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Mujeres: promover la salud mental, prevenir el acoso sexual y controlar la violencia en las redes sociales

Un conversatorio sobre la salud mental de las mujeres y uso de psicofármacos, una guía para que las organizaciones construyan sus protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual y un programa para medir la violencia que viven las mujeres en las redes sociales son tres de las principales actividades del mes de junio en las que estuvo involucrada el Instituto Nacional de las Mujeres, junto a otros organismos e instituciones.

GUÍA CONTRA ACOSO SEXUAL

El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) presentó junto a InMujeres, CUDECOOP y ONU Mujeres una guía para la construcción de protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual en las organizaciones, que implica un gran avance como herramienta para la identificación de estas situaciones, así como información de la normativa vigente.

En el acto, que se realizó el martes 7, se destacó la necesidad de continuar con el trabajo interinstitucional en espacios de decisión, así como la necesidad de apropiación de estos materiales en las cooperativas. También la necesidad de continuar profundizando estas iniciativas que buscan asegurar la igualdad sustantiva entre mujeres y varones, y por lo tanto, apuntan al cambio cultural.

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Andrés Carrasco, vicepresidente de INACOOP, mencionó las acciones que viene realizando el instituto en relación a la temática: “para la elaboración de esta guía tomamos como trabajo previo la consultoría que se realizó por parte de ONU Mujeres a través del Programa Ganar-Ganar, que contó con la participación de InMujeres”, explicó.

SALUD MENTAL Y PSICOFÁRMACOS

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el miércoles 8 en el salón de actos de la Torre Ejecutiva se realizó el conversatorio “Salud mental de las mujeres y uso de psicofármacos”, organizado por InMujeres y la Secretaría Nacional de Drogas, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y ASSE.

Según datos de ASSE, el 62% de las consultas en el área de salud mental, son mujeres. Jimena Píriz, psicóloga y subdirectora de Salud Mental de ASSE, informó sobre el alcance de la línea de apoyo emocional, que comenzó en la pandemia y se sostiene como política. “La línea ha recibido unas 51.800 llamadas, de ellas el 70% fueron realizadas por mujeres”.

“Más allá de las causas biológicas, la sobrecarga de responsabilidades que recaen socialmente en las mujeres afecta nuestra salud mental”, expresó la directora de InMujeres Mónica Bottero durante su presentación.

Por su parte el titular de la Secretaría Nacional de Drogas Daniel Radío expresó que son propósitos de la Junta Nacional de Drogas (JND) continuar con las tareas de sensibilización de la población sobre los derechos de usuarios de la salud y promocionar instancias de diálogo con la sociedad civil e instituciones públicas y privadas que ejecutan programas sobre consumo problemático de sustancias psicoactivas.

En ese sentido, destacó la planificación con InMujeres de acciones de capacitación del personal técnico y no técnico de ambos organismos y sostuvo que se incorporará a ese ámbito al Copolad 3, línea de cooperación entre la Unión Europea y América Latina destinado a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas.

La charla puede verse completa en el canal de Youtube Inmujeres MIDES

Salud Mental Mujeres y psicofármacos

VIOLENCIA EN LAS REDES SOCIALES

La Embajada de Gran Bretaña en Uruguay y PNUD, la agencia de desarrollo de la ONU, firmaron el martes 14 un acuerdo de cooperación con InMujeres, que se reflejará en el desarrollo de un programa de medición sobre la violencia que viven en sus redes sociales las mujeres que desarrollan actividades con exposición pública. Para la medición se seleccionaron 285 referentes de la cultura, la política y la comunicación, entre otras disciplinas.

La directora de InMujeres Mónica Bottero destacó el apoyo de ambas instituciones en la construcción de esta herramienta “que permitirá visibilizar y reconocer la violencia digital que sufren las mujeres en redes sociales, que muchas veces no se identifica como tal”.

Por su parte el representante de PNUD Uruguay Stefan Liller destacó el trabajo articulado que representa la existencia de esta herramienta de medición, que impactará directamente en la mejora de las políticas públicas de igualdad.

