Montevideo, 12 de julio de 2017

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Raúl Sendic
De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
por el que se establecen modificaciones a la normativa que regula los pedidos de
informes de los legisladores.

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. Sustitúyese el artículo 1 de la Ley No. 17.673 de 21 de julio de 2003, el
que quedará redactado de la siguiente forma: “Establécese que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, los Ministros de
Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, el Tribunal de Cuentas y los organismos a que refiere el artículo 17 de
la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990, Oficina Nacional del Servicio Civil y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dispondrán de un plazo de veinte días hábiles
para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores conforme a las
facultades que les otorgan dichos artículos. Cuando la solicitud de datos e informes se
dirija a los entes autónomos y servicios descentralizados, deberá tramitarse a través
del Ministerio con el que los mismos se vinculen por razón de materia. Cuando tenga
por destino la Presidencia de la República, fuera de los dos organismos referidos en el
inciso anterior, se tramitará a través del Ministerio del Interior”
Artículo 2º. Sustitúyese el artículo 2 de la Ley No. 17.673 de 21 de julio de 2003, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Si por la complejidad de la información
solicitada no fuera posible remitirla en el plazo referido en el artículo 1º de la presente
ley, antes de su vencimiento se deberá enviar al Presidente de la Cámara que
corresponda, con destino al legislador solicitante, informe circunstanciado sobre las
causas que impiden la remisión en plazo. A partir del vencimiento del plazo referido en
el artículo 1º de la presente ley, el organismo requerido dispondrá de un plazo de
veinte días hábiles, para dar cumplimiento al pedido. En caso de que no respondieren
en el lapso indicado, el legislador peticionante quedará habilitado para promover la
acción de acceso a la Información pública de acuerdo con lo previsto en los artículos 22
y siguientes de la Ley No. 18.381.”

Montevideo, 12 de julio de 2017

Senador Pablo Mieres

EXPOSICION DE MOTIVOS

Entre las competencias esenciales del Poder Legislativo se encuentra la facultad de
controlar la gestión de la Administración. Los tres instrumentos que los legisladores
poseen para realizar este contralor público son: los pedidos de informes, los llamados
a Sala a los Ministros de Estado y el establecimiento de las Comisiones Investigadoras.
Justamente, el artículo 118 de la Constitución de la República habilita a los legisladores
a solicitar informes a los Ministerios, Suprema Corte, Corte Electoral y otros
organismos estatales. Sin embargo, en los hechos muchas veces estos organismos no
brindan respuesta a estas solicitudes o lo hacen con una demora excesiva.
En este sentido, el constitucionalista José Korzeniak, ha dicho que el pedido de
informes es un derecho del legislador y un mecanismo para que el Parlamento y el
legislador cumplan su función. De hecho, cuando los organismos públicos requeridos,
no dan respuesta a las solicitudes que realizan los legisladores, no hacen sino impedir a
estos el cumplimiento de su función y supone una forma de alteración del equilibrio
entre los Poderes del Estado. La ausencia o extensa demora en dar respuesta a los
pedidos de informes de los legisladores, es lo que se busca corregir a través de este
proyecto de ley.

En tal sentido, el articulado propuesto busca incorporar tres modificaciones para
aumentar la eficacia del contralor legislativo a través de los pedidos de informes.
Por un lado se busca acortar los plazos que los organismos públicos poseen para
responder a los pedidos de informes de los legisladores, por otro lado se amplía el
elenco de organismos públicos que deben responder a estos pedidos de informes y en
tercer lugar se equipara el vencimiento del plazo de respuesta al pedido de informes al
vencimiento del plazo de la etapa administrativa de la solicitud de acceso a la
información.

En primer lugar, entonces, la propuesta normativa modifica los plazos contenidos en la
Ley No. 17.673 equiparándolos a los previstos en el artículo 15 de la Ley No. 18.381, de
este modo los plazos son idénticos a los que se otorgan a la Administración para
responder a las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por los
ciudadanos.

Así se evita un trato diferencial en perjuicio de los legisladores ya que, aunque parezca
curioso, todo ciudadano cuenta hoy en día con mayores instrumentos legislativos para
obtener información por parte de los organismos públicos que los instrumentos con
los que cuenta un legislador.

En segundo lugar, se amplía el elenco de organismos públicos que pueden ser objeto
de un pedido de informes por parte de los legisladores. En efecto, se toma, en este
sentido, lo propuesto por un proyecto de ley presentado por el Diputado Pablo Abdala
en noviembre de 2015 ante la Cámara de Representantes.
En dicho proyecto se incluye a la Presidencia de la República entre aquellos
organismos que deben responder pedidos de informes estableciendo que estos se
tramitarán a través del Ministerio del Interior.

Al respecto conviene recordar lo señalado por el Diputado Pablo Abdala en su
exposición de motivos, cuyos argumentos compartimos totalmente:
“El proyecto de ley que se acompaña pretende, en primer lugar, ampliar el elenco de
las entidades públicas a las cuales se puede dirigir la consulta, incluyendo a la
Presidencia de la República entre ellas. El antecedente de la Ley N° 16.134, incluyendo
a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
debe considerarse válido a los efectos del propósito enunciado, como así la
comparecencia al Poder Legislativo de la propia Presidencia de la República, inciso 02,
al Poder Legislativo, a la hora de tratarse el Presupuesto Nacional. El fundamento de
este planteo debe buscarse, además, en el hecho de que la Presidencia de la República
es un ámbito del gobierno que ha crecido exponencialmente en materia de nuevas
reparticiones y organismos que allí se han ubicado… Aunque la práctica no se estrenó
con los gobiernos del Frente Amplio, es evidente que desde el año 2005 se ha abusado
de la misma, y que hemos asistido a una concentración de poder cada vez mayor en
ese ámbito… No es saludable para el mejor funcionamiento institucional que todo eso
quede fuera del control parlamentario directo. Por esa razón, el proyecto de ley
adjunto postula, como solución, que los pedidos de informes de los legisladores
referidos a asuntos que se procesan en la Presidencia se tramiten a través del
Ministerio del Interior. A dicha Secretaría, tanto la doctrina como diversas normas
reglamentarias le asignan una competencia residual, más allá de su competencia
específica, en el ámbito del Poder Ejecutivo”.

Finalmente, el proyecto incluye en el artículo 2º la equiparación de los efectos entre el
vencimiento del plazo de respuesta al pedido de informes del legislador con el
vencimiento del plazo de la solicitud de información presentada por un ciudadano de
acuerdo a la Ley No. 18.381, estableciendo que el legislador podrá, al igual que en el
proceso de acceso a la información pública, ir directamente a la vía judicial para
obtener la respuesta solicitada.

Si bien es cierto que el legislador a quien se le niega la información puede siempre
recurrir a lo previsto en el artículo 119 de la Constitución, no es menos cierto que
puede no contar con los votos necesarios para tal convocatoria. De esa manera, en
forma indirecta, quedaría sin satisfacer su “derecho a la información como
parlamentario”, mientras que como ciudadano puede promover una acción judicial.
Es por ello que se opta por otorgar al legislador el camino de la acción judicial
equiparando el agotamiento de la vía administrativa en ambos casos.

Montevideo, 12 de julio de 2017

Senador Pablo Mieres