Discurso Del Ministro Pablo Mieres Brindado En La Torre Ejecutiva Por El Día De Los Trabajadores

Discurso del ministro Pablo Mieres brindado en la Torre Ejecutiva por el Día de los Trabajadores

Buenas noches.

En nombre del Gobierno Nacional y de todo el equipo del ministerio de trabajo y seguridad social, hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

A los hombres y mujeres de todas las condiciones sociales que día a día aportan su esfuerzo, sus conocimientos y su talento para la construcción de una sociedad más próspera, más solidaria y más justa.

Saludamos, también, al movimiento sindical que conmemora este día y trasmite su mensaje a sus integrantes y a la ciudadanía, como es propio de nuestra democracia.

En particular, recordamos que hoy se cumplen 40 años del acto del 1° de mayo de 1983, que fue el primer acto de masas desde el golpe de estado de 1973 y que marcó el proceso de recuperación democrática que, durante aquel año tan significativo, se consolidaría definitivamente.

Como en cada 1 de mayo, vamos a repasar lo transitado en el último año en los diferentes aspectos que refieren a la realidad de los trabajadores de nuestro país, así como la realidad actual que vivimos y los desafíos que tenemos por delante.

En materia de empleo, los datos recientes indican que la tasa de empleo se ubicó durante 2022 en el 57.1%, cifra más alta que la registrada en 2019 y similar al año 2018.

Por su parte, el desempleo se ubica actualmente en el entorno del 8% con oscilaciones menores. Ello indica que está hoy alrededor de un punto por debajo de 2019 y casi dos puntos y medio por debajo de febrero de 2020.

A su vez, con respecto a 2021 se muestra una mejora en todos los indicadores de empleo, tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo y de desempleo.

Por su parte, en marzo de este año el número de trabajadores en seguro de paro es de 44.600. Esta cifra es menor a los promedios registrados en los últimos cuatro años.

Por otra parte, en estos tres años de gobierno se ha reducido de manera importante la cantidad de trabajadores informales, bajando de un 25% promedio en el período 2015 a 2019 para ubicarse en 21% durante 2022 y alcanzando en marzo de 2023 al 20%.

Esto indica que, habida cuenta de que se ha recuperado la cantidad de trabajadores activos, la formalidad ha consolidado un crecimiento estable en nuestra realidad laboral, lo que nos alegra mucho porque significa que una mayor proporción de trabajadores ha accedido a las correspondientes protecciones, derechos y beneficios que incluye la formalidad.

Un indicador directamente relacionado que confirma esta tendencia es el número de personas cotizantes al bps.

El promedio de aportantes al bps durante 2022 fue de 1.276.000 lo que representa 50 mil más que en 2021 y 73 mil más que el promedio de aportantes en el quinquenio 2015-19.

Muy probablemente esto se deba a la importancia que tuvo para los trabajadores formales, los mecanismos de protección que se desplegaron durante la pandemia, lo que llevó a valorar en mayor grado la formalidad laboral.

Por este camino pretendemos seguir avanzando.

A su vez, cuando comparamos los datos de empleo por género, podemos afirmar que las brechas tanto en las tasas de empleo como de desempleo se han reducido.

La brecha en la tasa de empleo entre hombres y mujeres se redujo del 2019 al 2022 de 15.9% a 15.5%

Y la brecha en la tasa de desempleo, en el mismo período, bajó de 3.4% a 2.1%, es decir 1.3% menos que en 2019.

¿esto significa que estemos satisfechos? No.

Estamos contentos con la tendencia de recuperación del empleo, pero no satisfechos.

Porque la realidad previa a la pandemia era mala.

La tendencia al deterioro del empleo se había instalado en nuestro país desde el año 2015 en adelante y, por lo tanto, los números en 2019 eran claramente insatisfactorios.

Tenemos claro que mucha gente sigue teniendo problemas de empleo y que es necesario seguir impulsando su crecimiento.

Tenemos, entonces, importantes desafíos por delante.

En primer lugar, tenemos que seguir trabajando en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, tanto en materia de género como de edad, educación, región y nivel socio económico, así como también de situaciones de discapacidad.

En este sentido, está vigente desde fines de 2021, la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Aprobada por unanimidad en el parlamento, que promueve la contratación mediante el incentivo de un subsidio a aquellos empleadores que contraten jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Seguimos trabajando para que este instrumento de inclusión laboral sea efectivamente más utilizado permitiendo de ese modo que más trabajadores vulnerables puedan acceder al empleo.