Acuerdo PNUD - InMujeres - Embajada Britanica
Marcel Vaillant - crédito foto La Mañana

Marcel Vaillant: Desatando nudos en la inserción internacional del Uruguay

“Hay una agenda nacional de Uruguay en materia de política comercial que debemos definir y ejecutar `desde ayer`”, enfatizó el experto en economía Marcel Vaillant al ser entrevistado para La Opinión Independiente. “Sin embargo, la lentitud en afrontarla es enorme”, agregó el Doctor en Economía por la Universidad de Antwerp (Bélgica) y profesor grado 5 de Comercio Internacional e Integración Económica en la Universidad de la República.

En diálogo con Philippe Sauval, coordinador general del newsletter del Partido Independiente, Vaillant analizó la política comercial del Uruguay dentro y fuera del Mercosur, señalando “una larga lista de iniciativas a promover” para “limpiar nuestra política comercial de instrumentos que son anacrónicos”.

En recientes intervenciones señalaste que el problema de la inserción internacional del Uruguay no solo está referido a recuperar la autonomía en la capacidad de suscribir acuerdos comerciales con terceros. ¿Podrías darnos ejemplos de lo que estamos necesitando?

Uruguay tiene una reforma comercial pendiente. Su nivel de apertura comercial es muy bajo: el total de las exportaciones más las importaciones representa el 40% del Producto Bruto Interno (PBI).

Considerado el tamaño del mercado del país y su nivel de desarrollo relativo, (el total de las exportaciones más las importaciones) debería estar en el doble, un 80%. Esto muestra que estamos en una región cerrada al comercio internacional. Tanto en Brasil como en Argentina sigue predominando un status quo muy proteccionista. El desempeño del MERCOSUR es un sub producto de esta situación. En particular, el atarse las manos en las relaciones con terceros países fuera del bloque es un componente de este equilibrio proteccionista. Es evidente que esta situación nos ha afectado y que es un asunto que debemos procurar cambiar. O debería decir, más bien, gestionar. En los equilibrios políticos proteccionistas de nuestros vecinos no hay expectativas razonables de aguardar cambios, al menos a un ritmo razonable. Este status quo ha resistido varios cambios de gobierno. Podrán ocurrir impulsos puntuales que se deberán detectar y aprovechar. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el actual gobierno de Brasil, que instaló en su agenda la reforma comercial. Del mismo modo, el camino que está haciendo Brasil para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De todas formas, creo que el equilibrio proteccionista resiste y va a durar. Entonces, ¿Cómo lograr niveles crecientes de apertura comercial de Uruguay que no impliquen una amenaza a nuestros vecinos? Ese es el complejo desafío que debemos gestionar. Está claro que no es fácil, dado que hay que avanzar hacia afuera sin retroceder en la región. El primer escalón de la apertura comercial es regional; debemos seguir comprando y vendiendo bienes y servicios en la región. Entre otros motivos, para hacer lo mismo fuera de ella.

Sin embargo, no es lo único que hay que hacer. Hay una larga lista de acciones unilaterales que es posible implementar y que no dependen de las decisiones de los otros, ni dentro ni fuera de la región. Por cierto, una reforma comercial que promueva una mayor internacionalización de la economía está alineada uno a uno con las reformas microeconómicas necesarias para dinamizar la evolución de la productividad, que es el motor final del crecimiento económico. La relevancia de la inserción internacional radica en que es el mecanismo fundamental de la transformación productiva y del crecimiento económico. Es esta una de las misiones centrales del Ministerio de Economía, además de los asuntos de la Hacienda Pública.

¿Cuáles serían los otros componentes de esta reforma comercial?

Está bueno focalizarse primero en aquellas acciones de política comercial que dependen de decisiones propias y donde el acuerdo regional no constituye un obstáculo.

