Sobre nepotismo, acomodos y amiguísimo

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Sobre nepotismo, acomodos y amiguísimo

Pablo Mieres

“Es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la Constitución puede afirmarla”, así decía José Artigas en la Oración Inaugural que precedía las Instrucciones de 1813. Su afirmación mantiene total vigencia, simplemente se podría agregar la Constitución y las leyes para determinar la necesidad, en estos tiempos que corren, de ajustar los mecanismos de control de la gestión pública y de la promoción de la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Los numerosos y múltiples episodios de abuso del ejercicio del poder y de los recursos públicos que han salido a luz durante este período de gobierno, tanto en el plano del gobierno nacional como en los gobiernos departamentales, indican con claridad la necesidad de impulsar normas jurídicas que afirmen los criterios éticos que deben regir la gestión de quienes tenemos cargos otorgados por el pueblo.

Tarjetas corporativas, multiplicación de parientes en cargos de confianza, irregularidades en las contrataciones públicas, incremento del gasto en personal de confianza, ausencia de controles o simplemente desobediencia a los señalamientos de irregularidades como es el caso de las observaciones del Tribunal de Cuentas, otorgamiento de créditos o negocios a los amigos. En fin, son tiempos en los que se observa un preocupante aflojamiento de los criterios éticos para la toma de decisiones de los gestores públicos.

Es, por tanto, tiempo de “apretar las clavijas” y mejorar los controles jurídicos sobre las conductas de los administradores y representantes del pueblo.

Por eso, a fines del año pasado presentamos un paquete de medidas de promoción de la transparencia y combate a la corrupción. Efecto suspensivo de aquellos actos de entidad económica significativa que son observados por el Tribunal de Cuentas, aumento de la capacidad de investigación y control de la Junta de Transparencia, prohibición de las tarjetas corporativas en el Estado, obligatoriedad del concurso para el acceso a los cargos gerenciales en las empresas públicas y entes del Estado, publicidad de las declaraciones juradas de legisladores, ministros, intendentes y directores de entes y servicios del Estado son las principales medidas que estamos proponiendo.

Esperamos que se construya un consenso político en torno a ellas o, al menos, a varias de ellas. En el mismo sentido, esperamos que el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales se convierta en ley durante este año.

También, en la misma dirección surge el proyecto de ley presentado en estos días por el Senador Bordaberry que busca prohibir las prácticas de nepotismo en el Estado, es decir de designación o contratación directa de familiares de jerarcas en las reparticiones públicas.

En tal sentido, cuenta con nuestro apoyo en términos generales, aunque obviamente será objeto de un estudio en particular acerca de los detalles y los alcances de la propuesta.

El tema de fondo es que debe existir un conjunto de normas que limiten las “veleidades” del ejercicio del poder. Este es un tema presente desde que el mundo es mundo y afecta a todos los partidos y organizaciones que tienen a su cargo la administración de recursos públicos y las decisiones sobre terceros.

Las tentaciones del poder, el mareo del ejercicio de la actividad pública han estado siempre presentes, aquí y en cualquier parte del mundo. Es más, la continuidad de un mismo partido en el poder y con mayoría propia, en contexto de abundancia y crecimiento, como ha ocurrido en nuestro país tanto en el gobierno nacional como en varios gobiernos departamentales incrementa las posibilidades y oportunidades de corrupción, de conductas ilícitas y la comisión de irregularidades diversas.

Esto es lo que estamos viviendo en nuestro país en estos tiempos. Como hemos dicho muchas veces, ningún partido está libre de que en su seno se produzcan situaciones ilícitas o irregularidades. El asunto decisivo es cómo actúan las organizaciones políticas cuando estas circunstancias se producen; si “se hace la vista gorda”, se justifican las faltas, se “mira para el costado”, se “barre debajo de la alfombra” o, por el contrario, se actúa con firmeza y energía desplazando al que ha cometido la inconducta, sancionándolo y remarcando la importancia de los criterios éticos y legales en la conducción de la gestión pública.

Pero, además, debe revisarse el marco normativo para ajustar los márgenes y prevenir con mayor éxito las situaciones de corrupción. En eso estamos y a eso dedicaremos nuestros mayores esfuerzos.

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