Montevideo, 1° de junio de 2016

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
referido a una modificación de la Ley de Inclusión Financiera tendiente a facilitar el
cobro de haberes de los trabajadores dependientes pertenecientes a centros poblados
sin servicios bancarios.

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY:

Artículo Unico. Sustitúyese el Artículo 10 de la Ley No. 19.210 de 29 de abril de 2014,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 10.- (Pago de nómina).- El pago de las remuneraciones y toda otra partida
en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia,
cualquiera sea su empleador, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en
instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en
instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente
ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para
reglamentarla. El sistema de pago que se instituye no implica aceptación de la
liquidación por parte del dependiente, ni enerva la obligación del empleador de
extender los recibos de haberes, en las condiciones previstas en las normas
reglamentarias del Artículo 10 de la Ley No. 16.244, de 30 de marzo de 1992. C A D E
Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma
en formato electrónico.

La presente disposición será aplicable siempre que exista una Institución de
Intermediación Financiera -y/o Institución Emisora de Dinero Electrónico- con punto
de extracción a una distancia no mayor a dos kilómetros del lugar de trabajo y/o
residencia del trabajador; caso contrario este podrá optar por que el empleador le
abone el salario y toda otra partida que tenga derecho a percibir con dinero en
efectivo en el domicilio de la empresa.”

Montevideo, 1° de junio de 2016

Senador Pablo Mieres

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el marco de las disposiciones para fomentar la inclusión financiera y el uso de
medios de pago electrónicos, la Ley No. 19.210 incluyó un artículo por el cual se
establece que el pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan
derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su
empleador, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de
intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que
ofrezcan este servicio , en las condiciones establecidas en la presente.
Según puede leerse en la Exposición de Motivos del Proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo en su momento, se entendió necesario que la población de menores
ingresos, así como también las micro, pequeñas y medianas empresas, dejaran de ser
excluidas del acceso a servicios financieros, o dejaran de acceder a ellos en malas
condiciones, por cuanto ello – se decía – no sólo agrava las diferencias sociales y
económicas, sino que sus oportunidades de alcanzar mejoras en sus niveles de vida se
ven reducidas.

Sin embargo la disposición citada, no tuvo en cuenta que el acceso al sistema
financiero, no ya para acceder a sus beneficios, sino para poder cobrar el salario, no es
igual en todos los puntos del territorio nacional.
En efecto, en lugares alejados de las ciudades o en centros poblados de tamaño
reducido existen trabajadores que ven dificultado el cobro de sus retribuciones por no
tener servicios financieros en el lugar donde trabajan y/o residen. Por tanto, lo que
pretendía constituir un beneficio para los trabajadores, termina siendo perjudicial para
los mismos, habida cuenta de que deben recorrer muchos kilómetros para poder
percibir sus haberes, llegando a tener que perder el día de trabajo.
Se trata, en su gran mayoría, de vecinos con bajos ingresos, que viven en condiciones
precarias, con pocos servicios y para los que los traslados exigidos son un costo
adicional que puede afectar su nivel de vida. Por otra parte, por estar distribuidos en
pequeños pueblos a lo largo y ancho del país, no están organizados ni pueden impulsar
reclamos colectivos.

Esto provoca que la obligación establecida en el referido artículo 10, en los casos
citados, genera el efecto de desproteger al más débil afectando a los trabajadores que
viven o trabajan en los pueblos más pequeños de nuestro país.

Por otra parte, la norma citada “pasa por alto” artículo 13 del Convenio de la OIT No.
95, de conformidad con el cual: “Cuando el pago del salario se haga en efectivo, se
deberá efectuar únicamente los días laborables, en el lugar de trabajo o en un lugar
próximo al mismo, a menos que la legislación nacional, un contrato colectivo o un
laudo arbitral disponga otra forma o que otros arreglos conocidos por los trabajadores
interesados se consideren más adecuados”.

Como enseñaba el recordado y reconocido laboralista, Profesor Américo Pla Rodriguez,
la finalidad que se busca es evitar las molestias, gastos y demoras ocasionados por el
desplazamiento del trabajador hasta el lugar de cobro.

Por otra parte, resulta evidente que el Estado no puede establecer una obligación si no
ofrece, simultáneamente, los mecanismos correspondientes para que el ciudadano
pueda cumplir con ella, por tanto resulta imprescindible ajustar la normativa
condicionando la obligación señalada a la existencia de los medios correspondientes
para su cumplimiento.

Montevideo, 1° de junio de 2016

Senador Pablo Mieres