Hay que destacar que, desde hace varios años, con algunos colegas, repetimos que hay cuatro acuerdos de tipo plurilateral que son necesarios suscribir: Acuerdo sobre Tecnología de la Información (OMC)[1]; Acuerdo de Compras gubernamentales (OMC)[2]; Tratado de cooperación de patentes (OMPI)[3] ; el Convenio de Kyoto Revisado (CKR) de la OMA [4]. Son acuerdos que sólo hay que suscribir, nada que negociar y todos ellos implican internalizar buenas disciplinas. También nos van moldeando institucionalmente de forma de poder aplicar las mejores prácticas en cada asunto. Debemos por cierto estar atentos y acompañar toda iniciativa plurilateral relacionada al sector servicios que impliquen niveles crecientes de liberalización dado que estos cambios están alineados con nuestra modalidad de especialización comercial.

¿En qué otro frente considerás posible tomar acciones unilaterales en materia de política comercial?

Hay una larga lista de iniciativas a promover que implican “limpiar” nuestra política comercial de instrumentos que son anacrónicos, constituyen barreras no arancelarias de alta definición que aún no se han podido remover. Te doy tres ejemplos:

  • Uno es la tasa consular que se aplica sobre la casi totalidad los productos importados y además de forma discriminatoria por origen. Un 0% con México, 3% con el Mercosur y 5% para los productos importados de fuera del bloque. Este instrumento se aplica de forma que viola la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
  • Como segundo ejemplo: las solicitudes de autorización fitosanitaria de ingreso de productos vegetales (AFIDI) funcionan como verdaderos mecanismos anti competitivos de control del mercado.
  • Tercero: la forma de cobrar que tienen muchas instituciones públicas. Ejemplo la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el LATU, que cobran en función del precio de los bienes transados (ad valorem) y no sobre bases específicas. Esta modalidad habilita que existan fuertes apartamientos entre la tarifa y el costo real de la provisión del servicio. Es justo reconocer que en esta administración de gobierno se han llevado adelante algunas iniciativas puntuales que están orientadas en esta línea. Ejemplo: reducción del impuesto LATU sobre las exportaciones no tradicionales (del 3 por mil al 2,5 por mil); eliminación del canal rojo obligatorio en la importación de vestimenta y calzado; reducción de la tasa LATU para la importación de alimentos y bebidas (del 1,5% al 0,5%). Sin embargo, queda aún mucha tarea por terminar dentro de la cual están los ejemplos que mencioné primero.

Pero además de estas medidas que están basadas en eliminar malas regulaciones, es necesario desarrollar un programa proactivo de logística internacional y facilitación de comercio. Es estratégico para Uruguay reducir los costos del comercio exterior, como mejorar los indicadores de desempeño en materia de tiempos y oportunidad. En esta dimensión también se han hecho avances puntuales, pero se requiere un esfuerzo mucho mayor para que Uruguay pueda expresar la potencialidad que tiene para ser un hub logísitico regional en distribución que a su vez derrame hacia el comercio exterior del país, abaratando los costos tanto de importar como de exportar. Por último, hay un frente regulatorio, tradicionalmente de enfoque doméstico nacional, que de forma gradual debemos armonizar en una línea de internacionalización. Armonizar reglamentos técnicos, sistema de evaluación de la conformidad y reconocimiento mutuo constituyen los instrumentos fundamentales de los nuevos acuerdos. Esta agenda está aún casi inexplorada en el país y debe ser construida desde cero. Hay una suerte de mímica de convergencia regulatoria que se llevó adelante en el contexto del proceso de integración regional, pero sin prácticamente ninguna sustancia disciplinadora, y por lo tanto con nulos efectos sobre el comercio intraregional.

Regresemos al problema de la flexibilización del MERCOSUR. Podríamos interpretar que los acuerdos con terceros fuera del MERCOSUR no son tan importantes. ¿Es así?

No, ese no es el mensaje que quiero dar, aunque está claro que así puede ser interpretado. Gracias por preguntar. Lo que digo es que hay una agenda nacional de Uruguay en materia de política comercial que debemos definir y ejecutar desde ayer. Sin embargo, la lentitud en afrontarla es enorme.

