Iván Posada. Portada Columna Opinión

Escribe: Iván Posada. Diputado por Montevideo.

Las investigaciones desarrolladas por el arquitecto Juan Pablo Terra y la economista Mabel Hopenhaym, recogidas en “La infancia en el Uruguay (1973-1984). Efectos sociales de la recesión y las políticas de ajuste.”,  fueron un trabajo pionero para poner de manifiesto que la sociedad uruguaya se reproducía en los sectores con mayores vulnerabilidades, comprometiendo el desarrollo económico y social futuro.

Tal como expresa Marcos Lorenzelli[1],  “Con su gran agudeza, Juan Pablo Terra nos demostró muy tempranamente que el abordaje de esta problemática era urgente y necesario. Urgente, ya que muchos miles de niñas y niños uruguayos menores de seis años estaban experimentando un déficit irrecuperable en su desarrollo. Pero también necesario, pues el desarrollo de la sociedad uruguaya y el bienestar de sus generaciones futuras dependían, en gran medida, del éxito que se tuviera en el combate a dicho déficit. … Una deficiente nutrición, así como una baja estimulación oportuna en las áreas psicomotriz y emocional, causará efectos que se materializarán en problemas de aprendizaje en el ciclo educativo formal, dificultades para ingresar a los puestos de mayor productividad en el mercado de trabajo, bajos ingresos y problemas para vivir una vida plena como ciudadanos y miembros activos de su comunidad. Por lo tanto, las deficiencias nutricionales, psicomotrices y emocionales en el comienzo de la vida harán a la persona más vulnerable a repetir en su ciclo vital la experiencia de sus progenitores, alimentando un círculo vicioso de pobreza, inequidades y exclusión.”

Los procesos de socialización de los niños y los jóvenes en situación de pobreza son centrales a la hora de comprender e intervenir en la reproducción de la pobreza. En este sentido, la gestación, la primera infancia y el inicio de la adultez asociados al ingreso y a la estructura productiva constituyen etapas determinantes en cuanto a la inserción social presente y futura de estos individuos.

En consecuencia, la adopción de medidas específicas que procuren compensar los déficits iniciales y supervenientes y desarrollar potencialidades, localizando el gasto social en estos sectores, es de importancia sustancial para su integración a los antedichos procesos globales de reducción de la pobreza.

La mayor representación del grupo etario de niños, niñas y adolescentes dentro del grupo de los hogares pobres y la particular vulnerabilidad que connota cada una de las instancias de su crecimiento, lleva a sostener la necesidad de un diseño específico de lineamientos y programas en el marco de una política nacional de abatimiento de la pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hace algunos meses los datos relativos a la estimación de la pobreza en base a la Encuesta Continua de Hogares, por el método del ingreso correspondiente al segundo semestre de 2022.

Un cuadro que resulta especialmente relevante es la incidencia de la pobreza en las personas, según grupo de edades. La estimación del total de pobreza en todo nuestro país es de 9.1%[2]. Sin embargo, la población comprendida entre los tramos etarios de menores de 6 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años es de 16.5%, 17.3% y 15.3% respectivamente.

La contracara es que  la estimación de la pobreza es de 2% en mayores de 65 años. Aún en los momentos en que la crisis de la pandemia impactó en nuestra sociedad aumentando los niveles de pobreza, la estimación en este tramo etario no superó el 2.3%.

De hecho, si analizamos la serie desde 2006 a 2022, el año con menores niveles de pobreza en nuestro país fue  2017 donde la estimación era de 7.9%. En ese año, la pobreza en los tramos etarios referidos era de 17.4% en menores de 6 años, 15.1% de 6 a 12 años y 13.5% de 13 a 17 años. Sin embargo, la estimación de esos tramos etarios para Montevideo, eran de 25.1%, 22.9% y 21.2% respectivamente, mientras que para el interior del país la estimación era de 12.6%, 10.7% y 9.6% respectivamente.

