La cultura del delito

Los asentamientos se definen como aquellos espacios donde coexisten por lo menos diez viviendas sobre terrenos ajenos (públicos o privados) construidas sin respetar la normativa urbanística correspondientes y  con dificultades para sus habitantes para acceder a los servicios sociales. En nuestro país de acuerdo a la organización “Techo Uruguay” hay 656 asentamientos que reúnen alrededor de 60.000 viviendas habitadas por entre l80.000 y 220.000 personas, que con elementos generalmente precarios levantan sus casas. En las periferias urbanas y suburbanas de Montevideo existen aproximadamente 346 asentamientos con alrededor de 130.000 ocupantes, alrededor del 10% de la  población de la ciudad. El 33% de sus viviendas carece de agua potable, 86% de las mismas no tienen saneamiento ni, muchas de ellas, energía eléctrica regular. Están sometidas con excesiva frecuencia a calamidades naturales como incendios e inundaciones o a la eventualidad de desalojos. Los asentamientos reúnen los mayores niveles de pobreza juvenil, desocupación y deserción educativa del país. Con esta desgracia social, con mayor o menor indiferencia hacia ella, convivimos día a día los restantes uruguayos.

En la década corrida entre 1985 y 1995 los asentamientos duplicaron largamente su número con un impulso que fue decreciendo paulatinamente, pero sin detenerse totalmente hasta el presente. Hacia el 2006, cuando fueron censados, alcanzaban a 676 –veinte más que actualmente- con algo menos de viviendas (alrededor de 53.000) y un número de habitantes similar al actual. En el 2011, según las estimaciones de la época, los asentamientos se habían reducido a 579, bajando el número de sus ocupantes a aproximadamente 165.000.  Actualmente, como vimos, alcanzan a 656 y sus habitantes a una mínima estimada de 180.000. Con lo que puede admitirse que en los últimos veinte años su crecimiento tiende a estancarse. Lo que no deja de ser una buena noticia.

Paralelamente a este proceso el país, bajo condiciones económicas internacionalmente inéditas, ha disminuido sensiblemente el número de pobres e indigentes. De 28% en 2006 al actual 8.1%. Seguramente este hecho ha tenido efectos importantes en la estabilización del número de asentamientos. Por más que la Academia coincide en que los factores que impulsan su proliferación no son únicamente económicos, también influyen cambios sociales más profundos que generan la erosión del poder integrador del estado social, aumentando la vulnerabilidad de sus sectores menos cualificados.

Lo expuesto significa que Uruguay, a diferencia de otros países del continente consiguió estabilizar su deriva residencial. Tan discriminante para los expulsados. Sin embargo al unísono, de modo inesperado, aumentó desproporcionadamente sus índices delictivos. En el 2018 los homicidios crecieron un 46% y las rapiñas un 54%. Un avance sostenido que hace pensar que la violencia delictiva tiene causas que si bien se vinculan genéricamente tanto con la pobreza como con la marginalidad de asentamientos y periferias deprimidas, su aumento no puede explicarse únicamente por estos factores. Y sí con la creciente consolidación de una subcultura delictiva, donde se inmiscuyen otras variables. Probablemente aumento en el consumo de drogas y fallas educativas generalizadas. Extremos que merecen verificarse.

Escribe: Hebert Gatto

Habilidades

Publicado el

mayo 13, 2019

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