Los acuerdos con terceros son importantes dado que tenemos un problema en el acceso al mercado internacional. Para eso los acuerdos comerciales con terceros son fundamentales: liberalizaciones recíprocas a través de acuerdos de libre comercio amparados dentro del articulo XXIV del acuerdo de la OMC, con el contenido más moderno posible respecto a nuevas disciplinas, para que esos acuerdos estén alineados con los cambios requeridos que señalé en la segunda pregunta.

Este camino tiene dos escollos que están mutuamente vinculados. Primero hay que romper el cerco regional que se expresa a través de un veto y/o de lentas represalias de nuestros vecinos en el momento de recuperar la autonomía en la relación con terceros. El veto se produce a través del segundo escollo, que es la voluntad del tercer país fuera de la región en hacer un acuerdo con nosotros. ¿Cuál es el problema? Es que los terceros toman la posibilidad de que la economía de mayor tamaño que es Brasil tome algún tipo de represalia en virtud de que este país suscribe un acuerdo con Uruguay. Cierto o no, la posibilidad de que ocurra es un factor que actúa negativamente. Los hechos revelan que este factor es importante. Podríamos titularlo: el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay.

¿Cómo evaluás lo que se hizo en esta última dirección, de lograr sortear el corset que implica estar en el MERCOSUR?

El gobierno actual hizo un avance importante en el año 2021, liderado por el presidente de la República en encuentros bilaterales con sus pares del MERCOSUR, y luego refrendado en el foro plurilateral de la Cumbre del 26 de marzo del mismo año. De forma coloquial podemos decir que ha tirado el gato sobre la mesa. Pero la implementación posterior aún no da muchos resultados. Recién ahora, 14 meses después, se observa un primer avance que quisiera resaltar. Me refiero al acuerdo bilateral con Brasil que se protocolizaría en el marco del ACE 2 (antiguo PEC). Lo alcanzado va en buena dirección de acuerdo en la reducción del AEC; incorporación de las Zonas Francas para ser beneficiados del libre comercio una vez verificado el origen; acuerdo entre Brasil y Uruguay de ir flexibilizando el MERCOSUR con el propósito de alinearlo a los intereses nacionales de sus miembros. Es un logro muy significativo y revela un método de trabajo para obtener resultados con mayor protagonismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprovechando esos impulsos aperturistas que antes mencioné respecto a Brasil.

Pero como evaluación general, con la información parcial con la que cuento, observo algunas fallas en la conducción. No tengo una solución al problema, que como dije al principio, es complejo. Lo único que digo es que hay criterios generales a observar, que según entiendo, es necesario satisfacer.

  • Primero es tener una canasta amplia de opciones y no buscar que solo un camino nos de la respuesta.
  • Segundo aprovechar lo ya acumulado y las opciones más verosímiles donde las resistencias de la región deberían ser menores. Ejemplos serían: bilateralizar el acuerdo con la UE y buscar firmarlo de forma bilateral; perfeccionar los acuerdos de libre comercio con Perú, Colombia y México siguiendo el camino que ya se hizo con Chile. Esto permitiría pedir el ingreso a la Alianza del Pacífico. En esta dirección considero acertada la propuesta del Partido Colorado de solicitar el ingreso al CPTPP (acuerdo transpacífico). Hay que darle fuerza a esta opción. Esto no implica caer en falsas oposiciones y discontinuar los esfuerzos de establecer un acuerdo con China, entre otros mercados que se han explorado.
  • Tercero, quisiera subrayar la idea que la canasta de países para intensificar las relaciones debe ser consistente con la política internacional del país y los cambios domésticos necesarios para impulsar. Lo resumo en esta trilogía: valores, nuevas reglas y mercados. Eso es lo que se debería procurar sabiendo que ningún país solo reúne las tres dimensiones. Para cumplir con esta regla se requiere una canasta balanceada.
  • Cuarto, para lograr alcanzar los objetivos propuestos y gestionar los resultados obtenidos es necesaria una revisión profunda y rediseño de la institucionalidad del Uruguay en materia de política comercial que establezca mejor las competencias de las diferentes agencias y defina un espacio claro de coordinación entre ellas con un funcionamiento efectivo.

