguay en cuanto a los delitos de lavado de dinero o el Ministerio de Salud
Publica en los casos de drogadicción o sustancias tóxicas.
En virtud de estos fundamentos, se propone una ampliación de los cometidos de la
JUTEP, estableciéndose un papel de colaboración con el Ministerio Público en sus
tareas de investigación judicial.
El otro punto que requiere una necesaria modificación en aras de la transparencia que
resulta imprescindible en nuestro país, tiene que ver con el análisis de las
declaraciones juradas presentadas a la Junta de Transparencia y Etica Pública por los
funcionarios obligados según dispone la Ley No. 17060.
En tal sentido se agregan a los cometidos de la JUTEP la potestad de ampliar el ámbito
de las declaraciones juradas, extendiendo la publicidad de estas a un elenco mucho
más amplio de jerarcas públicos que incluye además del Presidente y Vicepresidente
de la República, a los legisladores, ministros, subsecretarios, directores generales de
los Ministerios, Intendentes Departamentales y Directores de los Entes Autónomos y
de los Servicios Descentralizados.
También se le otorga a la JUTEP el cometido de efectuar estudios generales sobre las
actividades de organismos públicos, de entes paraestatales y de empresas privadas
que sean propiedad mayoritaria de organismos públicos, en las que puedan generarse
actos de corrupción y recomendar medidas preventivas y la tarea de sistematizar en un
Texto Ordenado todas las normas relativas a transparencia y lucha contra la
corrupción.
Hace ya cuatro años la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana
contra la Corrupción ( 2 ) recomendó:“ (…) En cuanto a la Junta de Transparencia y Ética

1 Transparencia y Ciudadanía Responsable T. I.

Pública (…), considerar medidas o mecanismos que aseguren la independencia de la
Junta en sus asuntos administrativos; adoptar manuales u otros documentos en los que
se describan las funciones del personal a su servicio; mantener resultados de las
investigaciones de oficio realizados por la Junta con respecto a declaraciones
patrimoniales; establecer procedimientos para abrir y verificar el contenido de una
declaración patrimonial por parte de la Junta; y promover mecanismos de
coordinación entre la Junta y otros órganos de control superior.” Los destacados nos
pertenecen
En ese marco, es que se entiende necesario promover el presente proyecto de ley con
el objetivo de dotar a la JUTEP de la potestad de analizar las declaraciones juradas
presentadas por los obligados a ello, de conformidad con lo establecido en la Ley No.
17.060 y normas complementarias.
Para ello se tomaron en consideración:
(A) Propuesta de Anteproyecto de Ley formulado por la Comisión Honoraria (art. 25 de
la Ley No. 17.060) presentado a la Asamblea General el 6 de junio de 2001;( 3 )
(B) Propuesta de Anteproyecto de Ley promovido por la JUTEP en el año 2011, que
contó con el asesoramiento de los Dres. Juan Pablo Cajarville y Mariana Malet.
En el último de los señalados, se proponía una nueva redacción al artículo 12 de la Ley
No. 17.060 estableciendo que los funcionarios obligados a presentar declaración
jurada deberán expresar el total de activo y pasivo del patrimonio e ingresos en el
sobre de la declaración, el que estará disponible a requerimiento de cualquier
interesado respecto de los funcionarios referidos en el artículo 10 y literal A del
artículo 11 de la Ley Nº 17.060, así como de los directores de entes autónomos y
servicios descentralizados comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la
República.
La JUTEP señalaba que se trataba de una innovación relevante que procuraba dar más
transparencia a los patrimonios de los funcionarios obligados estableciendo la
eventual publicidad de los mismos en el caso de las autoridades de mayor jerarquía.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

2 Carpeta 475/2011 Distribuido 2342/2013 de la Cámara de Senadores, de fecha 4 de octubre de 2013
“MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN (MESICIS) IMPLEMENTACIÓN EN URUGUAY DEL ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9, DE
LA CONVENCIÓN INFORME FINAL”, aprobado en Sesión Plenaria de la 22ª reunión del Comité de
Expertos, 13 de setiembre de 2013.
3 Transcripto en TRANSPARENCIA Y CIUDADANIA RESPONSABLE T. II. (CARLOS BALSA, JORBE
SAMBARINO, ALBERTO SAYAGUES y EDUARDO ZAINDEZSTAT).

Pablo Mieres
Senador