Entrevista realizada por el periodista Mauricio Pérez y publicada en Brecha (www.brecha.com.uy)

El secretario de la Junta Nacional de Drogas, médico de profesión, aseguró que la «guerra contra las drogas» fue un fracaso histórico y que Uruguay debe seguir liderando el cambio de paradigma. Se mostró a favor de liberar la venta de cannabis a extranjeros y habilitar la venta de marihuana con mayor THC para incorporar nuevos usuarios al sistema regulado y mejorar la rentabilidad de las empresas.

Como parte de su política de combate al tráfico de drogas, el Ministerio del Interior (MI) solicitó a las autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) acceder al domicilio de autocultivadores y a clubes cannábicos. Esto generó preocupación entre los usuarios del sistema regulado de cannabis, pero también entre algunos integrantes del gobierno. El titular de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, envió una nota al presidente de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), Felipe Rotondo, en la que expresó su opinión en contrario: «La situación es muy preocupante, dado que no existe ninguna posibilidad de ofrecer un listado de direcciones que no permita identificar a los cultivadores. Entiendo que estos son momentos cruciales, y cualquier determinación que adoptemos que vulnere el ordenamiento jurídico puede ser irreversible y de consecuencias que no alcanzo a prever en su magnitud».

Minutos antes de recibir a Brecha en su despacho de Torre Ejecutiva, Radío tuvo la respuesta de la URCDP que esperaba. Según el dictamen, el IRCCA sólo podrá entregar esa información «con el previo consentimiento del titular del dato o si se asegura su debida anonimización». Según Radío, el IRCCA no está en condiciones de «anonimizar el dato», por lo que sólo podría hacerse con el consentimiento expreso de las personas. Lo contrario podría ser perjudicial para la política de drogas.

¿Le sorprendió el planteo del MI de acceder a esta información?

No, para nada. En lo personal, no atribuyo intencionalidad negativa. Me parece que el MI pretende cumplir su labor de la mejor manera posible y, si le parecía que esa información le facilitaba su labor, está bien que la requiera. Creo que la norma no nos autoriza [a entregarla] y este informe, hasta donde leí, me parece que ratifica esta postura. Distinto es si se procura una modificación legislativa; allí las reglas de juego serían otras.

En los grupos de autocultivadores y de clubes cannábicos se habló de una criminalización de los usuarios de marihuana por parte del MI. ¿Usted comparte esa idea?

Más o menos. La postura del ministro [Jorge Larrañaga] es que estos datos le permitirían cumplir mejor su rol, con el argumento de que, a veces, a los clubes cannábicos los roban y que, sabiendo la localización, se podría hacer prevención. Puede ser. Eso no lo cuestiono. No creo que haya una intención de criminalizar, pero también creo que es un camino que la ley no habilita. Y está bien que no lo habilite.

¿Recibió reclamos de asociaciones de autocultivadores o de clubes cannábicos por este tema?

Reclamos no, reuniones sí. Me manifestaron su preocupación; no les gustaba la idea. Pero es bueno aclarar: primero, nosotros no hemos dado información y, segundo, nos parece bien que estuvieran preocupados. Nosotros tenemos que tratar de procurar que la política fluya, que se desarrolle, y nos parece que el camino es el cumplimiento estricto de la norma.

¿Se ponía en riesgo la política de drogas en caso de terminarse con esta reserva?

Cuando llegué a la Secretaría de la JND, uno de mis primeros planteos fue eliminar el registro, y algunos autocultivadores, sobre todo, me dijeron que no, que para ellos el registro representaba una garantía frente a eventuales conflictos con la autoridad. Por eso retiré esa propuesta, aunque sigo pensando igual. No sé si se ponía en riesgo, pero había una situación complicada. Si a un autocultivador, cuando lo registro, le digo que estos son datos sensibles, que no se los voy a dar a nadie y se los termino dando al MI? No parece leal para con la persona que viene a hacer una gestión ante un organismo público.