[1] Implica eliminación de las tarifas sobre todos los productos de TI. Incorporar a Uruguay resultaría en una reducción de costos de estos productos. Actualmente el Acuerdo cuenta con 82 signatarios, que representan alrededor del 97% del comercio mundial de estos bienes.
[2] Consiste apertura mutua del mercado de contratación pública entre partes bajo la regla del trato nacional. Esto redundaría en mayor eficiencia del gasto público nacional al tiempo que se garantizan condiciones de acceso en el extranjero a empresas uruguayas. Este acuerdo está firmado por la mayoría de los países desarrollados, contando con casi 50 signatarios.
[3] Permite proteger patentes en 153 países bajo una gestión única de patentamiento internacional. No suscribir este acuerdo implica que nuestra comunidad científica deba recurrir a patentar en otros países para proteger sus creaciones. En la base de datos de OMPI se encuentran más de 200 solicitudes internacionales con al menos un inventor uruguayo. Este es uno de los tratados internacionales de mayor cobertura. Entre los países no signatarios están Uruguay, Bolivia, Argentina, Paraguay, Venezuela, Somalia, Etiopía, Eritrea, Congo, Yemen, Pakistán, Afganistán, Irak.
[4] Es el principal convenio de facilitación del comercio aduanero. Fue elaborado por la Organización Mundial de Aduanas y entró en vigor el 3 de febrero de 2006. Es una revisión y actualización del Convenio Internacional sobre la Simplificación y la Armonización de Procedimientos Aduaneros (Convenio de Kyoto) que fue adoptado en 1973-1974.
Álvaro Forteza

Álvaro Forteza, representante del PI en la CESS: “no parece justo que distintos colectivos de la población tengan beneficios diferentes»

La decreciente sustentabilidad del sistema actual de seguridad social del Uruguay es una “bomba de tiempo” pero como contracara, ser percibido como el responsable de que las personas deban esperar más años para acceder al derecho a jubilarse no es precisamente una estrategia para ganar popularidad.

Con el objetivo de diagnosticar y elaborar propuestas relativas al sistema previsional se creó la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), promulgada a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en julio de 2020.

En noviembre de 2021, la comisión elevó al Parlamento y al Poder Ejecutivo dos informes: un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y otro con recomendaciones para su reforma (ambos documentos pueden ser leídos por la ciudadanía en la web cess.gub.uy). Las recomendaciones fueron votadas a favor por los nueve integrantes designados por el gobierno y por la delegada de las cámaras empresariales; pero negativamente por los tres representantes del Frente Amplio, por el delegado del PIT CNT y por el representante de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).

Para conocer mejor las principales recomendaciones de la CESS y los desafíos que enfrenta, Philippe Sauval, coordinador general de “La Opinión Independiente” -el boletín digital del Partido Independiente- conversó con Álvaro Forteza, representante del Partido Independiente en la comisión.

Ingeniero agrónomo recibido en la UDELAR con maestría en Economía de CIDE (México) y doctorado en Economía en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Forteza está especializado en Protección social, con estudios sobre Uruguay y países de América Latina. Trabajó en equipo de expertos en Seguridad Social de varios países del mundo que evaluó experiencias con regímenes de jubilaciones y pensiones basados en sistemas de cuentas nacionales. Además, es profesor grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR.

¿Qué tan grave es el desfinanciamiento del sistema de seguridad social en su conjunto? ¿A qué otros organismos nos referimos, aparte del Banco de Previsión Social?

