Carlos Sammarco

Escribe: Carlos Sammarco, ingeniero agrónomo, integrante delGrupo Técnico Agro del Partido Independiente.

Se ha transformado en algo bastante habitual en la política nacional que, ante la aparición de alguna irregularidad en la gestión pública, desde los sectores políticamente afectados la primera reacción sea atacar a los adversarios señalando que éstos han sido protagonistas en alguna situación pasada de hechos y responsabilidades similares. No parece ser ésta una buena forma de responder ante hechos inaceptables. Es probable que cuando se desvirtúa el rol de la oposición política volviendo la esencial función de control en una estrategia de obstrucción sistemática al gobierno, los mencionados comportamientos refractarios e inapropiados se potencien.

Es preciso reconocer que procederes inadecuados en la gestión pública nada tienen que ver con ideologías o partidos de tal o cual característica, sino que son propios de la actividad política en el ámbito de la gestión y administración pública. El que crea lo contrario y proclame que su condición ideológica o programática lo pone a salvo de este tipo de conductas de sus representantes y no tome los recaudos y atención o control necesario, se llevará seguramente una desagradable sorpresa.

Para el Partido Independiente el tema de la gestión pública ha sido y es de principal preocupación y en este sentido su propuesta programática para el período de gobierno 2020-2024 destaca la necesidad de encarar de una vez por todas la necesaria Reforma del Estado que en sus contenidos incluye la configuración e instalación de la carrera administrativa, los procesos competitivos para acceder a la función pública, la evaluación de desempeño como criterio para la evolución de la carrera, entre otras cosas, y que también afrontó al frente de la Oficina de Servicio Civil la revisión y actualización de los organigramas oficinas y organismos públicos. En el actual período de gobierno por iniciativa del Partido Independiente se ha iniciado el proceso de Reforma del Estado, viabilizado en esta primera fase por la última Rendición de Cuentas.

Ahora bien, más allá de que la transparencia y la buena gestión pública es condición de la salud deseable para el sistema democrático republicano y para que una sociedad confíe en quienes delega la función de representación política, la calidad de la gestión es requisito para que los objetivos que buscan las políticas públicas ejecutadas alcancen los resultados buscados. Por este motivo es que la transparencia en el manejo de los recursos públicos se garantiza en el cumplimiento de la normativa vigente para la aplicación de los mismos. Se requiere ajustarse a procedimientos establecidos por ej. en el régimen de adquisiciones competitivos en la contratación de bienes o servicios (TOCAF, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) y cuando de acuerdo a la normativa vigente los organismos competentes (Tribunal de Cuentas) objetan algún procedimiento, corregir el mismo de acuerdo a las recomendaciones recibidas. Sin embargo, respecto a esta última eventualidad mencionada ha sido frecuente que los organismos o los titulares políticos de los organismos reiteren el gasto, haciendo caso omiso de las observaciones recibidas. Sin duda, más allá de cualquier discusión sobre la pertinencia de la observación del organismo competente en la materia, se trata de una desaconsejable mala práctica.

Otro aspecto de la transparencia tiene que ver con el acceso a información relativa a la gestión de los organismos públicos, cuestión que la norma garantiza en el marco del derecho de los ciudadanos y sus organizaciones a ser debidamente informados cuando solicitan datos o detalles de distintos aspectos de la gestión pública nacional o departamental. Es habitual encontrar organismos públicos que por decisión de sus jerarcas no responden a petitorios de información o lo hacen de forma de desalentar este derecho de los ciudadanos. La información hace a la transparencia, sin información la realidad se opaca y se vuelve poco clara para la comprensión y el legítimo control por parte de la ciudadanía y sus organizaciones.

Asimismo tan importante como la transparencia es la calidad de la gestión pública y esto depende del ajuste a la normativa y también de la idoneidad de los ejecutores encargados de implementar las políticas públicas a diferentes niveles (alta gerencia, gerencias de áreas, mandos intermedios). La existencia de tal idoneidad o atributos obviamente son dependientes de la formación/capacitación/evaluación de cada individuo y constituye la referencia de su calificación en gestión para las personas encargadas de implementar políticas públicas en diferentes niveles y roles, tomando decisiones, organizando equipos técnicos, cumpliendo planes y programas, administrando recursos financieros.

