La pérdida de puestos de trabajo: La madre del borrego

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La pérdida de puestos de trabajo: La madre del borrego

Pablo Mieres

Estamos recorriendo pueblos y barrios en diferentes Departamentos del interior del país y en Montevideo, y hay una constante que se repite de manera permanente y creciente, la gente está preocupada, escéptica y angustiada ante la situación de pérdida de fuentes laborales que se suma a la inseguridad preexistente.

La pérdida de puestos de trabajo se extiende progresivamente en todo el país con la consiguiente inestabilidad que provoca en la vida cotidiana de la gente, que observa, con angustia, la multiplicación de los casos de reducción de personal por parte de empresas medianas y grandes, a lo que se agrega el cierre de pequeñas empresas, muchas de ellas unipersonales. El gobierno acaba de proyectar algunas medidas de incentivo a la contratación laboral mediante la asignación de 15 millones de dólares para subsidiar salarios de nuevos puestos laborales, es decir que se establecerán reducciones impositivas para promover que las empresas contraten nuevos trabajadores.
Hay una cosa muy clara, estas medidas no van al centro del problema y, por lo tanto, seguramente carecerán de impacto significativo en la problemática laboral, porque el problema de fondo responde a un círculo vicioso que se ha instalado desde hace años en nuestro país, como resultado de errores en la definición de la política económica vigente.

En efecto, la crisis del empleo que estamos viviendo es consecuencia directa de la profunda crisis de competitividad que afecta a todo el aparato productivo de nuestro país. Obviamente, tiene un impacto adicional agregado, vinculado a la pésima cosecha de soja de este año, pero el telón de fondo es que los empleadores tienen graves problemas de rentabilidad que son el resultado del enorme peso que los
impuestos y las tarifas públicas poseen sobre la producción.

La crisis de competitividad del sector productivo se traduce en la decisión de los empleadores de reducir costos de producción en donde pueden. No pueden modificar la carga impositiva y tampoco pueden modificar el peso de las tarifas públicas, por lo tanto, ajustan por reducción de puestos de trabajo o simplemente no contratan nuevos trabajadores. El impacto excesivo de las tarifas públicas es particularmente visible en el caso del combustible y de la energía eléctrica.

En el caso del combustible es notorio el sobreprecio que desde comienzos de 2015 pagan todos los uruguayos cada vez que cargan combustible, pagan boleto, o usan maquinaria para la producción, como consecuencia de la catástrofe empresarial de ANCAP y la necesidad de recaudación del Estado. En el caso de la energía eléctrica, sabemos que el costo de este insumo tan relevante para la producción podría ser mucho más barato, pero nuevamente las necesidades fiscales del Estado determinan que no
se permita reducir la tarifa eléctrica. Estas decisiones gubernamentales están fundamentadas en la imperiosa necesidad de enjugar un déficit fiscal que, más allá de promesas electorales y miniajustes fiscales reiterados, no cede sino que, al contrario, muestra hoy niveles más altos que cuando comenzó este gobierno.

Es más, todo indica que en los próximos tiempos volverá a incrementarse ante la crisis de nuestros países vecinos y su inevitable impacto en los niveles de crecimiento de nuestra economía. Entonces, vamos al origen profundo del problema que el gobierno ha ignorado tozudamente desde que comenzó este gobierno: el exagerado nivel del gasto público que para este gobierno resulta un componente intocable. En efecto, allí está el origen de la problemática del empleo, el excesivo nivel del gasto público que durante estos años el gobierno del Frente Amplio propició de manera totalmente exagerada, aumentando el número de funcionarios públicos, cargos de confianza, incremento de estructuras que engrosan un enorme Estado paralelo plagado de ineficiencias que esquivan el control parlamentario y del Tribunal de Cuentas.

Que quede claro. No estamos proponiendo un recorte de las políticas sociales. Todo lo contrario, somos firmes defensores del gasto social y educativo. Creemos imprescindible la vigencia de políticas sociales eficaces para sostener a los más débiles, por supuesto que con un rotundo cambio de concepción para ir a políticas promocionales y dejar de lado el asistencialismo clientelar que las caracterizan hoy en día. Creemos imprescindible invertir en una profunda transformación educativa que ha estado lamentablemente ausente en estos años.

Pero estamos convencidos de que es urgente e imprescindible llevar adelante una profunda reforma del Estado a lo largo y ancho de las diferentes unidades ejecutoras para generar una sustancial y efectiva reducción del gasto público. Si no se recupera el nivel de competitividad del aparato productivo, y esto implica la reducción del peso de impuestos y tarifas, será imposible, por más medidas paliativas que se proyecten desde el gobierno, revertir esta tendencia de crisis laboral. Si no se reconoce dónde está “la madre del borrego” será imposible recuperar sustancialmente el ritmo de crecimiento económico y, por tanto, la oferta de empleo.

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