A la comisión de expertos en seguridad social (CESS) se le encomendó exclusivamente diagnosticar y elaborar propuestas relativas al sistema previsional, trabajar sobre jubilaciones y pensiones, no sobre otros componentes del sistema de seguridad social, como son el seguro de desempleo o las asignaciones familiares.
Hecha esta puntualización previa, paso a responder la pregunta sobre el financiamiento de los programas previsionales de la seguridad social: todo el sistema previsional uruguayo enfrenta desafíos de financiamiento importantes. Algunos componentes tienen desafíos mayores y más inmediatos, como es el caso ampliamente difundido de la caja de jubilaciones y pensiones profesionales.
Los estudios de la CESS corroboran lo que indicaban algunos estudios previos, de que el gasto previsional aumentó en los últimos diez o quince años por encima de las previsiones. Las proyecciones indican que, si no se actúa, el gasto en jubilaciones y pensiones seguirá creciendo a un ritmo fuerte. Si esto ocurre, otros componentes del gasto que son tan importantes como el previsional se verán seriamente comprometidos. La pregunta clave -y que no tiene una respuesta sencilla-es cuál es el nivel razonable de gasto en jubilaciones y pensiones dadas las múltiples necesidades que tiene la población. La mayoría de la CESS entendió que debía contenerse el gasto previsional para hacer viable un mayor gasto en, por ejemplo, la atención de la infancia. Actualmente la pobreza infantil es diez veces mayor a la pobreza entre los mayores de 65 años. Se trata entonces de evaluar las prioridades.

Uno se imagina que la solución pasa por aumentar los ingresos por la vía de un mayor aporte de los activos, sea por un incremento del aporte mensual o en la cantidad de años para acceder a los beneficios. Cualquiera de estas opciones será impopular. ¿Cuál es la más razonable, la menos dolorosa, y cómo han pensado amortiguar este incremento?

El informe de propuestas de la CESS recomienda aumentar la edad mínima de jubilación y cambiar la forma de cálculo de la jubilación. Se desaconseja el aumento de la tasa de aportes, al menos para la mayor parte del sistema. Tampoco se recomienda aumentar la cantidad de años de aportes requeridos para generar causal jubilatoria.
El foco en la edad mínima de jubilación responde a algunas tendencias muy fuertes que han venido ocurriendo y se espera que sigan ocurriendo en el futuro. Lo más obvio es el aumento de la longevidad. La gente vive más. Se estima que la esperanza de vida al nacer aumenta aproximadamente dos años cada década y la esperanza de vida a los 40 años de edad aumenta aproximadamente un año cada década. A su vez, la edad mínima de jubilación en la mayor parte del sistema previsional uruguayo se mantiene incambiada desde hace mucho tiempo. El caso más extremo es el de los hombres en el régimen general del BPS, que tienen la misma edad mínima, 60 años, desde 1926. La edad mínima de jubilación de las mujeres ha tenido oscilaciones en el periodo, sin una tendencia clara. Pero no solo se vive más, sino que también se vive mejor. Los adultos mayores pueden actualmente desempeñar tareas que hace unas décadas, a la misma edad, no estaban en condiciones de desempeñar. Resulta entonces natural la propuesta de apostar a una postergación del retiro.

Parece indispensable un acuerdo político. Bastaría que un sector lo suficientemente movilizado se la juegue por trabar cualquier cambio que apunte a mejorar los ingresos, apoyado en la defensa demagógica de un sistema que se cae para evitar todo avance. ¿Es posible elaborar planes o alternativas diversas de manera de convencer a todos que el sistema debe salvarse y para ello será necesario un esfuerzo y coraje para encontrar los fondos y para salvaguardar al mismo tiempo la suerte de los más débiles?

El desafío es grande, en Uruguay y en todo el mundo. Creo que el gobierno tiene la obligación de hacer propuestas serias y, a la vez, debe tener la flexibilidad necesaria para negociar soluciones que reúnan el mayor apoyo posible. Eso es lo que está haciendo el gobierno uruguayo. El gobierno tiene que explicar lo más claramente posible cuáles son los desafíos que el país enfrenta en esta materia y cuáles son las soluciones posibles, pero no puede paralizarse buscando unanimidades.