Por otro lado, estamos avanzando en incorporar modificaciones a la normativa vigente que promueve el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

Esta tarea, que estamos realizando junto al mides, se concretará en las próximas semanas en un proyecto de ley que buscará facilitar los procesos y ampliar las posibilidades de que las personas con discapacidad accedan al trabajo, superando la situación actual en la que, si bien existen cuotas legalmente establecidas desde hace años, estamos muy lejos de que se cumplan, tanto en el sector público como en el privado.

En materia de salarios, la pandemia, como ocurrió en el mundo entero, afectó el poder adquisitivo del salario, tanto público como privado.

Desde entonces se afirmó el compromiso de este gobierno con respecto a la efectiva recuperación del poder adquisitivo del salario.

Hoy ratificamos con total convicción la vigencia plena de ese compromiso.

De hecho, el año pasado el gobierno firmó un convenio colectivo con los sindicatos de los trabajadores públicos que estableció un cronograma de recuperación salarial que se está cumpliendo.

En el caso del sector privado la situación es heterogénea, puesto que existen sectores de actividad que no han sufrido caída de su poder adquisitivo, mientras que en la mayoría de los casos se ha producido un deterioro del salario real.

Conviene señalar que, ya durante el año 2022, se produjo una recuperación parcial de los salarios privados, pero será en el marco de la próxima ronda de consejo de salarios, que tendrá lugar a partir de julio de este año, que se impulsará desde el gobierno, la búsqueda de acuerdos que permitan la recuperación definitiva del salario.

De todos modos, es necesario señalar, además, que, como efecto de la rebaja de impuestos establecida por el gobierno, a partir de este mes 345 mil trabajadores tendrán un aumento de ingresos salariales como resultado de la exoneración del IRPF o la rebaja de la correspondiente tasa de ese impuesto, sin contar a 170 mil jubilados y otros 35 mil micro y pequeños empresarios (que también son trabajadores) que recibirán una rebaja impositiva que también se traduce en una mejora de sus ingresos mensuales.

Por otra parte, todos los trabajadores que están pagando sus préstamos de vivienda bajo la modalidad cooperativa están recibiendo una importante rebaja en la cuota por concepto de la reducción de la tasa de interés de sus préstamos.

Todas estas señales son expresiones inequívocas de la ratificación del compromiso de este gobierno con la recuperación del poder adquisitivo del salario.

A ello seguiremos dedicando nuestra atención y esfuerzo.

Conviene destacar que, en todo este tiempo, desde el ministerio de trabajo se ha mantenido una constante e inclaudicable actitud de diálogo y disposición a acompañar con intensidad los procesos de búsqueda de acuerdos ante los diferentes conflictos que lógicamente se suscitan en una sociedad democrática y plural.

En tal sentido, ratificamos nuestro compromiso de impulsar un proceso de diálogo con trabajadores y empleadores con la misma ecuanimidad y equilibrio con que hemos actuado hasta ahora.

Sepan que, de parte de este ministerio, cuantas más diferencias existan, mayor será la disponibilidad de diálogo y apertura a la búsqueda de soluciones.

A su vez, estamos trabajando para incorporar aquellas modificaciones en los procesos de negociación colectiva que fortalezcan y modernicen estas instancias.

Reafirmamos nuevamente la necesidad de llevar adelante un programa de modernización de las relaciones laborales que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones, guiados por la consigna de “ganar-ganar”.

Esto requiere de la creación de un clima de confianza recíproca y de la credibilidad en el proceso de negociación; para pasar de la lógica de una pulseada en términos de juegos de todo o nada, a la construcción de un clima en el que el resultado implique beneficios recíprocos.

También se requiere avanzar en la regulación de los procesos que, sin mengua de la negociación colectiva, proteja los derechos y las realidades de las empresas y los sindicatos más débiles, evitando que los acuerdos generales afecten a los emprendimientos o a los trabajadores más débiles.

En este sentido, a los efectos de fortalecer los ámbitos de negociación y dotar de mayores garantías a las partes, el parlamento, a iniciativa de este ministerio, ha aprobado la ley de personería jurídica de las organizaciones gremiales y, también, está por aprobar modificaciones a la ley de negociación colectiva para ajustarla a las normativas generales de la organización internacional del trabajo.

Dos instrumentos normativos que permiten avanzar en la modernización de la negociación colectiva.

