Pequeños y medianos

Rodolfo M. Irigoyen

Febrero de 2018

La expresión “pequeños y medianos productores” aparece muchas veces formando parte de los reclamos del sector agropecuario, pero siempre, en las respuestas que da el gobierno, cuando las da, a dichos reclamos.

Porque “los problemas del agro” (dejemos de lado a los originados en fenómenos climáticos) tienen dos grandes componentes. El económico, expresión de problemas de competitividad que atañe a parte o a todo el sector y deriva tanto del exterior (precios internacionales, cuotas, aranceles etcétera) como de las políticas internas (cambiaria, impositiva, de precios y tarifas, ambientales, de inserción internacional etcétera).

El otro componente es el social, y en general se define por el conjunto de “los pequeños y medianos productores”. Éstos, dada su relativamente escasa  dotación de factores productivos (tierra, capital de trabajo, nivel tecnológico etcétera), suelen no alcanzar niveles de ingresos suficientes para un desarrollo familiar sostenible. Constituyen, junto a los asalariados rurales, la cantera social que nutre la secular migración campo-ciudad, en Uruguay y en cualquier país del mundo en que exista desarrollo económico

Los reclamos del campo, como el actual de los “autoconvocados”, aluden a los problemas económicos, que en mayor o menor medida atañen a todo el sector y se originan, salvo excepciones, en las políticas internas del ámbito macroeconómico. Y para fortalecer el mensaje, se hace mención explícita al componente social del problema, dado que en tiempo de vacas flacas, las de los “pequeños y medianos” son por supuesto las más flacas de todas.

El Poder Ejecutivo que arrancó ninguneando a las gremiales rurales en noviembre respondiendo a su pedido de reunión fijándola para el 23 de febrero (solo le faltó decir “vengan después del carnaval”), a mediados de enero cuando el descontento eclosiona y en dos semanas cubre al país, se reúne primero con las gremiales, luego recibe el comunicado del encuentro de Durazno y en pocas horas le da respuesta.

Y por supuesto solo considera el componente social del problema: es una ayuda a los pequeños y medianos productores de los subsectores en peores condiciones Pero no ayuda mucho. Astori estimó el costo del total de los apoyos prometidos ¡en 7 millones de dólares! aproximadamente el 1 por mil de las exportaciones anuales de origen agropecuario.

Y la política económica no se toca. Aunque en la política económica esté el problema, porque la competitividad del agro se juega mucho más en el Ministerio de Economía y Finanzas, incluso en el de Relaciones Exteriores, que en el de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Las implicancias del desarrollo tecnológico

En la Edad Media, en Europa, el 95% de la población vivía en el campo. Hoy, pocos siglos después, en los países desarrollados europeos menos del 5% de la población se dedica directamente a las tareas del agro. En el sXIX, cuando el monje y economista inglés Thomas Malthus -mientras se desarrollaba en su país la Revolución Industrial- publicó sus pronósticos catastrofistas relativos al futuro de hambrunas que esperaba a la humanidad, la población mundial no alcanzaba a los 1.000 millones de personas. Hoy llega a los 7.500 millones y no solo no hay hambrunas, sino que esa enorme población está mucho mejor alimentada.

Esas enormes transformaciones tienen una constante: el extraordinario proceso de avance tecnológico que está en la base del crecimiento, condición imprescindible para el desarrollo económico de la humanidad. Avance tecnológico que no solo no se detiene sino que se acelera, pasando por “revoluciones productivas” que cada vez se producen con menores intervalos de tiempo. En el último medio siglo las principales fueron 3: la de las semillas híbridas, la de los transgénicos y la de las TICs (Tecnologías de la Innovación y las Comunicaciones).

El desarrollo tecnológico lleva a un aumento permanente de las escalas de producción, tanto tecnológicas como de capital, proceso que inexorablemente va reduciendo los requerimientos de mano de obra, en simultáneo con el aumento de la calificación que la misma requiere. Cada vez en mayor medida, las empresas se vuelven “capital intensivas”. De este modo, van quedando marginadas las empresas “de menor tamaño económico”, con menores posibilidades de acompañar el permanente incremento de la escala tecnológica y financiera.

Y el proceso de intensificación que implica la incorporación de tecnología, es por lo general intensivo en el uso de energía, en sus distintas formas. En Uruguay, en rubros como el arroz o la lechería es alta la participación de la energía eléctrica, y en todas las cadenas productivas, el gasoil, que mueve toda la maquinaria agrícola y transporta toda la producción, es un insumo estratégico. De ahí que tanto la educación como los costos energéticos manejados por el Estado, sean claves para la competitividad sectorial.