Desde hace mucho tiempo, nuestro país tiene un imperativo ético que es revertir los niveles de pobreza en la infancia y la adolescencia que constituyen uno de los principales rasgos distintivos de la pobreza en Uruguay. Si además, estos niños y jóvenes son los más rezagados desde el punto de vista educativo, son los que desertan más tempranamente del sistema educativo,  y serán los menos capacitados para acceder a un mercado laboral que cada vez requiere mayores niveles de formación y especialización. Por ende, sus niveles de ingresos serán insuficientes para superar la pobreza y el modelo de reproducción social de la pobreza seguirá inalterable.

Los recursos son escasos, y lo cierto es que nuestro país tiene una cobertura de seguridad social para los mayores de 65 años cuyo positivo impacto se muestra en ese 2% de personas pobres.

Hace algunos años, en octubre de 2017,  el actual Asesor en Planeamiento Estratégico de Naciones Unidas en Uruguay  Dr. Gustavo De Armas nos planteó un desafío que el sistema político uruguayo debe asumir, sin mayores dilaciones: PONER FIN A LA POBREZA INFANTIL EN URUGUAY.

Más recientemente, en un conversatorio sobre como “Doblegar la pobreza infantil en Uruguay”, realizado en el Palacio Legislativo  el 12 de julio próximo pasado, De Armas presentó los datos preliminares  de un informe en elaboración donde se constata que el 89% de las personas por debajo de la línea de pobreza son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años (155 mil) que conviven con personas mayores de 18 años (156 mil).

Nuestro país destinó aproximadamente 361 millones de dólares en 2022, a través de las transferencias de Asignaciones Familiares- Plan de Equidad y Tarjeta Uruguay Social, o sea 0,51% del PIB. Si esas transferencias se incrementaran en 453 millones de dólares, o sea  al 1,15% del PIB, la pobreza de nuestro país  se reduciría a casi la mitad, y la pobreza infantil a 9%. No hay duda pues que es necesario hacer un esfuerzo para incrementar las transferencias no contributivas, al tiempo que se establece un buen diseño de condicionalidades para acceder a esas transferencias.

Sin perjuicio de la necesidad imperiosa de incrementar los recursos orientados a este fin, es preciso que los recursos disponibles se ejecuten en forma focalizada, a través de políticas especialmente selectivas, hacia aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de pobreza, así como hacia los referentes adultos, especialmente las mujeres a cargo de esos hogares.

La creación del Fondo Infancia, como una persona jurídica de Derecho Público no estatal, con el objetivo de utilizar los recursos que le sean asignados para coordinar la ejecución y financiar los planes, acciones, proyectos y programas propuestos por organizaciones públicas y privadas, procurando instalar o fortalecer condiciones adecuadas para la inserción integral de los niños, niñas  y  adolescentes en situación de pobreza.

El objetivo del Fondo Infancia es poner fin a la pobreza infantil. Para ello su principal cometido es utilizar los recursos que le son asignados, destinándolos al financiamiento de planes, acciones, proyectos o programas, en convenio con instituciones públicas  o privadas, a efectos de instalar o fortalecer condiciones adecuadas para la inserción social integral  de los niños, niñas y  adolescentes integrantes de hogares en situación de pobreza, que viven junto con sus referentes adultos, especialmente mujeres a cargo de sus hogares, en condiciones de vulnerabilidad.

En consecuencia, la asistencia y el fortalecimiento del entorno familiar,  particularmente en el período de gestación, crecimiento y desarrollo infantil son cometidos sustanciales del Fondo.

Los planes, acciones, proyectos o programas que se financien deberán orientarse con una visión integradora a las siguientes prestaciones: alimentación, salud, educación, acceso a la vivienda digna, prevención de la violencia, cultura y capacitación para el trabajo, que también podrán ser atendidas mediante transferencias monetarias, mejoradas en su diseño y en su vinculación con el resto de las políticas públicas.


[1] Presentación de “Infancia y políticas públicas. Pobreza, desnutrición y retraso psicomotor.”, Juan Pablo Terra, publicado por el Instituto Humano Cristiano Juan Pablo Terra.

[2] El total de personas bajo la Línea de Indigencia es de .2%.