Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, me dirijo a Ud. a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta
por el que se asigna al Tribunal de Cuentas el cometido de estudiar las excepciones del
artículo 33 del TOCAF.

Senador Pablo Mieres

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. Encomiéndase al Tribunal de Cuentas de la República la realización de un análisis
sobre la pertinencia de las excepciones contenidas en el artículo 33 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera.
Artículo 2º. El Tribunal de Cuentas de la República deberá producir un informe en un plazo de
ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley, estableciendo qué excepciones de
las establecidas en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera deberían mantenerse.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS.

De acuerdo con la obra del Dr. Enrique Sayagués Laso, “La Licitación Pública”, la normativa
vinculada con las compras del Estado es de diciembre de 1935.
En esa fecha el Parlamento aprobó una ley que uniformizó las disposiciones vigentes sobre
licitaciones públicas, puesto que estas normas estaban dispersas en diferentes leyes y
decretos. 1
La Ley N° 9.542 del 31 de diciembre de 1935 estableció la obligatoriedad de la licitación pública
para “toda obra o inversión de fondos que exceda de quinientos pesos”; estableciendo los
casos en que se podía prescindir de la licitación. Estas excepciones eran: (a) suministros de
productos amparados en privilegios, (b) suministros de productos poseídos sólo por una
persona o entidad comercial, (c) adquisiciones o servicios que provengan directamente del
Estado, (d) casos de urgencia y (e) compra de obras científicas o de arte.
Desde el año 1935 a la fecha, las excepciones al procedimiento de la licitación pública fueron
en aumento, al punto que debió sustituirse el listado de excepciones establecido en literales
por uno numérico, habida cuenta de que los casos de excepción superaban las letras del
alfabeto.
En palabras del Dr. José Luis Echevarría Petit: “uno de los aspectos que se advierte claramente
cuando se analiza la evolución de las normas sobre contratación administrativa de los últimos
tiempos en el Uruguay, es la continua tendencia a flexibilizar el control de las administraciones
que administran fondos públicos (tanto estatales como paraestatales) (…) Todas estas
recientes normas de contratación administrativa tienden al menor control de las compras del
Estado, y por tanto al manejo de fondos públicos, generando campos fértiles para la
corrupción, lo que es totalmente incompatible con un intento de elevar los niveles de ética
pública en la contratación administrativa. 2
Por otra parte, es cierto que la licitación pública puede admitirse como un requisito implícito e
inherente a la gestión de la cosa pública, pero sin olvidar que no es posible sostener
genéricamente que la licitación sea el único o el mejor sistema pues “tratándose de la variada
gama de nuevos contratos o acuerdos que celebra la administración moderna, la licitación
carecerá, en general, de posibilidades de aplicación, ya que en ciertos casos, la contratación o
la naturaleza misma del acuerdo o su objeto, excluyen la aplicabilidad de todo procedimiento
licitatorio” 3
Algo similar señalaba el Maestro Enrique Sayagués Laso en la obra citada: “existe en
determinados casos verdadera imposibilidad de proceder por licitación (…) hay obras e
inversiones de fondos que por imposibilidad legal, de naturaleza o de hecho, no pueden ser
licitadas (…)”.

1 SAYAGUES LASO, ENRIQUE: “La Licitación Publica” p. 23
2 ECHEVERRIA PETIT, José Luis: “Ética y Corrupción en la Contratación Pública” p. 306
3 SILVA CENCIO, Jorge A.: “Apuntes sobre el presente y futuro de la licitación pública” en Autores Varios,
, Primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Contratos
públicos, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza, Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Mendoza, 1980, p. 239

De todas maneras, los principales especialistas en Derecho Administrativo asumen que el
mecanismo competitivo y, en particular la licitación, debe ser la regla y no la excepción.
En virtud de ello y asumiendo que el elenco de excepciones al mecanismo de la licitación en
nuestro país ha aumentado en forma exorbitada, entendemos que es el momento de analizar
las sucesivas y numerosas excepciones previstas en el artículo 33 del TOCAF, a los efectos de
recuperar el equilibrio sobre el principio de que la licitación es la regla y no la excepción.
Esta tarea que se promueve a través del presente proyecto de ley implica la determinación de
los criterios técnicos que determinan las excepciones y a partir de esos criterios redefinir el
elenco de excepciones del artículo 33 del TOCAF.
En virtud de lo establecido por los artículos 210, 211 y 213 de la Constitución de la República,
resulta evidente que es el Tribunal de Cuentas de la República, organismo de contralor y con
jerarquía superior sin subordinación a ningún ámbito de la Administración, el que debe asumir
la tarea señalada.

Montevideo, 10 de noviembre de 2017

Pablo Mieres
Senador