Por tanto la situación más deseada es que la gestión pública pueda contar con los mejores recursos humanos en cada área de implementación. Un primer aspecto que se interpone con este objetivo es la existencia de los cargos de particular confianza (personal o principalmente política), pues en estos casos parece existir una correlación negativa o una notoria reducción de requisitos referido al nivel de conocimientos probados que las personas asignadas a los mismos poseen. Nadie puede dudar de la necesidad de la existencia de cargos de confianza en la estructura de gestión de un gobierno, lo que parece inadmisible es que para acceder a dichos cargos muchas veces no se requieran competencias específicas y sea suficiente el conocimiento o amistad con un jerarca para poder desempeñarlo. Esta es una lamentable práctica política que se ha expresado durante décadas e invariablemente en la vida política del país, agudizada con el hecho también admitido de que en función del peso relativo de las organizaciones políticas las mismas distribuyen cargos de gestión pública sin considerar como primer condición la disponibilidad o no de personas de alta competencia para los cargos y funciones. Existen múltiples ejemplos de éstas distribuciones de cargos y áreas de responsabilidad, sin que ningún gobierno escape a esto.

Durante el actual período de gobierno de la Coalición, integrantes del Partido Independiente fueron designados en distintos organismos y programas del sector público. Estas personas poseen probadas capacidades y han expuesto en su accionar el apego a la ética pública indispensable. En el período transcurrido hasta hoy, estos miembros del Partido Independiente en la gestión pública de áreas tan diversas como la educativa, género, comunicación pública, relaciones laborales y seguridad social, capacitación para el empleo, promoción del cooperativismo, administración de recursos binacionales, no han protagonizado ni una sola situación en que se haya visto cuestionados por la oposición política, la sociedad civil o aun por integrantes del propio gobierno, respecto a la ética en su gestión. También es preciso destacar que ante situaciones de evidentes malas prácticas o apartamiento de las normas, el Poder Ejecutivo ha actuado en forma diligente para que los responsables dejen sus funciones.

Nadie puede desconocer que cuando las autoridades de gobierno nacional o departamentales proceden a llenar los cargos y funciones al momento de asumir la administración que les compete, enfrentan compromisos políticos derivados de apoyos recibidos, cuando no de compromisos o lazos familiares, y aún el reconocimiento del peso electoral de personas u organizaciones políticas aliadas, que toman en cuenta al reclutar colaboradores en distintos niveles de la administración. La omisión de la consideración de conocimientos y experiencia específica referida a la función que deben ejercer, contribuye a un enorme deterioro de la gestión pública. En esto ya no se trata de ajustarse a la fría normativa que no requiere concursos de oposición o méritos, o ambas modalidades, sino que debe ser rescatado el valor de la ética. Se puede no haber violado o ignorado el procedimiento vigente, pero desde el punto de vista ético es inadmisible que se incorpore a alguien a la gestión pública por razones de afinidad política, por amistad, por lazos familiares u otras razones espurias. Cuando en la gestión pública nacional o departamental se van acumulando este tipo de prácticas se van instalando las condiciones para el debilitamiento de la democracia republicana y los partidos políticos como pilares de la misma. No hay norma legal quizás para contrarrestar esta enfermedad que va minando la gestión pública, pero más que proclamar intenciones o levantar dedos acusatorios, parece indispensable que los partidos políticos se den sus propios mecanismos de fijar los límites éticos para la gestión pública, lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Sobre quienes se aparten de los mismos deberían descargarse sanciones e inhabilitaciones partidarias para ejercer cargos de responsabilidad pública.

Para el Partido Independiente la transparencia y calidad de gestión pública, a la luz de la experiencia de gobierno, debería ser central en un acuerdo básico de la Coalición para encarar un nuevo período de gobierno, estableciendo las pautas concretas de un accionar ajustado a la ética en el desempeño de los jerarcas y funcionarios públicos. El incumplimiento de compromisos éticos no puede tener otra consecuencia que la separación o baja de la función pública decidida por quienes invistieron de responsabilidades al infractor.