La preocupación de los usuarios está asociada a una idea de retorno de las políticas de policiamiento sobre el cannabis. ¿Usted comparte esta visión?

No coincido con el diagnóstico. Los seres humanos convivimos con las drogas desde hace muchos milenios. En el último siglo, se hace un experimento que es prohibir; el prohibicionismo es un experimento que ha resultado muy mal: ha aumentado la variedad, la cantidad, el consumo y el precio de las drogas. Les hemos hecho un gran negocio a los narcotraficantes. Hijos del prohibicionismo son la mayoría de los males que nos toca vivir hoy con respecto al uso de drogas. Uruguay ha sido una isla en eso, no a partir de 2013, desde siempre. En plena dictadura, la norma reconocía el derecho a tener droga para uso personal, una cantidad mínima, decía la ley de 1974, y en 1998 otra ley decía una cantidad razonable. Mucho antes de 2013, la doctora Adela Reta reivindicaba el autocultivo de marihuana en una comisión parlamentaria. Este país no tuvo una perspectiva criminalizadora. Capaz que hay un trasfondo cultural, sí, pero desde el punto de vista normativo ha sido una legislación más bien liberal.

Un informe del Grupo de Estudios en Política Criminal del Uruguay afirma que, con los cambios aprobados en los últimos meses -incluidos algunos en la LUC-, se está desmontando la política de drogas. ¿Qué dice al respecto?

Lo leí, pero no estoy de acuerdo. Acá no se va a desmontar nada. Uruguay, junto con otros países, tiene que seguir siendo un buque insignia en este tema. Canadá es el ejemplo paradigmático: asumió esta política, echa para adelante y hoy lidera en el mundo este debate. Del otro lado, están los países que tienen otra perspectiva: China, Rusia, los países árabes. Y hay otros países que hacen un discurso contrario, pero están haciendo lo mismo, como Estados Unidos. Cada día más y más Estados se suman a la legalización, pero no durante el gobierno de [Joe] Biden, durante el gobierno de [Donald] Trump. Quiero insistir en que nadie va a desmontar nada. Frente a la norma, tenemos dos caminos: la vemos como un obstáculo o un problema que debemos tolerar, o la vemos como un camino. Yo creo que esta tiene que ser la perspectiva: el camino es cambiar el paradigma en el mundo, derrotar el prohibicionismo. ¿Esto quiere decir que las drogas son inocuas? No. Eso es otra discusión. El límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido no tiene nada que ver con que una sustancia sea saludable o sea perjudicial para la salud. La historia ha demostrado que el prohibicionismo fue un fracaso y hay que derrotarlo. Y su expresión máxima, la guerra contra las drogas, demostró que era un Hiroshima después de la guerra mundial: no ha quedado piedra sobre piedra.

¿La ley de regulación del mercado de la marihuana es efectiva para cambiar este paradigma?

Es un primer paso, hay que seguir. Es un camino, una posibilidad. Esta ley es perfectible, se pueden hacer muchas más cosas. La realidad que vive Uruguay sobre el tema no es la panacea, y por eso mismo tenemos que seguir oxigenándonos.

¿Se le ha quitado mercado al narcotráfico con esta ley?

Yo no voté la ley, pero para mí de ninguna manera el objetivo es derrotar al narcotráfico. El objetivo tiene que ser una perspectiva de derechos; un efecto secundario, deseable, es que, además, se le quite mercado al narcotráfico. El protagonista de la política pública no puede ser el narcotráfico, deben ser los derechos de la ciudadanía. Creo que sí se le ha quitado mercado al narcotráfico, pero en una proporción relativamente escasa. Hoy tenemos unas 60 mil personas dentro del mercado regulado y sabemos que hay más de 250 mil usuarios ocasionales o habituales de cannabis. Ergo, todavía estamos lejos.

La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de los consumidores de cannabis en Uruguay tras la aprobación de la ley. ¿Es así?