Con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores, conviene recordar que a fines del año pasado dictamos un decreto que extiende a todos los lugares de trabajo la necesidad de contar con un análisis y monitoreo de la salud laboral lo que permitirá impulsar las medidas de prevención y corrección que correspondan para garantizar la salud laboral de los trabajadores.

En la misma dirección, señalamos que, en nuestro país, durante los últimos años ha habido un proceso continuo y significativo de reducción de los accidentes de trabajo.

De hecho, desde 2014 a 2021 se han reducido los accidentes de trabajo en un 30%, pasando de alrededor de 55 mil a 39 mil por año.

La tendencia a la reducción de los accidentes laborales continúa avanzando con una reducción de 7% en los últimos dos años.

De modo que, si tomamos en cuenta la reducción de la informalidad señalada antes, sumada a la reducción de los accidentes de trabajo, estamos configurando, en estos tres años, una situación de mejora relevante de las condiciones referidas a la calidad del empleo.

Por otra parte, con el apoyo de OIT, seguimos avanzando en la creación de un sistema de información sobre el mercado laboral, para mejorar sustancialmente la información disponible sobre las tendencias del mercado de trabajo mediante la articulación entre todas las instituciones del estado y de la sociedad civil para contar con un diagnóstico más completo, así como para detectar las tendencias futuras del trabajo.

Esto permitirá mejorar también la política de capacitación laboral dirigida tanto a aquellos trabajadores en situación de desempleo como para aquellos que están buscando otras oportunidades laborales.

Es esencial que la política de capacitación laboral sea efectiva. Esto significa que las acciones de capacitación tengan un nivel alto de correlato en la efectiva reinserción laboral de aquellos trabajadores que reciben la capacitación.

Finalmente, es ineludible hacer una referencia a la reciente aprobación de la ley de reforma de la seguridad social.

La dimensión de una gestión de gobierno se mide por su capacidad de tomar decisiones con mirada larga y pensando en las nuevas generaciones, sin reparar en el cálculo pequeño o de corto plazo.

Esta es una reforma necesaria, responsable, que promueve la equidad y que se hace con tiempo sin afectar de manera abrupta y repentina a nadie.

Esta reforma que acaba de aprobarse permite a nuestro país encarar el futuro con responsabilidad, con el objetivo de que las jubilaciones y pensiones dejen de tener un peso cada vez mayor en el gasto del estado.

La normativa aprobada permite garantizar que el gasto del estado no se consuma cada vez más en el pago de las jubilaciones y pensiones futuras, permitiendo que los recursos públicos puedan destinarse a otras prioridades fundamentales como es la reducción de la pobreza infantil.

Es una reforma que promueve la equidad porque al incluir un complemento solidario va a garantizar que las jubilaciones más bajas, con el nuevo régimen, sean mejores que las actuales. Y las jubilaciones medias y más altas también serán o iguales o mejores que las actuales.

Es una reforma que promueve la equidad porque a partir de su aprobación los jubilados del bps podrán tener derecho a cobrar su jubilación y mantener otra actividad laboral. No como ahora que si se jubilan tienen prohibido trabajar en otro lado, lo que lleva al trabajo en negro.

A partir de esta reforma todos los jubilados que deseen tener otra actividad laboral aportando por ella, lo podrán hacer.

Es una reforma de equidad, porque en un plazo razonable todos los subsistemas previsionales van a converger en reglas de juego similares lo que termina con una injusticia que ha existido desde siempre.

Y es una reforma gradual que incorpora cambios con tiempo, que no modifica las reglas de juego a las personas de 50 y más años.

Y que a los menores de 50 años les representará tener que jubilarse más tarde, de manera gradual hasta los 65 años, pero garantizando que el nuevo régimen tendrá prestaciones similares o mayores que las actuales.

No es cierto que esta reforma se carga sobre las espaldas de los trabajadores. Ninguna de las prestaciones o condiciones actuales se modifican, ni el porcentaje de aportes mensuales a la seguridad social (15%), ni los años de aportes que hay que sumar para jubilarse (30 años).

Al contrario, esta es una reforma pensada para que los trabajadores más jóvenes tengan garantizadas sus jubilaciones, con montos iguales o mejores que los actuales.

Se hace a la uruguaya, sin apuros, gradualmente, sin cambios repentinos.

Y termino haciendo una mención a los trabajadores rurales, cuyo día se celebró ayer. Con respecto a ellos queremos señalar que la reforma de la seguridad social incluyó a estos trabajadores y a los trabajadores de la construcción en una situación especial de jubilación anticipada, es decir que, dada la naturaleza más dura de sus actividades, podrán jubilarse a los 60 años.

