Montevideo, 25 de abril de 2016.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 157 del Reglamento de Cámara de
Senadores, me dirijo a usted a efectos de presentar el Proyecto de Ley Constitucional
que propone la modificación del artículo 201 de la Constitución de la República. Esta
enmienda constitucional, en caso de obtener la mayoría requerida, será sometida a
plebiscito constitucional el último domingo de octubre de 2019.-

Pablo Mieres
Senador

PROYECTO DE LEY CONSTITUCIONAL

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 201 de la Constitución de la República, que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 201. Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes
Autónomos y de los Servicios Descentralizados, no podrán ser candidatos a ningún
cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese.
Los Organismos Electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no
hayan cumplido con este requisito”.

Artículo 2°.- Agrégase a las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución la
siguiente:
“Z’’’.- Si el plebiscito constitucional fuera proclamado afirmativo por resolución firme
de la Corte Electoral, la presente reforma entrará en vigor a partir del 1° de marzo de
2020”.

Artículo 3°.- Está enmienda constitucional será sometida a plebiscito constitucional el último
domingo de octubre de 2019.

Pablo Mieres
Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el transcurrir de los años el papel que cumplen en nuestro país los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados, así como la entidad de los recursos públicos que administran, se ha
incrementado significativamente.

A su vez, el giro de sus actividades impacta directamente en aspectos vinculados con la calidad
de vida de los ciudadanos, por lo que los Directores de estos organismos poseen un conjunto
de resortes de poder económico así como prestigio y visibilidad que pueden proyectarlos ante
la opinión pública de manera importante.

La inhibición actualmente dispuesta en la Constitución de la República con respecto a los
Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados sobre la posibilidad de ser
candidatos a cargos electivos se limita a los doce meses anteriores al acto electoral.
Estas circunstancias permiten que quienes asumen cargos de conducción en estos organismos
abriguen la posibilidad de ser candidatos a cargos electivos en la elección siguiente. De hecho,
es relativamente frecuente que varios de los Directores de los entes y servicios del Estado
presenten renuncia justo antes de que se cumplan los doce meses previos a la elección
correspondiente, a efectos de poder presentarse a alguna candidatura.

Pues bien, esta posibilidad alienta la tentación de utilizar los importantes recursos financieros,
de poder y de visibilidad que proporciona el cargo de conducción en una empresa del Estado,
para preparar una candidatura al final del período. Hay en la historia reciente diversos casos
que avalan esta afirmación.

Esta tentación, a su vez, implica un desvío en el accionar de los jerarcas con respecto a la
finalidad específica que debe orientar su actuación, configurándose un eventual perjuicio con
respecto al organismo de que se trate, en la medida que el orden jerárquico del interés se
distorsiona, ubicándose en primer lugar la promoción política de su jerarca en vez del interés
de la organización que se conduce.

Esto no quiere decir que quienes ocupan los cargos de dirección en los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados no sean personas con vocación política o que sus representaciones
no deban corresponder a personas de confianza política. Por el contrario, la forma de
designación y sustitución de los Directores de los Entes y Servicios del Estado indican que se
trata de cargos de confianza política y, por lo tanto, se desempeñan debido a la existencia de
un vínculo de esa naturaleza.

Pero las carreras políticas no tienen por qué confluir estrictamente en objetivos electorales. Es
más, dentro de las opciones del compromiso político es deseable que se distingan las carreras
políticas de carácter electoral, en las que sus destinos dependen del voto ciudadano, de las
carreras políticas vinculadas a la gestión y conducción de los organismos públicos.
Esta distinción evita confusiones que pueden afectar el desempeño y la mejor gestión de los
entes públicos.

Conviene, en tal sentido, bifurcar los caminos, de manera tal de que todos aquellos dirigentes
políticos que posean interés en la carrera electoral, tengan claro que si optan por asumir un
cargo de dirección en un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, tendrán que asumir que
no serán candidatos a cargos electivos en las elecciones inmediatas.
De este modo se garantiza que los Entes y Servicios del Estado sean conducidos en forma más
profesional y sin correr el riesgo de ser utilizados para impulsar una carrera política de alguno
de sus jerarcas.

Justamente, fue para evitar este tipo de riesgos o confusiones que la Constitución de la
República definió que quienes ejercen cargos en el Directorio del Banco de Previsión Social
tengan vedado ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de
gobierno desde su cese.

Los fundamentos que sustentan la solución tomada para el caso de los Directores del Banco de
Previsión Social son, hoy en día, totalmente aplicables al caso de los demás entes y servicios
del Estado.

La prohibición propuesta en este proyecto de ley constitucional busca impedir que un Director
se aproveche del cargo para construir una candidatura personal en el mismo período de
gobierno.

Es por analogía y en función de la experiencia empírica existente, que se propone modificar el
texto del artículo 201 de la Constitución a efectos de extender la prohibición actualmente
vigente para ser candidato a un cargo electivo de doce meses a todo el período de gobierno, es
decir por cinco años.

Esta solución normativa producirá efectos positivos en la conducción de los Entes y Servicios
del Estado, desterrando prácticas indeseables que tienen como resultado la afectación de la
gestión de estos organismos.

Como es obvio, la norma propuesta, en la medida que promueve una modificación del texto
constitucional por la vía del procedimiento de Ley Constitucional previsto en el artículo 331,
literal D, requiere para su aprobación de que esta sea aprobada por el voto afirmativo de dos
tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma legislatura
y además requiere que el electorado exprese su conformidad por mayoría absoluta de votos
emitidos en la convocatoria plebiscitaria correspondiente.

Pablo Mieres
Senador