Los delegados del FA con Ernesto Murro a la cabeza decidieron oponerse. Sería interesante analizar qué ideas volcaron en la Comisión, qué propuestas de salidas hicieron y qué argumentos manifestaron para votar en contra del informe mayoritario. ¿Las podría resumir?

El FA no hizo propuestas de reforma. Presentó documentos de fundamentación del voto, pero no hizo propuestas. El PIT-CNT hizo ambas cosas: fundamentó su voto negativo e hizo propuestas de reforma. Los documentos relevantes están disponibles en el sitio web de la CESS. Prefiero no resumirlos yo.

El concepto de seguridad social conlleva una trampa en su abordaje conceptual. Parecería que todos aspiramos a recibir lo que hemos aportado durante determinados años de trabajo. Y ese sería el concepto de justicia…

Lo que usted menciona corresponde a lo que técnicamente se conoce como “equidad actuarial”. Dicho en términos sencillos es el principio de que los beneficios a recibir correspondan a los aportes realizados. Parece una aspiración legítima, pero no es el único principio a tener en cuenta, ya que la mayor parte de la gente comparte la visión de que el sistema debe ser progresivo, pagando prestaciones relativamente más generosas a quienes tienen menos. En todo caso, creo oportuno mencionar que el sistema previsional uruguayo paga más de lo aportado a la inmensa mayoría de los afiliados a la seguridad social. La diferencia se cubre con recursos de diversos gravámenes (IVA, IASS, timbres profesionales, etc.). En el caso del BPS, por ejemplo, aproximadamente un tercio del gasto previsional se cubre con recaudación de impuestos.

Sabemos que el sistema tiene perforaciones y que hay que considerarlas. Por ejemplo, el mundo informal es relevante en el país, ese mundo del trabajo que no hace aportes y luego necesita tener un ingreso que le ayude a sostenerse en la edad avanzada, y debe financiarse con los aportes del resto de la población. O ese mundo que esconde los ingresos para aportar lo menos posible, un mundo que pertenece a todas las clases sociales y a ingresos altos, medianos y bajos conjuntamente. ¿Cómo se obtiene toda esta torta de dinero que es necesario recaudar para poder brindar protección social a quien ha vivido en la informalidad o a quien ha eludido las normas subdeclarando sus ingresos?

Es cierto que hay gente que trabaja en la informalidad y eso es un problema para el sistema. Pero los problemas de financiamiento del sistema previsional uruguayo no se deben ni exclusiva ni principalmente a eso. Las prestaciones previstas actualmente son insostenibles con los aportes y esto no tiene que ver con la evasión. Es un problema derivado de que la realidad demográfica cambió y el sistema no se ajustó. No podemos seguir prometiendo jubilaciones como las actuales a la misma edad que lo hacíamos hace un siglo. Por otra parte, debe tenerse presente que la informalidad se da en forma absolutamente mayoritaria en sectores de bajos ingresos. Esos sectores requieren un apoyo, en cualquier caso.

¿Han previsto un ingreso universal mínimo para todos los jubilados, hayan o no hecho los aportes durante su vida laboral?

El PI propuso en el marco de la CESS la introducción de un ingreso mínimo garantizado en la tercera edad. Es una propuesta inspirada en programas de la seguridad social de Canadá y Suecia. La mayoría de la comisión entendió que esta propuesta era interesante y, con algunas modificaciones importantes, decidió incorporarla en el informe de propuestas.
A grandes rasgos, el ingreso mínimo garantizado consiste en lo siguiente. Primero, se garantiza un ingreso mínimo para todos los residentes a partir de cierta edad. Segundo, las personas que hayan generado causal jubilatoria, reciben su jubilación contributiva y un suplemento. El suplemento es máximo para quienes tienen la menor jubilación contributiva y se reduce a medida que aumenta la jubilación. Hay un ingreso máximo a partir del cual ya no se paga suplemento. Tercero, en caso de tener otros ingresos no previsionales (rentas, ingresos laborales, etc.) se deducen del suplemento.