Estamos convencidos de que esta reforma marcará los lineamientos de las próximas décadas de nuestro régimen de seguridad social.

Mucho se ha hecho y, como siempre, mucho queda por hacer.

Pero pueden estar seguros de que, este gobierno, seguirá trabajando con intensidad en la búsqueda de las mejores soluciones para seguir avanzando en una realidad de mayor bienestar y protección de los derechos de todos los trabajadores uruguayos

También pueden estar seguros de que seguiremos generando, en forma permanente, ideas y medidas para dar respuesta a las realidades de todos los trabajadores y empleadores de nuestro país. En particular y muy especialmente para los más débiles y vulnerables

Les deseamos a todos un 1º de mayo de reafirmación y esperanza.

Azerbaiyán y Armenia

Sobre el conflicto Azerbaiyán – Armenia. Declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente

Ante los recientes ataques por parte de Azerbaiyán al territorio armenio, que representan una agudización del histórico conflicto en el Cáucaso Sur, que interrumpen los acuerdos de cese del fuego, y que vuelven a postergar la necesidad de una Paz consolidada en la región, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente:

  • Expresa su solidaridad con el pueblo armenio y con la colectividad armenia de nuestro país y su enérgico repudio a las agresiones reiteradas por parte del gobierno de Azerbaiyán en contra de la República de Armenia que vulneran su integridad territorial y pretenden debilitar la vocación histórica de independencia y soberanía en los territorios de la nación armenia.
  • Lamenta la pérdida de centenares de vidas humanas como consecuencia de la agresión. En particular, el ataque y la invasión al territorio armenio, violatorios del Derecho Internacional y de los acuerdos previos de cese de hostilidades.
  • Exhorta al inmediato cese del fuego y a retomar las negociaciones diplomáticas tendientes al reconocimiento mutuo de soberanía con base en el Derecho Internacional y en el anclaje histórico de estos territorios y de los países en conflicto.
35 años del Instituto Nacional de las Mujeres

Saludo del PI a INMUJERES en su 35º aniversario

Montevideo, lunes 22 de agosto de 2022        

La Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente y la Comisión de Mujeres del PI saluda al Instituto Nacional de las Mujeres en su 35º aniversario.

En este nuevo aniversario reafirmamos una vez más nuestro compromiso con el pleno goce de los derechos de las mujeres, el combate a la violencia de género, el impulso a la autonomía económica, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y al trabajo, y abogamos por incrementar la participación social y política de las mujeres uruguayas.       

Creado en 1987, en el primer gobierno post dictadura al impulso de la Dra. Adela Reta en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y desarrollado por los sucesivos gobiernos democráticos hasta ubicarse en el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres constituye un muy buen ejemplo de continuidad de políticas públicas de estado que caracteriza y enaltece al funcionamiento democrático del país.

Para el Partido Independiente es un honor que en este 35º aniversario el instituto esté presidido por nuestra compañera, Mónica Bottero, persona comprometida y de larga trayectoria en la lucha por el derecho de las mujeres. A ella los independientes felicitamos por la gestión llevada adelante y le reiteramos nuestro compromiso y apoyo a los desafíos presentes y futuros.

Finalmente, queremos hacer extensivo este saludo a todas las directoras, trabajadores y trabajadoras del Instituto, que a lo largo de estos 35 años de labor han desarrollado y profundizado esta herramienta de política pública al servicio de las mujeres uruguayas y de nuestra democracia.

Imagen ilustrativa de campo

El verdadero desafío de la política de tierras y el Instituto de Colonización

Por el Grupo Técnico de Agro del Partido Independiente, formado por el técnico rural Miguel Jiménez de Aréchaga y los ingenieros agrónomos Carlos Sammarco, Carlos Mas, Álvaro Ramos y Alfredo Mandl.

En las últimas semanas el tema del Instituto Nacional de Colonización (INC) ha emergido en la agenda de discusión pública una vez más, principalmente por un pedido de auditoría externa de la gestión de los últimos 10 años (derecho legítimo para cualquier nueva administración), que ya se encuentra en curso. Habrá que esperar los resultados de la mencionada auditoría, pero, en cualquiera de las hipótesis imaginables, la misma no arrojará luz estratégica que permita repensar la política de colonización ni el accionar del Instituto, pues su objetivo es diferente. También es factible que en las próximas semanas surja otro debate sobre los recursos que debería asignar la nueva Rendición de Cuentas al INC y a la política de colonización.

