SEMANARIO VOCES- Febrero de 2018

Gonzalo Pérez del Castillo – 11/02/2018

Siempre agradeceré a Hugo Batalla  la oportunidad que me ofreció de dirigir el proyecto de modernización del Poder Legislativo en el Uruguay (1995-1997). Yo había recientemente  regresado  de un periplo de 30 años fuera del país durante el cual  me recibí en Australia y trabajé profesionalmente para  Naciones Unidas. Confieso que jamás  había logrado entender  por qué el Uruguay- con el capital humano, natural  e institucional que poseía-  era un país subdesarrollado. En esos dos años lo comprendí todo.

Los parlamentos se crearon originalmente  para el control del gasto, es decir,  poner un límite a los impuestos que decretaba el Soberano (un Rey). Pero resulta que, en mi país, el organismo responsable del control del gasto incurría en un bochornoso despilfarro de recursos propios y era totalmente incapaz de controlar el gasto del  Ejecutivo. No  tenía (ni quería tener)  los medios técnicos para hacerlo. El desproporcionado presupuesto parlamentario  se repartía mayoritariamente entre más de 1500 funcionarios todos ellos, con la excepción de los taquígrafos y pocos más, contratados a dedo.

Con esta desconsolada  premisa vayamos a las preguntas.

¿Hasta cuándo se va a  manejar el Estado de esta manera? Hasta que los legisladores (los representantes del pueblo que paga impuestos)  se den cuenta que esta es su responsabilidad y empiecen por aplicar la medicina en su propia casa. De no ser así, ¿qué autoridad política y  moral tendrían para exigir reformas, recortes, cumplimiento de metas y  mayor profesionalismo en el resto de la administración pública?

¿Han perdido toda noción de ética algunos gobernantes? No. Da la sensación de que esto ha sido siempre así.  Hay gobernantes inmorales y hay otros, no todos,  para quienes  la noción de ética  se circunscribe a la esfera  individual. “¡Yo no me metí nada en el bolsillo! ¡Yo soy pobre!” exclaman con jactancia quienes incurrieron en colosales malversaciones de recursos públicos bajo su responsabilidad administrativa.  Corresponde señalar que hay gobernantes ejemplares también.

¿Hay que prohibir el ingreso de familiares? No necesariamente. Si el familiar está calificado y es de toda confianza para un cargo de alta sensibilidad política, puede ser la persona ideal. Lo mismo se aplica a los cargos de confianza y los asesores. El Poder requiere manejar temas delicados, las negociaciones exigen confidencialidad, algunas gestiones estratégicas necesitan ser secretas. Un  jerarca debe disponer  de gente de su absoluta confianza personal y política. El problema es cuando esto adquiere proporciones epidémicas y hasta los cargos estrictamente técnicos o administrativos  se reparten por cuota política. Lo cual, dicho sea de paso, destruye cualquier posibilidad de carrera profesional seria en la administración pública. Tal vez una prohibición temporal sea útil…a solo  efecto de detener la epidemia.

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