Fuerzas armadas y sociedad

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Por Hebert Gatto

Con la conformidad de todos los partidos políticos las fuerzas armadas uruguayas, han pasado de modo complementario a desempeñar funciones anteriormente limitadas al ámbito civil. Desde recoger basura, hasta actividades sociales como colaborar con el MIDES en la atención de necesitados o a su reciente cometido de guardia de frontera incluyendo la represión de delitos como contrabando o abigeato. Todas tareas reguladas por la ley 19,667, promulgada el 26.l0.18 y reglamentada por decreto 92/20 por el anterior gobierno de Tabaré Vázquez, claramente por fuera de la defensa “strictu sensu” considerada. Un régimen normativo minucioso y garantista -incluso somete este tipo de actividad militar a las previsiones de la resolucion de las Naciones Unidas 34/169 del 17.12.79-, pero que no fue consecuencia de una profunda discusión social sobre que ejército preferimos. O más allá de ello, si es que alguno nos conforma.

Las fuerzas utilizarán sus atribuciones como “apoyo” a las instituciones competentes debiendo patrullar, identificar personas, controlar vehículos y realizar detenciones en caso de flagrante delito. Por su parte el decreto reglamentario, profundiza su modo de actuación, aclarando que de adoptarse medidas coactivas estas deberán ser “racionales, progresivas y proporcionales”. Disposiciones que más allá de detalles parecen adecuarse a un tratamiento respetuoso de los derechos de los habitantes de la República. No por ello deja de ser cierto que si el país requiere un ejército apto para tareas comunitarias, también lo es que muchos, con buena memoria, resienten que el mismo, en este rol, adquiera, un prestigio que sus antecedentes ni validan ni pueden ser olvidados. Y ello en cuanto estas flamantes funciones, no merecieron por parte de la sociedad uruguaya, civil y política, la reflexión y discusión que el asunto hubiera merecido. Nadie las promovió.

Al presente, a pesar que nos acercamos al medio siglo desde el golpe de 1973, es notorio que subsisten temas donde, las responsabilidades sobre su génesis y característica, no han sido satisfactoriamente resueltas. Tanto es así que, ignorando el instituto de la prescripción y el principio de legalidad, se continúan procesando ex militares por delitos cometidos hace más de treinta o cuarenta años. Se dirá que es hora de doblar la página. El tiempo no transcurre en vano y año tras año el país incorpora generaciones que poco conocen de aquél infausto paréntesis, que además, poco les interesa. Aún cuando no sea ése el sentir de sus sobrevivientes ni de los atentos a nuestro pasado. Resulta notorio que ni siquiera, como los hermanos argentinos, contamos con un preclusivo “Nunca más”.

Por eso, la superación del trauma que supuso la dictadura, la prohibición de su retorno, no puede conseguirse únicamente por la simple y elíptica vía de encargar a los militares tareas humanitarias o civiles, simultáneamente castigarlos por delitos prescriptos y al tiempo celebrar su cooperación institucional. Esta es una medida, que aún cuando no haya sido adoptada para superar el pasado, e incluso pueda ser necesaria, por sí sola revela incongruencia en relación a lo ocurrido. Barre bajo la alfombra; reitera lo ya hecho con la nueva historia uruguaya en versión guerrillera. Omite enfrentar el pasado francamente.

Habilidades

Publicado el

julio 20, 2020

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