El FA declaró, a través de su presidente, que habrá que negociar con ellos y con las organizaciones sociales si se quiere avanzar en una reforma jubilatoria. No tuvo demasiada consideración con los estudios técnicos de la CESS, ellos apuestan a un acuerdo político por fuera de toda consideración técnica. Dada tu experiencia en reformas en otros países, ¿es viable un abordaje político respondiendo a demandas que puedan no tener un anclaje en la situación económica real del Uruguay?

Yo apuesto a una discusión de opciones viables. No hay una única solución posible, pero sólo tiene sentido discutir opciones de reforma que sean sostenibles. La CESS hizo una propuesta que lo es. De hecho, hizo una gama de propuestas que dejan cierto margen de maniobra para la opción política. Puede haber otras. Probablemente surjan durante el debate parlamentario.

¿Cuál es la situación real de las Cajas Policial y Militar? Son Cajas que se manejan con regímenes especiales. Partimos de la base que todo es modificable siempre que se respeten los derechos adquiridos. ¿Esto es así? En la CESS ¿se buscó ir eliminando en plazos razonables las inequidades evidentes que hay en los distintos sistemas jubilatorios?

El informe en mayoría de la CESS propone avanzar en la convergencia de todos los regímenes actuales hacia un régimen similar al del BPS-AFAP reformado. Esto incluye a los servicios de retiros policial y militar. La razón fundamental para ello es la equidad. No parece justo que distintos colectivos de la población tengan beneficios diferentes, especialmente si no se los financian con sus propios aportes. Sin perjuicio de esto, también se prevén algunas excepciones debidamente fundadas para situaciones especiales. En las FFAA se presenta el caso del personal de tropa que no puede seguir prestando servicios hasta las mismas edades que lo hacen otros colectivos. No es el único caso en que ocurre esto, pero en las fuerzas armadas y policiales hay un número importante de personas en esta situación. Hay otros colectivos que enfrentan situaciones especiales y que usualmente se cubren con lo que se denomina “bonificaciones”. Es el caso, por ejemplo, de quienes trabajan con radioactividad y muchos otros que tienen ocupaciones particularmente desgastantes y que no pueden sostenerse hasta edades tan avanzadas. En estos casos, se “bonifican” los años de aporte y/o la edad de tal manera de que los colectivos amparados pueden acceder a la jubilación a edades menores o con menos aportes. La CESS propone revisar y fortalecer la institucionalidad en torno a las bonificaciones.

Te invitamos a realizar los comentarios adicionales que entiendas nos ayuden a todos comprender la enorme relevancia de esta reforma y la necesidad política de apostar fuertemente a ella lo antes posible. Sin demagogia, sin poner el ojo en la conveniencia electoral, apuntando a lo mejor para el país en su conjunto y a los más desfavorecidos muy especialmente.

Un aspecto que no ha sido mencionado hasta el momento en esta entrevista y que creo que es muy importante es el institucional. Me parece esencial fortalecer las instituciones de seguridad social del país. Este es un capítulo grande, pero como mínimo quiero destacar que el sistema carece actualmente de un órgano regulador y de supervisión. A mi entender es esencial crear una agencia reguladora o una super intendencia de seguridad social, con un importante grado de autonomía técnica, que supervise al sistema en su conjunto. Este organismo nos ayudaría, entre otras cosas, a prender las alarmas a tiempo. Situaciones como las que se están dando actualmente en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales podrían haber sido advertidas con mayor anticipación si hubiera existido una institución de esta naturaleza. Actualmente no hay normas actuariales unificadas. Distintos servicios llevan sus cuentas con distintos criterios y la supervisión es muy heterogénea. Un organismo de este tipo debería velar también por la calidad de los servicios que reciben los trabajadores y jubilados. Para esto, es esencial que las funciones de prestador de los servicios previsionales a cargo de las distintas cajas estén separadas de la función de regulación y supervisión.