El problema social

Pero el principal problema social que este proceso genera, no es el de la exclusión de los pequeños productores, que es inevitable por ser inherente al avance técnico y por consiguiente al desarrollo económico. El gran problema es que los que queden excluidos como productores, no dispongan de opciones dignas de reinserción laboral y familiar.

Porque en los predios pequeños, los aspectos económicos se confunden con los sociales, vinculados con la sobrevivencia del núcleo familiar y su estilo de vida, en particular en aquellos en que la familia vive en el predio y no tiene fuentes de ingreso provenientes de fuera del sector.

Por eso, las opciones de reinserción laboral  no deben ser visualizadas como ajenas al agro, como las trasnochadas  estrategias industrialistas, sino que un agro dinámico genera demandas de nuevos empleos y actividades de servicios de apoyo a la pre y post producción –como ocurrió en el trienio 2011/2013- económicamente más atractivas y culturalmente más cercanas, porque en principio no exigen modificar el “sistema de vida”.

Y esta dinamización sectorial, que solo puede provenir del sector externo y/o de la macroeconomía, es la mejor forma de descentralización, de impulso al desarrollo de pueblos y ciudades del interior, a no seguir multiplicando los asentamientos de marginados, a mejorar la cantidad y la calidad del empleo. Pero como somos tomadores de precios y no tenemos ni podemos esperar los de hace 5 años, tenemos que bajar los costos. Y eso es lo que piden los “autoconvocados” (además de los ingenuos que creyeron en las promesas electorales de la “Reforma del Estado”).

Para usar un término caro al elenco gobernante, las mejoras que brinde el gobierno deben ser “inclusivas”. Que incluyan a todo el sector, no solo a los que están “en números rojos”. Porque dado su efecto multiplicador, esa es la mejor forma de ayudar a los pequeños y medianos, ayudando a la vez, económica y socialmente a todo el país.

No porque los grandes necesiten ayuda para llegar a fin de mes. Lo que necesitan es que sus inversiones tengan un retorno positivo, para que no dejen de invertir, para que demanden trabajo y servicios, para que aumenten la producción, y no se vayan a hacerlo a otro lado. Por eso es falso el sonsonete oficialista de “sacarle al que más tiene para darle al que no tiene nada”.

Porque la única forma sostenible de darle a los que tienen poco o nada, es no impidiendo que entre todos, grandes, medianos y pequeños, se produzca cada vez más y de mejor calidad. Cuando la torta crece, crecen todas las tajadas. De ahí el acierto de que el movimiento de los “autoconvocados” se haya denominado “Un solo Uruguay”.

En definitiva

Que la gente bien intencionada que hay en el gobierno, no escuche a los que menean fantasmas desestabilizadores. Ni a los ideólogos capaces de transformar cualquier acontecimiento del ámbito rural en una manifestación de la lucha de clases en el agro. Ya se trate de una pelea a rebencazos entre dos paisanos, como del hecho de que el propietario de un campo se lo alquile a otro productor para que lo explote.

Y que quede claro. No se desconoce la importancia que puede tener una ayuda puntual –por pequeña que sea- a un reducido número de productores en situación crítica. Bienvenida sea. Pero no nos confundamos, esa ayuda “no mueve la aguja” de la situación de un sector que está en problemas. Y el conjunto de la economía ya lo empezó a percibir (se acelera el proceso de cierre de empresas rurales o vinculadas al agro) y lo hará con mayor impacto en el futuro cercano.

Aprendamos de Nueva Zelandia y Australia, países desarrollados que no reniegan de su base económica agropecuaria ni de exportar bienes primarios dentro de ámbitos de Tratados de Libre Comercio, y que adaptan sus políticas a los vaivenes de los mercados internacionales de sus productos de exportación, priorizando la competitividad sistémica del país.

Quizá si nuestro equipo económico intercalara algún viaje a Auckland o Wellington, a Sidney o Melbourne, entre los muy frecuentes a Washington, podríamos internalizar nuevas enseñanzas que nos volvieran más eficientes y competitivos en lo económico, para así poder desarrollar la solidaridad social con mayor responsabilidad y sobre bases más sostenibles. Porque la soberbia de creer que lo sabemos todo, es muy mala consejera.

Escrito en la 2ª. semana de febrero de 2018

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