Lealtades, compromisos y perfilismos políticos

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Por Lic. Juan Carlos Rodríguez  /  Lic. Marcelo Sosa Gabito

Estamos transitando un momento sin precedentes en la historia de la humanidad, por la pandemia y sus características, por lo sorpresivo de su aparición y la velocidad de su avance, porque sus consecuencias no distinguen entre países y porque se desarrolla en un mundo globalizado e hiperconectado, que al mismo tiempo apela a las acciones de los Estados Nacionales para su combate y superación. Es tiempo de incertidumbres, es tiempo de acción de los gobiernos nacionales, es tiempo de unidad, de solidaridad y de lealtades institucionales.

Uruguay es un Estado republicano y democrático de derecho, que funciona como tal. Es reconocido por diferentes instituciones internacionales como una democracia plena, en donde la libertad y el funcionamiento de las instituciones son hechos constatables y un sello de identidad de la nación. En ese marco, la división de Poderes del Estado y el respeto a cada uno de ellos, es una premisa que debemos seguir proclamando, cuidando y defendiendo para mantener las instituciones y las garantías de todos los ciudadanos.

Hace un mes y medio que asumió el nuevo Gobierno Nacional y hace un mes que decretó la emergencia sanitaria en el país por la llegada de la pandemia del Covid-19. En este cortísimo periodo de tiempo, los hechos se han sucedido de forma vertiginosa y por momentos impredecibles. El Gobierno Nacional actuó con rapidez y proactividad en muchos asuntos. No era nada sencillo el desafío que se le planteaba cuando aún estaba comenzando a armar su estructura y aterrizando en cada uno de los organismos. El pragmatismo, la transparencia, el humanismo, la sensibilidad hacia los más vulnerables y el pensar en el día después a la pandemia son características que sobresalen en la gestión del Gobierno.

Los diferentes actores no tuvieron tiempo de acomodarse en sus nuevos roles cuando se instaló entre nosotros el covid-19. El Gobierno hizo lo que debía hacer y lo hizo con rapidez. Los partidos políticos, en el gobierno o en la oposición, fueron reaccionando de diferente manera a los nuevos desafíos. En este mes, ha habido quienes desde partidos integrantes del gobierno y partidos de la oposición han tenido la estatura política, la lealtad institucional y la condición ética que el momento necesita. Lamentablemente, hay otros que no. Están quienes desde la oposición hacen su juego para sacar tajada política de esta situación. También los hay desde alguno de los partidos de gobierno.  

No es nada bueno que el Poder Judicial sea atacado, vituperado o amenazado por integrantes de otro Poder del Estado. Porque una cosa es manifestar discrepancias, eso es natural y está dentro de los derechos de cada uno en el uso de las libertades y garantías que todos tenemos. Otra cosa es atacarlo con acusaciones de estar actuando con apartamiento de sus deberes, de hacerlo malintencionadamente, violando sus principios básicos de respeto a los derechos humanos y de darle garantías a todas las partes involucradas en un juicio. Es una acusación gravísima que se realiza sin aportar ninguna prueba y que se hace utilizando el recinto parlamentario como caja de resonancia.

Estas expresiones son absolutamente repudiables, por no ajustarse a la realidad, por ser desleales con las instituciones republicanas y democráticas del país y porque parecen formar parte de una estrategia política partidaria que es reprochable, además de inoportuna. En este episodio se juntaron dos estrategias que confluyen en un mismo actor, el Gral. retirado Senador Manini Ríos, que las resume en su persona. Primero, la estrategia de contraataque y de dar vuelta las cosas, que han desplegado algunos de los militares retirados que han sido acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, qué, paradójica y arteramente, realizan acusaciones a los funcionarios encargados de impartir justicia. Segundo, una estrategia político partidaria de generar un episodio, cada quince o veinte días, que le dé notoriedad pública a Manini Ríos, sin medir las consecuencias institucionales, políticas y de compromiso de cogobierno.

Recordemos que Manini decidió el comienzo de su carrera política en plena gestión como Comandante en Jefe del Ejército. Esa decisión consciente y perfectamente planificada, fue un clarísimo acto de abuso y deslealtad a la confianza que le fue otorgada institucionalmente. Y de paso, empezó a despotricar contra la Justicia, una, dos, tres veces.

En otro episodio de esta historia, hace algunos meses trancó, una vez sí y otra también, distintas opciones de candidatura a la Intendencia de Montevideo en nombre de la coalición multipartidaria. El colmo fue su autopostulación, en clara movida de perfilismo político mirando el 2024.

Con esos antecedentes, no es de extrañar que ahora, en el arranque mismo de su actuación como Senador de la República, utilice la media hora previa para volver a atacar a la Justicia.

Desde sus cargos en el Ministerio de Defensa Nacional y especialmente como Comandante en Jefe del Ejército, tuvo la oportunidad y las herramientas para contribuir con la Verdad y la Justicia, pero prefirió otras lealtades.

En este contexto, vale la pena preguntarse si el Senador Manini Ríos y su partido estarán dispuestos a cumplir con lo firmado en el llamado “Compromiso por el País”, que es la base de acuerdo de la coalición de gobierno y que contiene los siguientes puntos:

“• Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos.

• Nos comprometemos a llevar adelante políticas públicas acordes con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico Universal al que nuestro país está sometido como parte del compromiso global de defender una vida digna para todas las personas. No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras.”

En el discurso de Manini están implicados, al menos, tres cuestiones preocupantes. La más clara y directa es su ataque al sistema judicial del país, sin tener elementos que lo avalen. Por detrás de esto, hay una férrea defensa del ocultamiento y el silencio sobre lo sucedido durante la dictadura. Por último, un “tironeo” permanente con el gobierno, una actitud que parece querer “marcar la cancha” y hacer un juego de oposición en el gobierno.

Nuevamente escasearon la lealtad, el apego a la institucionalidad, el respeto y la defensa de los derechos humanos. Nada nuevo. Volvió a mostrar la hilacha.

Habilidades

Publicado el

abril 16, 2020

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