¿Que se vayan todos, son todos iguales?

¿Que se vayan todos, son todos iguales?

Estas frases comienzan a escucharse en nuestra sociedad ante la multiplicación de episodios que ponen al descubierto la existencia de irregularidades y actos ilícitos de parte de diferentes actores políticos. Son cada vez más los uruguayos que descreen de la actividad política y tienden a afiliarse a un descarte generalizado de “los políticos” poniendo a todos en el mismo casillero.

Es entendible la reacción visceral de estos ciudadanos que se sienten defraudados por el surgimiento de diferentes casos de actuaciones vergonzosas de sus representantes. Porque los políticos somos representantes de los ciudadanos, somos mandatarios de sus decisiones y, por lo tanto, estos esperan que nos comportemos con honestidad, decoro y convicciones de honradez, porque nos confían los bienes y recursos públicos que son de todos los uruguayos.

Por lo tanto, la reacción inmediata es lógica. Es la respuesta natural ante la apabullante aparición de actos reñidos con la ética y con las leyes vigentes. Sin embargo, es una reacción injusta porque la generalización mezcla “bagres con tarariras”.

En efecto, no sólo es muy injusta con nuestro partido, en donde no ha habido ninguna situación de este tipo, sino con muchos dirigentes políticos de todos los partidos. Porque en todos los partidos, gobierno y oposición, hay muchos que actúan de acuerdo a normas éticas, que no violan las reglas de juego, que son honestos y honrados y que merecen la confianza ciudadana. Políticos “de todos los pelos” que se rigen por la búsqueda del bien común, de la felicidad general de los ciudadanos, que trabajan por una sociedad que tome en cuenta a todos.

Por eso es fundamental denunciar con energía y firmeza a los políticos que traicionan estas convicciones y ponen en riesgo la confianza de la gente en la política.

Por eso presentamos las denuncias penales por las irregularidades e ilicitudes en ANCAP hace dos años. Por eso, hace muchos años cuando eran otros los que gobernaban, nosotros presentamos denuncia parlamentaria para investigar las irregularidades de la CND en los años noventa. Porque esa es la forma de defender la buena política, separando y reivindicando a los que actúan con ajuste a las normas y a la ética de aquellos que desprestigian esta actividad.

Por eso es muy importante que el dictamen fiscal de esta semana haya confirmado la existencia de actos delictivos y haya solicitado los correspondientes procesamientos de nueve jerarcas vinculados con la gestión de ANCAP por numerosos y variados delitos.

Ciertamente, nosotros entendemos que los delitos cometidos fueron más (algunos de los hechos denunciados no fueron confirmados por el Fiscal) y, seguramente la gente esperaba que la sanción incluyera la prisión. Pero también es muy cierto que en cada uno de los hechos denunciados que no fueron incluidos en los pedidos de procesamiento, el Fiscal señaló que, de todos modos, se trataban de hechos irregulares, de faltas administrativas o de acciones que demostraban falta de cuidado por los recursos públicos.

También es cierto que las investigaciones continuarán y, en particular, queda pendiente de resolución fiscal un par de casos referidos a la esfera de actuación de ALUR, entre ellos nuestra denuncia por el uso de la tarjeta corporativa por parte de su ex Presidente y actual Senador, Leonardo De León.

La señal fue muy clara. No era “circo”, no era política menor lo que motivaba nuestra denuncia de hace dos años. Aquellas “gabardinas” trajeron estos pedidos de procesamiento.

Por cierto que en la semana, “casualmente” aparecieron denuncias sobre gastos vergonzosos de los jerarcas del BROU de hace quince años. Un intento de dirigentes de gobierno por desviar la atención hacia aquellas épocas, mostrando su cara más lamentable.

¿Alguien duda de que en los tiempos finales de los gobiernos de los partidos tradicionales los hechos y conductas irregulares o ilícitas se habían multiplicado? Sin dudas de que estas prácticas y otras, como las que denunciamos en su momento sobre la gestión de la CND, fueron parte de las razones por las que blancos y colorados perdieron el gobierno en 2005.

En aquellos tiempos también había un fuerte descreimiento con la política. Pero el Frente Amplio aparecía como la alternativa que haría las cosas diferentes, y la gente apostó a un cambio. Y el Frente Amplio prometió a la ciudadanía que actuaría de manera distinta.

Sin embargo, transcurrido el tiempo, queda en evidencia el fracaso del Frente Amplio en prevenir las irregularidades y conductas ilícitas. Pero, además, están siendo displicentes y omisos para sancionar internamente a los suyos que han actuado mal.

Pero, además, se han multiplicado de hechos vergonzosos como los ocurridos en ASSE, el FONDES, los negocios con Venezuela y otros más, muchos de ellos hoy en manos de la Justicia, hablan de una fuerte caída de la imagen del partido de gobierno.

Entonces, surge el reflejo de descartar a todos los políticos.

Nuestra obligación, la de los políticos de todos los partidos, es acordar normas firmes y claras para aumentar el control sobre la gestión pública e incrementar las sanciones sobre estos hechos. Normas sobre financiamiento partidario, normas para fortalecer el papel del Tribunal de Cuentas y de la JUTEP, reducción sustancial de cargos de confianza, selección por concurso de los cargos gerenciales en todo el Estado, eliminación de las tarjetas corporativas y otras medidas relevantes.

La respuesta al descreimiento debe ser un shock de transparencia. La gente debe recibir un mensaje claro de parte del sistema político, para bien de la democracia y de la institucionalidad de nuestro país. Si no ocurre así, se generalizará la consigna de que “se vayan todos” o de que “son todos iguales”.

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