Cabe recordar que en la Rendición de Cuentas del año pasado se reasignaron a otros fines recursos previstos para la compra de tierras por parte del INC y se destinaron recursos especiales para subsidiar las tasas de interés (tasa cero) de créditos para inversiones que pudieran demandar los colonos. El Poder Ejecutivo ha definido que no se asignarán más recursos al INC con destino a la compra de tierras y su posterior entrega a nuevos colonos. Seguramente, desde la oposición se reitere el planteamiento de continuar distribuyendo tierras como se venía realizando hasta el año 2019  y como se culminó, hasta agotar la cartera disponible, durante el año 2020 y el 2021.

Para resolver sobre el presente y futuro del INC y la política de tierras, es preciso discutir el tema a fondo utilizando una metodología apropiada que posibilite establecer los resultados alcanzados (evaluación  de impacto) por las unidades productivas de los colonos durante la última década. Complementariamente, diseñar y proponer lastransformaciones que debería tener el Instituto, para aplicar recursos con eficiencia en un nuevo rol, actualizado al dinámico desarrollo agropecuario que muestra el país y a los modernos y exigentes requisitos de funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. Las acciones propias a evaluar del instituto en el cumplimiento de sus funciones comprenden los criterios de selección de colonos, la definición de escala de las unidades productivas asignadas, el apoyo a las inversiones requeridas para la evolución e intensificación productiva, la transferencia tecnológica para impulsar modelos productivos que aseguraran sustentabilidad económica de los colonos.

Hace varios años, primero el ingeniero agrónomo Rodolfo Irigoyen y más recientemente el economista Pablo Roselli, plantearon la necesidad de revisar con cabeza abierta, con un anclaje en la modernidad, la pertinencia del Instituto y su política. Un reclamo de estudiar la realidad con rigor y tomar decisiones como sociedad en base al análisis de la misma. No parece ser éste el camino que hoy se está proponiendo y esto resulta preocupante.

Como cualquier actividad que demanda recursos públicos y en este caso desde hace varios años, -el INC canaliza una importante magnitud de ellos a la compra y asignación de tierras a productores colonos en régimen de arrendamiento subsidiado sin límite de tiempo-, el instituto debería ser juzgado en primer término en función del impacto de sus acciones para cumplir objetivos precisos. Esto es, en qué medida los beneficiarios de las tierras recibidas han alcanzado una explotación de las mismas acorde con su potencial productivo, en un marco de sustentabilidad económica para las familias directamente involucradas. Dicho de otra forma, responder a la pregunta si el universo de colonos y sus familias ha sido en los últimos años un actor dinámico acompañando el desarrollo tecnológico-productivo del agro uruguayo y los cambios operados en los modelos de negocios del mismo. Seguramente se podrán identificar situaciones diversas, pero es necesario analizar en profundidad la situación económica, social, productiva y comercial de estos productores colonos y ponerle números para llegar a conclusiones ciertas.

Parece fuera de toda lógica discutir sobre el presupuesto del INC o sobre su destino y eventuales cambios a su accionar institucional, sin poner en blanco y negro una evaluación de impacto de sus acciones e instrumentos utilizados. Comparar los resultados obtenidos por sus colonos con los de otros productores con dotación similar de recursos en calidad y cantidad, o con el ingreso percibido por trabajadores del agro que cumplen tareas en diferentes servicios. Esto permitiría discernir sobre si la inmovilización de significativos recursos en tierras se justifica a efectos de garantizar empleo y cierto nivel de ingresos a productores colonos o si sería más conveniente utilizar dichos recursos, o al menos parte de los mismos, a la capacitación de trabajadores y/o productores, u otras opciones que podrían generarles mejores oportunidades de trabajo. 

Con los resultados a la vista de dicha evaluación, el análisis debería complementarse con un examen de la pertinencia de una política de tierras debidamente inserta en la realidad actual en un sector agropecuario que ha experimentado transformaciones significativas y que requiere mantener su dinámica competitiva. 

Expresada en forma concisa, ésta ha sido la propuesta presentada por el Partido Independiente a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En el sector agropecuario, sin duda heterogéneo, no basta sostener la vocación de apoyo al pequeño productor en términos genéricos, sino reconocerlo vinculado a  cadenas productivas con necesidades específicas respecto al factor tierra, debido a las condiciones de competencia por la misma y también por su capacidad productiva asociada a la escala de producción.  Esto podría conducir a criterios de priorización de asignación de tierras en alguna  cadena productiva en donde el impacto esperado podría ser superior a otras opciones.

