- Introducción
La irrupción de la pandemia ha impactado en la situación económica de nuestro país, con sectores de actividad que han sufrido una caída sustancial de sus ingresos, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, lo que agrava la situación social de la población en condiciones más vulnerables. Ante esta realidad emergente, el Estado debe asumir un rol proactivo asumiendo nuevas transferencias destinadas a aquellos que carecen de la cobertura social necesaria para afrontar la coyuntura sanitaria y sus consecuencias, así como promoviendo medidas que faciliten el sostenimiento y la reactivación económica de MIPYMES.
El Estado uruguayo, con el apoyo de todos los partidos políticos, creó el Fondo Coronavirus como principal instrumento para canalizar los gastos transitorios derivados de la pandemia, destinando 711 millones de dólares en el año 2020, en medio de una recesión económica que determina una caída del PIB de 4,5% y un déficit fiscal de 5.8% del PIB. Seguramente pueden reclamarse nuevas y variadas medidas que deberán ser examinadas en el marco de los objetivos macroeconómicos explicitados en la reciente ley de presupuesto, pero sin comprometer los objetivos de Resultado Fiscal Estructural, que al fin y al cabo, darán consistencia y sustentabilidad al desarrollo humano de nuestro país.
Lamentablemente, muchos de los que reclaman medidas contracíclicas olvidan que la sustentabilidad fiscal determina la necesidad de ahorros en los períodos de auge para incrementar el gasto en los períodos de crisis. La historia reciente muestra que aún en un período excepcional de crecimiento de nuestra economía, con una media de crecimiento del PIB superior al 5% acumulativo anual, no solo no se ahorró nada, sino que terminamos con déficit fiscal y mayor endeudamiento público.
En tal sentido, el Partido Independiente reafirma su apoyo y su compromiso con la nueva institucionalidad fiscal y los principales lineamientos de política macroeconómica expresados en la ley presupuestal.
El inicio de la vacunación ante el Covid 19 es un punto de inflexión en las perspectivas sanitarias de inmunización de nuestra población, pero está claro que llegar a ese objetivo demandará un trabajo de varios meses por delante. Mientras tanto, las restricciones a la movilidad social seguirán presentes y diversas actividades seguirán condicionadas por las medidas sanitarias. Por tanto, el Fondo Coronavirus seguirá siendo el instrumento financiero disponible para financiar las políticas públicas orientadas a paliar los efectos de la crisis.
En este marco, el Partido Independiente reitera alguna de sus propuestas e incorpora otras, a efectos de dar respuestas ante las consecuencias de la crisis que afecta a nuestro país.
- Propuestas
2.1.- Apoyo e Integración de los trabajadores más vulnerables
Desde que se desencadenó la emergencia sanitaria, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha implementado una línea de trabajo que consiste en otorgar una ayuda alimentaria equivalente a $ 1.200, orientada a personas que no tienen ningún tipo de asistencia, o sea que, no son trabajadores formales, no figuran en ningún registro del Banco del Previsión Social, no reciben asignaciones familiares ni Tarjeta de Uruguay Social.
El MIDES ha llevado el registro de estas personas y el número se ubica en torno a las 300 mil personas registradas que han recibido o reciben canastas de alimentos.
Por otra parte, la cantidad de personas que componen este colectivo es muy aproximada al total de las personas que, de acuerdo con la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, se encuentran sin actividad laboral de ningún tipo (desocupados o personas que estaban ocupadas de manera formal o informal que aparecen sin actividad laboral). Consecuentemente, este es el colectivo de personas más vulnerables que han sido más afectadas por la pandemia.
Nuestra propuesta tiene dos componentes: a) subsidio y b) integración social y laboral.
- Subsidio
El beneficio propuesto debería tener como referencia el monto equivalente a la satisfacción de las necesidades de alimentación de una persona, de manera que el apoyo garantice que se responderá a las prestaciones alimentarias durante el período definido.
Se propone pagar a través de la misma tarjeta utilizada por el MIDES, el equivalente al monto de una Canasta Básica de Alimentos per cápita durante tres meses.
La Canasta Básica de Alimentos per cápita promedio a nivel nacional, definida de acuerdo con la definición del INE, alcanza a $ 4.200 por mes.