Naciones Unidas no hace estudios de opinión pública en Uruguay, tiene los datos que nosotros le damos. En mi opinión, lo que a ellos, aparentemente, les preocupó es una buena noticia. Que haya más gente dentro del mercado regulado no es una desgracia, es una suerte. Lo deseable es que aumenten aún más las personas que entran al mercado regulado. Para eso tengo que sacar a los usuarios de cannabis de ese mercado clandestino.

Una de las críticas de algunos opositores a la ley, que hoy integran la coalición de gobierno, era que esta podía fomentar el consumo de drogas.

Esa idea no estuvo ni en mi cabeza ni en la del presidente de la república [Luis Lacalle Pou], que no votamos la norma por otras razones. Pero, en todo caso, lo que muestra la experiencia es que eso no sucedió. El número de usuarios de cannabis aumentó. ¿Por encima de lo esperable? No. Si uno mira la gráfica de aumento de los consumidores, la pendiente de crecimiento no se quiebra tras la aprobación de la norma, sigue con la misma inclinación. Sigue aumentando en la misma magnitud con la que venía aumentando; no hubo una incidencia directa ni a favor ni en contra. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos aprobado la norma? No podemos hacer historia contrafáctica, pero sí podemos ver qué pasó en otros países, y constatamos que aumentó mucho menos que en Chile y que en España. Si se discrimina por edad, vemos que el aumento se produce más en personas adultas y menos en jóvenes, y también ha aumentado la edad de inicio de consumo. Esos son datos positivos.

¿Qué valoración hace de que el sistema de venta en farmacias no esté extendido en todo el país?

No sé si este problema se puede solucionar, pero se puede mejorar. Teníamos una dificultad, que es la escasa producción de cannabis porque sólo había dos empresas habilitadas para hacerlo [ICC y Symbiosis] y no se sabía cuánto podíamos abrir el mercado, si existía demanda. No se podía habilitar más farmacias porque no teníamos producto. Hoy tenemos producto y, por eso, en estos días habilitamos dos nuevas farmacias: ahora hay 16 [habilitadas para vender] y estamos seguros de que antes de fin de año vamos a tener 20. Hay algunos departamentos donde hay dificultades, donde no tenemos ninguna farmacia interesada. Ahí tenemos que tener la cabeza abierta para buscar alternativas.

¿Como cuáles?

Que haya establecimientos específicos de venta de cannabis o que se pueda habilitar la venta en otros comercios distintos a las farmacias, con una máquina expendedora. Hay que agudizar el ingenio y pensar. Pero antes hay que pensar cómo mejoramos la situación actual. Lo positivo es que estamos teniendo oferta, vamos a poder medir el mercado; antes estábamos en un círculo vicioso del cual no podíamos salir. Ahora tenemos una tercera empresa que comenzará a producir [Jabelor SA, de capitales chilenos] y las empresas habilitadas empezaron a producir más. Otro problema es que el cannabis que se vende en las farmacias tiene un porcentaje bastante bajo de THC: el paquete dice menos de 9 por ciento, y tiene un 6 por ciento. Y hay algunos usuarios a los que no les gusta, que les parece que no pega. El camino es habilitar una nueva variedad de cannabis, con mayor porcentaje de THC, por encima de 10 por ciento, para recuperar mercado.

¿Ese aumento en el porcentaje de THC ya está planteado?

Sí. Es una definición del IRCCA. No se está inventando una sustancia que no está habilitada. De hecho, los uruguayos usan cannabis con bastante más porcentaje de THC, porque lo cultivan o porque lo adquieren en clubes cannábicos. Lo único que estamos haciendo es introducir esta variante en la tercera vía de acceso. Con esto vamos a recuperar mercado y también vamos a mejorar la rentabilidad de las empresas, que es una de las quejas que tenemos. Las empresas dicen que tienen o tenían números rojos. La lógica del sistema para una empresa privada es el afán de lucro, no puede trabajar a pérdida, y si se pone una variante con mayor cantidad de

THC puede tener otro precio, y ahí podemos tener un mercado con más atractivo y que las empresas tengan la rentabilidad que están demandando.

