Leales ¿a quiénes?

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Por Marcelo Sosa Gabito

Uruguay es un Estado republicano y democrático de derecho, que funciona como tal. Es reconocido por diferentes instituciones internacionales como una democracia plena, en donde la libertad y el funcionamiento de las instituciones son hechos constatables y un sello de identidad de la nación. En ese marco, la división de Poderes del Estado y el respeto a cada uno de ellos, es una premisa que debemos seguir proclamando, cuidando y defendiendo para mantener las instituciones y las garantías de todos los ciudadanos. 

No es nada bueno que el Sistema de Justicia (Fiscalía y Poder Judicial) sea atacado, vituperado o amenazado por integrantes del Poder Legislativo, como tampoco, si fuera el caso, por integrantes del Ejecutivo. Porque una cosa es manifestar discrepancias, eso es natural y está dentro de los derechos de cada uno en el uso de las libertades y garantías que todos tenemos. Otra cosa es atacarlo con acusaciones de estar actuando con apartamiento de sus deberes, de hacerlo malintencionadamente, violando sus principios básicos de respeto a los derechos humanos y de darle garantías a todas las partes involucradas en un juicio.

En este sentido, las expresiones y acciones que vienen desarrollando algunos de los dirigentes y legisladores de primerísimo nivel de Cabildo Abierto son absolutamente repudiables, por no ajustarse a la realidad, por denostar a las instituciones republicanas y democráticas del país y porque parecen formar parte de una estrategia política partidaria oportunista y desleal.

Es muy notorio que Cabildo Abierto tiene profusos vasos comunicantes con la llamada familia militar, cosa que no es un problema, pero sí lo es la cercanía que tiene con protagonistas del período dictatorial. Eso, sumado a que acuna en su seno un discurso denigrador de la justicia y de la plena vigencia del Estado de Derecho. Este movimiento político se ha transformado en un portavoz no oficial, pero portavoz al fin, de quienes niegan los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquel funesto período y que hoy, desde puestos de poder democráticamente obtenidos, pretenden imponer un relato que desvirtúa la realidad, manipula los hechos y atenta contra la salud de nuestra democracia. Todo por mantener lealtades corporativas, en su peor versión.

Está claro que no es el único actor que ha construido un relato lleno de imprecisiones y falsedades, hay otros. Todos ellos pretenden imponer su versión que, por supuesto, mejora, edulcora o niega sus acciones del pasado, a veces, transformando a esos actores en héroes que no fueron o en defensores de la democracia cuando en realidad habían arremetido en su contra. El uso de esta práctica discursiva coincide, en su forma, con la que han desarrollado quienes promovieron al líder de Cabildo Abierto a los más altos cargos militares  y que, a la postre, fueron sus mentores políticos. La misma lógica, quizás por aquello que decía quien fue Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y avalaba José Mujica: “somos todos camaradas”.     

Recordemos que Manini decidió el comienzo de su carrera política en plena gestión como Comandante en Jefe del Ejército. Esa decisión consciente y perfectamente planificada, fue un clarísimo acto de abuso y deslealtad a la confianza que le fue otorgada institucionalmente. Y de paso, inició un camino de ataque al Sistema de Justicia que ya lleva varios capítulos. Ahora, en el momento en que el Senado de la República se apresta a discutir su desafuero, en una sospechosa coincidencia, Cabildo Abierto despliega toda su artillería discursiva y propositiva para atacar y vilipendiar a la Fiscalía, denigrar a todo el Sistema de Justicia y, por si fuera poco, pretender volver a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¡Un verdadero disparate!

Desde sus cargos militares, especialmente como Comandante en Jefe del Ejército, tuvo la oportunidad y las herramientas para contribuir con la Verdad y la Justicia, pero en aquel momento, como ahora, prefirió otras lealtades. En eso, nada ha cambiado. Lo que sí cambió es su rol como funcionario público y su responsabilidad política. Hoy es Senador y es líder de un partido político integrante de la coalición de gobierno que tiene responsabilidades en el gabinete y compromisos políticos que debería respetar, pero, prefiere recorrer un sendero cargado de amenazas y de oportunismo político. En este contexto, vale la pena volver a preguntarse si el Senador Manini y su partido, estarán dispuestos a cumplir con lo firmado en el llamado “Compromiso por el País”, que es la base de acuerdo de la coalición de gobierno y que contiene los siguientes puntos:

“• Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos.

• Nos comprometemos a llevar adelante políticas públicas acordes con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico Universal al que nuestro país está sometido como parte del compromiso global de defender una vida digna para todas las personas. No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras.”

Las  dudas surgen a partir de la política desafiante que Cabildo ha tenido y la permanente generación de hechos políticos, que parecen ser parte de una estrategia partidaria meticulosamente estructurada y cuidadosamente desarrollada. Esto se puede exponer con unos pocos ejemplos, la mayoría con Manini como protagonista, que ilustran la situación: el video a las tropas militares que se difundió horas antes del balotaje, los permanentes obstáculos a la hora de buscar un candidato de la coalición a la Intendencia de Montevideo (incluida la postulación del propio Manini), el planteo en la media hora previa del Senado en contra de la Fiscalía y realizado en un día de mucho simbolismo, las interpelaciones realizadas a cuatro ministros, el pedido de destitución del Fiscal General que incluyó una amenaza de retiro de la coalición y la propuesta de reinstalar la ley de caducidad.  

En síntesis, en el discurso y en las acciones de Cabildo Abierto hay cuestiones para tener en cuenta. La más clara y directa es un permanente y cada vez más virulento ataque al Sistema de Justicia del país. Por detrás de esto, hay una férrea defensa del ocultamiento y el silencio sobre lo sucedido durante la dictadura. Por último, existe un “tironeo” permanente con el gobierno y la coalición, una actitud que parece querer “marcar la cancha” y hacer un juego de oposición en el gobierno.

Continúa escaseando la lealtad, el apego a la institucionalidad, el respeto y la defensa de los derechos humanos.

Habilidades

Publicado el

agosto 4, 2020

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