¿Justicia o Política?

¿Justicia o Política?

Escribe: Hebert Gatto

Días pasados el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, aspirante a Presidente, efectuó declaraciones en el Comité 1º. De Mayo de su coalición. Las mismas ya fueron negativamente comentados por parte del Directorio del Partido Nacional, que consideró que “agreden la separación de poderes y la independencia de los magistrados”, pero ellas siguen, por su implicancia, mereciendo consideración. En esa oportunidad Murro se lamentó que tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no haya jueces pertenecientes al Frente Amplio.

Atribuyó esa carencia a un “exceso de democracia”, defecto que justificaría que esa colectividad política tampoco tampoco esté debidamente representada en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas. Ernesto Murro no es uno más entre los ministros del actual gobierno. Preso por tupamaro durante cinco años, luego de liberado fue miembro del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay al que renunció en 1992. Representó a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social.

Con el primer gobierno del F.A. fue designado como presidente del mismo. Reelecto en el cargo por el gobierno de José Mujica, sería luego nombrado Ministro de Trabajo en Febrero de 1995, cargo que actualmente desempeña. Se trata por ende, de un hombre capacitado, altamente versado en temas de previsión social y con larga experiencia en la vida sindical. Por eso sorprende e
inquieta que luego de años de ocupar cargos de gobierno, donde ha fungido como autoridad ideológica de la izquierda y figura relevante en el relacionamiento con los sindicatos, pueda efectuar apreciaciones tan lesivas para las instituciones.

En la República Oriental del Uruguay los integrantes de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son nombrados por la Asamblea General, por votación conforme de dos tercios de sus integrantes. Si esa mayoría no se logra, ascienden por antigüedad entre los componentes de los Tribunales de Apelación. La misma mayoría se requiere para la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Siguiendo principios sancionados por la Carta Magna en 1215, fundamentados por Montesquieu en 1748 y, desde entonces, recogidos por las Cartas democrático liberales del planeta, los jueces son magistrados independientes de los dos restantes poderes cuyo cometido específico es el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir la aplicación de la justicia, tanto entre los integrantes de la sociedad como de ellos frente al Estado. Función que requiere especial versación. De allí que las altas mayorías
legislativas requeridas para su designación, los ponga, en principio, a cubierto de las ambiciones partidarias. Este es el abc de la teoría política democrática. Sin embargo, el Ministro Murro desconoce estos básicos principios –que fundan el liberalismo y la democracia- y pretende instaurar nuevos tiempos donde los jueces, inclinando su cerviz ante la política, sean elegidos
según su pertenencia política. Si eso no ocurre en el Uruguay –sostiene- es porque se practica un exceso de democracia. Cuesta decidir que es más terrible, ¿su propuesta o la forma de justificarla?. Por más que sea claro que ambas obedecen a una fórmula consagrada en el F.A: la política por delante del derecho.

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