¿El gobierno pensó la posibilidad de habilitar la venta de cannabis a extranjeros?

Sí. Propuse la posibilidad de vender cannabis a turistas. Fue una idea que largué como un globo sonda, pero en la que hay que insistir. Estas cosas no son de corto plazo, pero está presente en mi cabeza. En algún momento será normal que la gente entienda que, si puede tomar un whisky o un vermout, también puede fumar un cigarro de cannabis. Es perjudicial para la salud, pero a los adultos hay que tratarlos como adultos.

¿Usted es partidario de legalizar otras drogas? ¿Están dadas las condiciones para hacerlo?

De ninguna manera. El terminar con el prohibicionismo está asociado con una tensión permanente con qué grado de maduración cultural tienen las sociedades para asumir esto. Hay algunas sustancias en las que la legalización no se puede hacer en forma aislada por un país, se requieren consensos internacionales, hasta por los modos de producción de esas sustancias.

¿Por ejemplo?

La cocaína. Hasta donde mis ojos ven, en el horizonte no hay ninguna posibilidad de legalizar otras sustancias.

LOS DILEMAS

¿Existen diferencias en la coalición de gobierno vinculadas con la temática de drogas?

Supongo que sí. Pero quien está al frente de la secretaría es quien habla, porque así lo decidió el presidente de la república. Esta es la línea. En Uruguay no se va a desmontar nada, al menos, mientras yo esté aquí.

¿Esta línea tiene el respaldo del presidente de la república?

Por supuesto.

¿Qué le dijo Lacalle Pou cuando se produjo este contrapunto con el MI por el acceso a la información de autocultivadores y de clubes cannábicos?

Nunca lo conversamos.

¿Cómo visualiza la política de intensificar el combate al microtráfico de drogas? ¿Es una solución correcta para el problema de las drogas?

No es mi competencia. Es una decisión estratégica del MI que yo respeto.

La LUC estableció un incremento de penas para los delitos de microtráfico. ¿Comparte estos cambios?

No es mi competencia. En principio, yo no… No es mi competencia.

¿El gran mercado de drogas es afectado cuando se envía a prisión a una persona por microtráfico?

Supongo que es un componente más. Pero, reitero, no es mi competencia.

¿Usted considera que se debería habilitar el consumo de marihuana en los centros penitenciarios?

No tengo certeza ni una posición última sobre este tema. En estos días estuvimos discutiendo ese tema con el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, con quien tengo, por cierto, mucha sintonía.

¿El comisionado parlamentario planteó el uso de cannabis en estos centros?

Sí, como una posibilidad. Le reitero: no tengo una posición definitiva, pero tengo la cabeza abierta.

Hace un tiempo el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo que el negocio de la marihuana -incluido el uso de cáñamo industrial y el uso medicinal- podría generar importantes dividendos económicos para el país. ¿Comparte esta visión?

Sí. De hecho, en Uruguay ya hay muchos millones de dólares invertidos en cannabis. Muchos millones. Y podría haber más. Nos está faltando liderazgo en el tema y lo digo autocríticamente. Nos está faltando capacidad de demostrarle al mundo que somos un país en el que se puede invertir en este tema. Para eso deberíamos tener mayor claridad conceptual, un norte bien definido, y no estar en estas discusiones sobre si la política de drogas se va a desmontar o no. Tenemos que asumir una actitud de liderazgo a nivel nacional y del mundo, de decir «el mundo va para allá» y definir si vamos a timonear o si vamos a ir como furgón de cola. Hay una posibilidad de negocios, respetando el derecho de las personas y estableciendo las cuestiones vinculadas a las personas que hacen un uso problemático de drogas.

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