Más aún, para debatir sobre el presente y no sobre decisiones adoptadas hace más 70 años con la creación del instituto en un contexto agropecuario tan diferente al actual, es preciso que el INC sea analizado en un escenario en el que se encuentran en implementación otras herramientas de acceso a la tierra como los fideicomisos y créditos bancarios de largo plazo,  que muestran indudables atributos  y quizás también alguna limitación, para resolver el acceso al recurso y su explotación en las condiciones de mayor eficiencia, contemplando la sustentabilidad de los recursos naturales involucrados.

Sin realizar una evaluación con estos alcances, la continuidad del instituto sería para hacer “más de lo mismo” respecto a lo realizado en la última década o peor aún, “peor de lo mismo”, lo cual también es posible. 

Por este motivo es que como integrantes del grupo técnico de Agro del Partido Independiente,  miembro de la Coalición de Gobierno actual, preocupa que no se vea este desafío central, y se propongan otras acciones que no van al corazón del problema, más bien lo soslayan, y congelan al Instituto de Colonización como una institución anticuada que hay que seguir alimentando, aunque sea apelando a su función de arraigar gente en el campo, algo propio de los tiempos de su creación y completamente alejado de la realidad agropecuaria del presente.

¿Cómo encarar este análisis o evaluación de impacto que permita construir una política integral y eficiente con un INC actualizado de cara a la ya iniciada segunda década del siglo XXI? Parece ineludible que los organismos competentes, el MGAP y el INC, instrumenten un estudio en profundidad con apoyo de alta especialización, quizás apelando a la ayuda técnica y financiera de organismos internacionales, de manera que en algunos meses y con la información necesaria, posibilite al Gobierno de Coalición actuar en consonancia con el “Compromiso con el País”. En dicho documento se establecía explícitamente el propósito de abordar “la adecuación del INC a la actual realidad (agropecuaria)”. Han transcurrido ya más de dos años de gestión del Gobierno de Coalición y el camino no se ha iniciado, los tiempos apremian y debe quedar muy claro que cambios superficiales no brindarán las soluciones necesarias.

Bandera de Ucrania

La Invasión a Ucrania. Declaración Del Partido Independiente

El Partido Independiente del Uruguay condena la agresión militar rusa, se solidariza con la lucha del pueblo ucraniano por su independencia y su libertad, y respalda plenamente la posición asumida por el gobierno de la República sobre el tema.

El PI toma nota con tristeza y lamenta que las negociaciones bilaterales para evitar una escalada militar en Ucrania hayan fracasado estrepitosamente, como era de prever.

El presidente ruso Vladimir Putin ha utilizado su poderío militar y la burda excusa de “desnazificar” Ucrania para agredir al pueblo y a su presidente electo democráticamente Volodymir Zelenski, un ciudadano judío.

Hubiera sido de esperar que 77 años después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas las potencias militares habrían aprendido e incorporado ciertas lecciones. Entre ellas, que la ley del más fuerte y la violencia no son mecanismos idóneos para mantener la paz mundial y constituyen un atentado al derecho internacional y a los principios de la Organización.

La lamentable iniciativa rusa, y sus aún desconocidas consecuencias, dejan en evidencia una vez más la urgente necesidad de volver al multilateralismo para encontrar soluciones a los problemas que afectan a la humanidad en el siglo XXI.

Bandera de Chile

Elecciones en Chile. Declaración del Partido Independiente

El Partido Independiente del Uruguay saluda al presidente electo de Chile Gabriel Boric y lo felicita por el amplio triunfo logrado.

El presidente electo se ha comprometido a fortalecer y profundizar la democracia, fomentar un desarrollo económico con cohesión social que beneficie a los sectores populares. Ha anunciado que en su gobierno se respetarán los derechos humanos, las libertades individuales y la plena libertad de expresión. Se ha comprometido a mejorar la educación y la salud de los más pobres, a no retroceder en los avances logrados por las mujeres y las minorías, y a procurar una nueva relación con los pueblos originarios.

El Partido Independiente del Uruguay comparte plenamente esta declaración de propósitos y desea que la gestión del nuevo gobierno de Chile pueda cumplir con tales objetivos, en tanto pone el énfasis en una serie de principios que son necesarios e inseparables en un régimen democrático.