Álvaro Ahunchain. Portada Columna Opinión

Escribe: Álvaro Ahunchain. Coordinador General del Instituto Nacional de Artes Escénicas (Ministerio de Educación y Cultura).

Política y cultura son dos conceptos que, unidos, siempre generan controversia.

El paradigma que suelen demostrar quienes provienen del marxismo, es que la cultura es un medio para hacer política. Para ellos, la política cultural parece reducirse a qué estrategias desarrollar para poner la cultura al servicio de sus objetivos políticos e ideológicos. Si el lector cree que estoy exagerando, basta con que aprecie cómo el Frente Amplio se ha valido de sus representantes del sector cultural, para que le sacaran las castañas del fuego, ante el descrédito creciente de sus dirigentes.

Esa práctica, que a mucha gente ha llevado a la errónea generalización de que la cultura es patrimonio de un solo partido, genera en el extremo opuesto otro paradigma igualmente reprobable: el de que la mejor política cultural es la que no existe. Según estos cultores del llamado “liberalismo libertario”, el Estado debe apartarse de toda promoción cultural, tanto para evitar esos desmanes, como para erradicar cualquier dirigismo que ponga en entredicho el libre comportamiento del mercado.

Lo que se les escapa a estos radicales es que una cosa es el mercado operando libremente en productos y servicio de consumo, y otra muy distinta es adueñarlo de áreas que hacen a la construcción de equidad social, como la educación, la salud y la cultura. Ningún teórico del libre mercado, de Adam Smith para adelante, cuestiona que el Estado debe hacerse cargo de llevar una educación de calidad para los vulnerables, porque eso hace a la igualdad de oportunidades desde el arranque, condición imprescindible para evitar una competencia injusta entre desiguales.

Con la promoción cultural ocurre exactamente lo mismo. Del mismo modo en que al Estado le compete ser neutral en la difusión de ideologías, credos y religiones, tiene la obligación de compensar a aquellos sectores que solo acceden a ofertas culturales marquetineras, demostrándoles que hay otra cultura, menos demandada pero más desafiante, exigente y formadora.

Para ciertos extremistas de derecha, de cuyos nombres no quiero acordarme, quienes nos empeñamos en llevar manifestaciones culturales de jerarquía a las zonas que carecen totalmente de ellas, somos “zurdópatas” o “frentistas disfrazados”. Pero lo gracioso es que los extremistas de izquierda también nos critican, tachándonos de “aristócratas”, de pretender instalar parámetros culturales “europeos” en sectores que tienen, según ellos, el derecho de consumir reguetones sexistas y simplones las 24 horas del día. Son los mismos que, cuando les toca gestionar cultura, destinan cuantiosos recursos públicos por un lado a experimentos pseudo-vanguardistas de élite, para solaz de sus amigos culturosos, y por el otro a las murgas militantes, para que sigan entreteniendo al público masivo con sus eslóganes vacíos.

Ni lo uno, ni lo otro. En el equipo de cultura de este gobierno, que tengo el honor y la responsabilidad de integrar, estamos trabajando con prisa y sin pausa para igualar oportunidades, empleando la capacidad del Estado para llegar a más gente con más oferta cultural, diversa y exigente. Y en esto no hacemos distinciones por el pelo político de los artistas, porque la vieja y obsoleta hegemonía cultural no se combate silenciando a los disidentes, sino integrándolos en un debate rico y plural.

Ofreceré varios ejemplos de ello en próximas columnas.