Montevideo, 25 de marzo de 2019

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Cámara de Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta por el que se modifica la Ley de Acceso a la Información Pública limitando las potestades de las oficinas públicas para declarar de carácter reservado una información solicitada.

Pablo Mieres

Senador

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.   Modifícase el artículo 9 de la Ley No. 18.381 en la redacción dada por artículo 1º de la Ley No. 19.178, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 9.  (Información reservada).- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

A) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional.

B) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones Internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo.

C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.

D) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona.

E) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción.

F) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales   desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

G) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la    cual deberá estar documentada.

La clasificación de la información reservada deberá realizarse por el sujeto obligado en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, previo informe favorable de la Unidad de Acceso a la Información Pública, siempre mediante resolución debidamente fundada y motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido, de acuerdo con las excepciones referidas en el presente artículo.

En  todos los casos la  Unidad  de Acceso a la Información Pública deberá contar con el asesoramiento  de su Consejo Consultivo  del que solo por podrá apartarse por razones fundadas.

La Unidad de Acceso a la Información Pública,  en ejercicio de su cometido de control y calificación, ordenará al sujeto obligado su desclasificación en caso de información calificada como reservada sin su informe favorable, y si la misma no se ajustare a lo dispuesto en el presente artículo. En cualquier caso, el plazo de reserva comenzará a computarse a partir de que la información pudo ser clasificada.

Artículo 2º. Modifícase el artículo 21 de la Ley No. 18.381 en la redacción dada por artículo 2º de la Ley No. 19.178, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 21. (Cometidos).- El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa   constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos   internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la   información pública.

B) Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados.

C) Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas.

D) Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública.

E) Capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a   brindar el acceso a la información.

F) Promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia.

G) Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todos los sujetos obligados.

H) Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental.

I) Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho al Poder Ejecutivo.

J) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley y aportar las pruebas que consideren    pertinentes.

K) Informar en forma preceptiva y previa a la calificación de reservada de la información por el sujeto obligado.

L) Ordenar al sujeto obligado la desclasificación de la información que hubiere sido clasificada sin ajustarse a los criterios y procedimientos de clasificación establecidos en la presente ley.

 Artículo 3º. Modifícase el artículo 485 de la Ley No. 15.903 en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley No. 18.834, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Articulo 485. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en los artículos 482 y 486 de la presente ley, amplíase para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, a $ 30:000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) el tope de licitación abreviada y a $ 750.000  setecientos cincuenta mil pesos uruguayos) el tope de compra directa, siempre que tengan:

  A) Un buen sistema de gestión y eficaz control interno en las áreas vinculadas a las contrataciones.

  B) Estén comunicados electrónicamente con el Registro Único de Proveedores del Estado.

  C) Publiquen todo lo relativo a sus contrataciones superiores al límite de su procedimiento de compra directa en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales contribuyendo a la transparencia de su sistema, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, la que  podrá modificar ese límite. Las compras realizadas al amparo de la  excepción establecida por el artículo 108 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, podrán clasificarse como reservadas por el   organismo, por razones debidamente fundadas y previo informe favorable de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

   Este régimen podrá ser suspendido por decisión fundada del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y previo dictamen del Tribunal de Cuentas, si evalúa que no se cumplen las condiciones precedentes, lo que deberá declarar expresamente en la resolución respectiva.

   El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y previo dictamen del Tribunal de Cuentas, podrá autorizar este régimen, total o parcialmente, a otros organismos públicos que cumplan dichos requisitos y cuando sea conveniente para la buena administración.

   Cuando no exista acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas o no haya dictamen de éste luego de sesenta días de solicitado, la resolución del Poder Ejecutivo será remitida a conocimiento de la Asamblea General.

Artículo 4º. Comuníquese, publíquese.

Montevideo, 25 de marzo de 2019

Pablo Mieres

SenadorEXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Acceso a la Información Pública fue sancionada a partir de un proyecto de ley presentado en el año 2006 por la bancada del Frente Amplio.

El referido proyecto de ley tenía que ver con el acceso a la información pública y amparo informativo y buscaba – de acuerdo a su Exposición de Motivos- establecer un marco jurídico claro y necesario para garantizar y hacer efectivo uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es el derecho a la información. Finalmente fue aprobado con modificaciones introducidas por la Senadora Margarita Percovich a través de un proyecto sustitutivo presentado en el 2008.

