Lo que hay que hacer en política de seguridad

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Lo que hay que hacer en política de seguridad

Pablo Mieres

No sólo pedimos la renuncia del Ministro Eduardo Bonomi y su equipo, tampoco nos quedamos solamente en denunciar un cúmulo de irregularidades que deben ser investigadas. También planteamos, durante la interpelación al Ministro, cuáles son las líneas de trabajo que deberían desarrollarse de acuerdo a nuestra opinión, para lograr resultados en materia de seguridad.

Es inconcebible que un gobierno mantenga a un Ministro por más de ocho años sin que haya logrado resultados favorables en su gestión. Cualquier observador extranjero que no conozca nuestro país debería pensar que hemos tenido una mejora impresionante en materia de seguridad, porque no existe otro criterio que fundamente la continuidad tan extensa de un ministro en su cargo, casi como si fuera un cargo vitalicio. Sin embargo, todos sabemos que la inseguridad no ha hecho otra cosa que aumentar y que, particularmente, a partir de la segunda mitad del año pasado todos los delitos se han disparado y que la tasa de homicidios está superando un record histórico impactante y muy grave por sus horrendas consecuencias.

Nosotros seguimos señalando que el fracaso de la política de seguridad tiene raíces profundas vinculadas con el estentóreo fracaso de las políticas de integración social.
Por un lado, la catástrofe educativa, en donde también se sigue respaldando a un jerarca que sigue en el cargo desde hace más de seis años a pesar de sus pésimos resultados, que lleva a expulsar de manera impactante a los adolescentes y jóvenes que viven en contextos sociales más críticos. En vez de potenciar la equidad, dispara lógicas de desigualdad cada vez mayores.

Por otro lado, el incremento de los asentamientos irregulares y el fracaso de una política de vivienda que potencia la segmentación territorial, con sus consabidos efectos de marginalidad y exclusión.
Y finalmente, el fracaso de las políticas sociales que se centran en propuestas asistencialistas sin capacidad de recuperar a las familias en su integración a la comunidad. Porque una cosa es la reducción de la pobreza, que se mide en ingresos, y otra muy diferente es la integración social de los más débiles que se mide en capital humano (educación, empleo, vivienda) y la construcción de un sistema de normas y valores compartidos.
Pero, más allá de este telón de fondo, al Ministerio del Interior se le debe exigir resultados en su combate a la delincuencia. Y en esto, el fracaso resulta más que evidente.

Nosotros creemos que si bien desde el Ministerio del Interior se hizo un trabajo de recuperación de la profesionalidad policial consistente en una sustancial mejora de las remuneraciones y de la incorporación de tecnología y armamento actualizados, sin embargo la opción estratégica ha sido equivocada y es lo que explica el fracaso en los resultados.

Nuestra convicción es que desde el Ministerio del Interior se apostó a una forma de operación contra la delincuencia consistente en la centralización de la actividad policial represiva, concentrando los recursos humanos más calificados y la infraestructura en pocos centros operativos para, desde allí, atacar y reprimir el delito de manera contundente.

Sin embargo, esta estrategia se desarrolló junto a una grave y errónea deserción de la actuación policial permanente en el territorio a escala local. En efecto, la imagen actual de la estrategia policial muestra, sin dudas, un fuerte debilitamiento de las comisarías o seccionales policiales que se han convertido en meras oficinas administrativas encargadas de tramitar las denuncias.

La retracción de la presencia policial en los barrios, a nivel micro social, la falta de una estrategia de distribución de la policía en el territorio con prioridad en la detección inicial de los fenómenos delictivos, es lo que determina el evidente fracaso.

Nosotros estamos convencidos de que una política de seguridad exitosa requiere de una policía presente en los barrios, detectando dónde están las bocas de micro narcotráfico, los reducidores que reciben y redistribuyen los objetos robados y la gestación en momentos tempranos de organizaciones delictivas de mayor poder de fuego. Para ello, debería existir una red de comisarías fuertes a lo largo y ancho del territorio, con contacto directo y permanente con los vecinos y con las organizaciones locales. Las Mesas de Convivencia, el desarrollo de la policía comunitaria y, en especial, la presencia permanente de la policía en cada barrio son instrumentos indispensables.
Por el contrario, la presencia puntual de ingreso policial a zonas rojas para generar saturación y combate a “picos delictivos” tiene un efecto de poca duración. Se logra disuadir, pero no se resuelve el tema de fondo y una vez que las fuerzas policiales se repliegan, el fenómeno delictivo vuelve a expandirse.

Por otro lado, desde nuestro punto de vista, el instrumento del PADO es necesario pero insuficiente y sin la contrapartida de la presencia policial local fuerte, lo que produce el accionar del PADO es la dispersión del delito y su migración a otras zonas o pueblos en los que no existe la misma protección. Es por eso que hoy vemos el aumento de la inseguridad en zonas y pueblos donde hace poco tiempo no había problemas.

En definitiva, no sólo reclamamos la renuncia de las actuales autoridades sino que, como corresponde a un partido que pide el apoyo ciudadano para asumir responsabilidades de gobierno, además señalamos qué estrategias de seguridad habría que desarrollar para revertir esta grave y sostenida tendencia al aumento de la delincuencia y de la inseguridad.

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