La cobertura de las 300.000 personas implicaría un desembolso de alrededor de U$S 30 millones mensuales, lo que representaría una inversión social de U$S 90 millones y un incremento de la ayuda del orden de U$S 21 millones por mes.
- Integración social y laboral
La propuesta consiste en la creación de un Registro de Trabajadores Informales, que hasta ahora no existe ni han sido identificados. Se propone trabajar en forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el MIDES la base de datos de los beneficiarios referidos a los efectos de su depuración, sistematización y adecuación, con el objetivo de institucionalizar el citado Registro que, al margen de la pandemia, será útil para definir programas de apoyo a la formalización y vinculación permanente, así como para su incorporación a otros programas sociales del Estado (por ejemplo Asignaciones Familiares o actualización de las Tarjetas de Uruguay Social).
Esta línea de trabajo se ha consolidado en varios países de América Latina (Argentina, Colombia y Chile entre otros países).
Se ofrecería a estas personas un apoyo para la formalización que puede canalizarse por la vía de la formación de microempresarios o de trabajadores monotributistas, incorporándolos en programas de asistencia y capacitación o integrándolos a bolsas de trabajo.
A vía de ejemplo, se podrían establecer conexiones con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME, inclusión en el Portal Vía Trabajo de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) e inclusión en cursos de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).
A su vez, en paralelo, se debería analizar, entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la posibilidad de generar nuevos caminos o modalidades concretas de formalización laboral al alcance de la realidad de este colectivo de personas.
2.2.- Revisión tributaria de las aportaciones fictas de IRAE para Micro y Pequeñas Empresas (MIPES).
La tributación de IRAE para micro y pequeñas empresas cuyos ingresos sean menores o iguales a UI 4.000.000 se realiza sobre la base de determinación de renta ficta.
De Hasta Renta Ficta Tasa % sobre Ingresos
2.000.000 13.2 % 25% 3.3%
2.000.001 3.000.000 36% 25% 9%
3.000.001 4.000.000 48% 25% 12%
Nuestra propuesta es que la renta ficta se calcule en forma progresiva sobre los excedentes de ingresos que superen cada tramo. Así, si los ingresos son equivalentes a UI 3.800.000, hasta 2.000.000 aportaría sobre la base de una renta ficta de 13.2%, el excedente de UI 1.000.000 lo haría en base a una renta ficta de 36%, y finalmente, el excedente de UI 800.000 aportaría sobre la base de una renta ficta del 48%.
Correspondería encomendarle a la Dirección General Impositiva (DGI) la estimación de la reducción de ingresos que se genera a partir de esta modificación del régimen tributario.
2.3.- Aplicación del régimen de tarifas residenciales de los Servicios Públicos a las Micro y Pequeñas Empresas (MIPES).
Establecer que el régimen de tarifas residenciales de los Servicios Públicos se aplique a las MIPES por el término de un año.
2.4.- Reducción a tasa 0 de los Aportes Patronales a la Seguridad Social de las Micro y Pequeñas Empresas (MIPES) incluidas en el Sector de Industria y Comercio.
Actualmente los Aportes Patronales a la Seguridad Social están establecidos en 7.5% sobre los sueldos nominales de los trabajadores. Nuestra propuesta está orientada a reducir la tasa actual a 0, para las MIPES pertenecientes al sector de Industria y Comercio, por el término de un año.
La reducción de ingresos al BPS prevista por esta propuesta equivalen a U$S 50 millones.
2.5.- Régimen de facilidades para las deudas generadas con el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva.
La situación generada por la pandemia hace imprescindible establecer un régimen de facilidades respecto a las deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2020 con el BPS y la DGI, a efectos de permitir la regularización de los adeudos. Para aquellos contribuyentes que no registraren adeudos en los doce meses anteriores al 1° de marzo de 2020, las deudas generadas durante la pandemia serán convertidas a Unidades Indexadas (UI), sin interés, si se abonan en un máximo de 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas.
2.6.- Licencia Fiscal Analizar la viabilidad de una licencia fiscal (cese temporario de aportes a BPS y DGI) para aquellos emprendimientos que tuvieron nula o escasa actividad desde el inicio de la pandemia. Dicha licencia podría regir desde el 13 de marzo de 2020 hasta la finalización de la pandemia, y supondría además que los trabajadores se mantendrían en seguro de desempleo durante todo el período.