La bancada de Senadores del Frente Amplio destacaba, como fundamento de su proyecto, que el artículo 19 de la declaración Universal de Derechos Humanos establece que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como el de difundirlas sin límites de fronteras por cualquier medio de expresión».

Hicieron especial hincapié en el hecho de que a partir de esta Declaración, distintas Convenciones y Pactos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos han consagrado tal derecho como ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13; y que nuestro país ratificó estos instrumentos internacionales incorporándolos así a nuestro derecho nacional, ampliando lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y cumpliendo con su artículo 72.

Señalaban asimismo, en conceptos que no podemos sino compartir en su totalidad, que el derecho a buscar y recibir información es parte intrínseca del derecho a la libertad de opinión y de expresión y normativamente es un derecho fundamental de rango constitucional que debe ser tutelado y garantizado especialmente por el Estado; y que además de ser un derecho, el libre acceso a la información pública es un pilar fundamental para el fortalecimiento del sistema de gobierno democrático republicano pues es una herramienta imprescindible para que la ciudadanía pueda construir su propia conciencia cívica y otorga la debida transparencia a la gestión de los gobernantes.

Pues bien, ocurre que aún siendo un pilar fundamental para el fortalecimiento del sistema de gobierno democrático republicano, el acceso a la información no  se cumple, tal como -con total responsabilidad- fue concebido en el proyecto originario. 

Esto es consecuencia directa de algunas previsiones de la ley que fuera finalmente sancionada, y que han sido utilizadas de manera inapropiada por los sujetos obligados a otorgar la información, negando el acceso a la misma.

De esa manera, la herramienta promovida a través de la ley como vía de obtención de datos en poder del Estado, como presupuesto para controlar y fiscalizar a la autoridad pública, como instrumento de participación ciudadana o como insumo para poder ejercer mejor otro derecho, no cumple su función.

Nos referimos concretamente al artículo 9 de la Ley No. 18381, por el cual el sujeto obligado a otorgar la información puede calificar la misma de reservada y, de esa forma, negar a todo ciudadano –incluso a los legisladores- acceso a la misma.

Eso supone, lisa y llanamente, incumplir la normativa constitucional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que reconocen y promueven este derecho a la información.

No queremos decir que no puedan existan situaciones en las cuales sea necesario calificar de “reservada” cierta información; decimos que no es posible manejar estas situaciones de excepción con abuso.

Las modificaciones propuestas son dos y permiten resolver la discrecionalidad y la tendencia de la Administración a negar la información solicitada.

La primera modificación es que la información declarada reservada lo debe ser en el momento mismo que se creó o modificó la información y no puede el organismo público declararla reservada cuando se le solicita dicha información.

La segunda modificación es que no basta con que el Organismo involucrado la califique de “reservada”, ni que sea quien en exclusividad “evalúe” si se dan los supuestos previstos en el artículo 9 de la Ley No. 18.381; es necesario un control adicional y previo. Para ello se establece que la Unidad de Acceso a la Información Pública a través de su Consejo Ejecutivo, con el asesoramiento del Consejo Consultivo previsto en la propia ley, deberá ratificar o autorizar la reserva indicada por el organismo público correspondiente.

Conviene destacar que previo a la sanción de la ley en cuestión la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, solicitó informe sobre proyecto al Profesor Carlos Delpiazzo, en particular respecto de la norma que hoy se pretende modificar.

El Profesor Carlos Delpiazzo señalaba que a través del acceso a la información pública “se potencia el control de la actividad administrativa de quienes la realizan, permitiendo el pleno ejercicio de la soberanía del pueblo sobres sus mandatarios y, por ende, fortificando el Estado de Derecho y coadyuvando a superar el “déficit democrático” que supone el secretismo del obrar público (…).”

En el entendido de que es esencial al Estado de Derecho, cumplir el mandato constitucional, es que presentamos este proyecto de ley por el que se modifica en la línea señalada la Ley No. 18.381, y la Ley No. 15.903 en tanto contiene una norma vinculada a la reserva de actuaciones administrativas que entendemos necesario modificar en la línea que se propone.

Montevideo, 25 de marzo de 2019

Pablo Mieres

Senador