Por el Grupo Técnico de Agro del Partido Independiente
En las últimas semanas el tema del Instituto Nacional de Colonización (INC) ha emergido en la agenda de discusión pública una vez más, principalmente por un pedido de auditoría externa de la gestión de los últimos 10 años (derecho legítimo para cualquier nueva administración), que ya se encuentra en curso. Habrá que esperar los resultados de la mencionada auditoría, pero, en cualquiera de las hipótesis imaginables, la misma no arrojará luz estratégica que permita repensar la política de colonización ni el accionar del Instituto, pues su objetivo es diferente. También es factible que en las próximas semanas surja otro debate sobre los recursos que debería asignar la nueva Rendición de Cuentas al INC y a la política de colonización.
Cabe recordar que en la Rendición de Cuentas del año pasado se reasignaron a otros fines recursos previstos para la compra de tierras por parte del INC y se destinaron recursos especiales para subsidiar las tasas de interés (tasa cero) de créditos para inversiones que pudieran demandar los colonos. El Poder Ejecutivo ha definido que no se asignarán más recursos al INC con destino a la compra de tierras y su posterior entrega a nuevos colonos. Seguramente, desde la oposición se reitere el planteamiento de continuar distribuyendo tierras como se venía realizando hasta el año 2019 y como se culminó, hasta agotar la cartera disponible, durante el año 2020 y el 2021.
Para resolver sobre el presente y futuro del INC y la política de tierras, es preciso discutir el tema a fondo utilizando una metodología apropiada que posibilite establecer los resultados alcanzados (evaluación de impacto) por las unidades productivas de los colonos durante la última década. Complementariamente, diseñar y proponer lastransformaciones que debería tener el Instituto, para aplicar recursos con eficiencia en un nuevo rol, actualizado al dinámico desarrollo agropecuario que muestra el país y a los modernos y exigentes requisitos de funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. Las acciones propias a evaluar del instituto en el cumplimiento de sus funciones comprenden los criterios de selección de colonos, la definición de escala de las unidades productivas asignadas, el apoyo a las inversiones requeridas para la evolución e intensificación productiva, la transferencia tecnológica para impulsar modelos productivos que aseguraran sustentabilidad económica de los colonos.
Hace varios años, primero el ingeniero agrónomo Rodolfo Irigoyen y más recientemente el economista Pablo Roselli, plantearon la necesidad de revisar con cabeza abierta, con un anclaje en la modernidad, la pertinencia del Instituto y su política. Un reclamo de estudiar la realidad con rigor y tomar decisiones como sociedad en base al análisis de la misma. No parece ser éste el camino que hoy se está proponiendo y esto resulta preocupante.
Como cualquier actividad que demanda recursos públicos y en este caso desde hace varios años, -el INC canaliza una importante magnitud de ellos a la compra y asignación de tierras a productores colonos en régimen de arrendamiento subsidiado sin límite de tiempo-, el instituto debería ser juzgado en primer término en función del impacto de sus acciones para cumplir objetivos precisos. Esto es, en qué medida los beneficiarios de las tierras recibidas han alcanzado una explotación de las mismas acorde con su potencial productivo, en un marco de sustentabilidad económica para las familias directamente involucradas. Dicho de otra forma, responder a la pregunta si el universo de colonos y sus familias ha sido en los últimos años un actor dinámico acompañando el desarrollo tecnológico-productivo del agro uruguayo y los cambios operados en los modelos de negocios del mismo. Seguramente se podrán identificar situaciones diversas, pero es necesario analizar en profundidad la situación económica, social, productiva y comercial de estos productores colonos y ponerle números para llegar a conclusiones ciertas.
Parece fuera de toda lógica discutir sobre el presupuesto del INC o sobre su destino y eventuales cambios a su accionar institucional, sin poner en blanco y negro una evaluación de impacto de sus acciones e instrumentos utilizados. Comparar los resultados obtenidos por sus colonos con los de otros productores con dotación similar de recursos en calidad y cantidad, o con el ingreso percibido por trabajadores del agro que cumplen tareas en diferentes servicios. Esto permitiría discernir sobre si la inmovilización de significativos recursos en tierras se justifica a efectos de garantizar empleo y cierto nivel de ingresos a productores colonos o si sería más conveniente utilizar dichos recursos, o al menos parte de los mismos, a la capacitación de trabajadores y/o productores, u otras opciones que podrían generarles mejores oportunidades de trabajo.
Con los resultados a la vista de dicha evaluación, el análisis debería complementarse con un examen de la pertinencia de una política de tierras debidamente inserta en la realidad actual en un sector agropecuario que ha experimentado transformaciones significativas y que requiere mantener su dinámica competitiva.
Expresada en forma concisa, ésta ha sido la propuesta presentada por el Partido Independiente a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En el sector agropecuario, sin duda heterogéneo, no basta sostener la vocación de apoyo al pequeño productor en términos genéricos, sino reconocerlo vinculado a cadenas productivas con necesidades específicas respecto al factor tierra, debido a las condiciones de competencia por la misma y también por su capacidad productiva asociada a la escala de producción. Esto podría conducir a criterios de priorización de asignación de tierras en alguna cadena productiva en donde el impacto esperado podría ser superior a otras opciones.
Más aún, para debatir sobre el presente y no sobre decisiones adoptadas hace más 70 años con la creación del instituto en un contexto agropecuario tan diferente al actual, es preciso que el INC sea analizado en un escenario en el que se encuentran en implementación otras herramientas de acceso a la tierra como los fideicomisos y créditos bancarios de largo plazo, que muestran indudables atributos y quizás también alguna limitación, para resolver el acceso al recurso y su explotación en las condiciones de mayor eficiencia, contemplando la sustentabilidad de los recursos naturales involucrados.
Sin realizar una evaluación con estos alcances, la continuidad del instituto sería para hacer “más de lo mismo” respecto a lo realizado en la última década o peor aún, “peor de lo mismo”, lo cual también es posible.
Por este motivo es que como integrantes del grupo técnico de Agro del Partido Independiente, miembro de la Coalición de Gobierno actual, preocupa que no se vea este desafío central, y se propongan otras acciones que no van al corazón del problema, más bien lo soslayan, y congelan al Instituto de Colonización como una institución anticuada que hay que seguir alimentando, aunque sea apelando a su función de arraigar gente en el campo, algo propio de los tiempos de su creación y completamente alejado de la realidad agropecuaria del presente.
¿Cómo encarar este análisis o evaluación de impacto que permita construir una política integral y eficiente con un INC actualizado de cara a la ya iniciada segunda década del siglo XXI? Parece ineludible que los organismos competentes, el MGAP y el INC, instrumenten un estudio en profundidad con apoyo de alta especialización, quizás apelando a la ayuda técnica y financiera de organismos internacionales, de manera que en algunos meses y con la información necesaria, posibilite al Gobierno de Coalición actuar en consonancia con el “Compromiso con el País”. En dicho documento se establecía explícitamente el propósito de abordar “la adecuación del INC a la actual realidad (agropecuaria)”. Han transcurrido ya más de dos años de gestión del Gobierno de Coalición y el camino no se ha iniciado, los tiempos apremian y debe quedar muy claro que cambios superficiales no brindarán las soluciones necesarias.
