Javier Lasida. Portada Columna Opinión

Escribe: Javier Lasida. Presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED).

Las políticas sociales uruguayas enfrentan el desafío de combinar asistencia con reformas de fondo, todo ello basado en evidencia. Este es el camino para evitar confundir pobreza con insuficiencia alimentaria o justicia social con activismo asistencialista. Empecemos por la evidencia:

Los datos son, primero, que el gobierno diagnosticó con rigor el alcance del problema de alimentación, lo que (sin obstar medidas de emergencia cuando se requieren) siempre debería ser el criterio del responsable de las políticas públicas: identificar los alcances y características de la cuestión a enfrentar. El segundo dato es que el problema alimentario se mantiene en los niveles estructurales que se observan desde hace décadas. El tercer dato es que el MIDES, si bien no estamos frente a un problema agravado, lo reconoció como tal y dispuso intervenir.

Ello no disminuyó la vocinglería alarmista. Es que una dificultad que estamos teniendo es el desapego a la evidencia, en el discurso de la oposición frentista y sindical.

Hasta aquí los datos. Además de tenerlos, se requiere interpretarlos. Primero, en cuanto al diagnóstico, comprender que los problemas de alimentación son una expresión, entre otras, de situaciones de pobreza estructural que no logramos superar desde hace décadas, incluso en períodos de crecimiento económico. A la vez es cierto que en los sectores de menores ingresos es mayor la vulnerabilidad y por lo tanto su situación empeora más rápidamente frente a contextos adversos (en lo económico y en la salud). Pero el problema es la exclusión y la pobreza.

La segunda reflexión y como consecuencia de la anterior, es que este desafío no se enfrenta sólo con distribución y asistencia, que son imprescindibles, pero no suficientes.

Fueron muy importantes algunos cambios que el Frente Amplio realizó en las políticas sociales, entre los que se destaca la transferencia de dinero (no sólo de alimentación, salud, educación, vivienda) a los más pobres, junto con ciertos condicionamientos vinculados al desarrollo de sus niños (atención médica, asistencia educativa). Hoy, principalmente entre los frentistas, hay cierta confusión respecto a esas políticas y se debate si no deberían limitarse a la asistencia. Pero este es otro tema.

Lo que quiero subrayar ahora es que, para no eternizar la asistencia, siempre insuficiente, se requieren cambios de fondo en las políticas sociales. Este gobierno tiene en marcha dos fundamentales.

Uno es la reforma de la seguridad social, que además de hacer sustentables sus prestaciones y mejorar su equidad, posibilitarán priorizar a los niños en el gasto público. La postergación de los niños en la asignación de recursos estatales es uno de los mecanismos de reproducción permanente de la pobreza.

La otra reforma es la educativa, que dará posibilidades de combinar ayudas con oportunidades efectivas de integración social. También posibilitará sustentar la distribución en la producción eficaz, tanto a nivel de las personas, como de la sociedad. Sin productividad los ingresos terminan haciéndonos dependientes de lo que nos den, en términos personales, o de lo que nos paguen, en términos de la economía del país. Los sindicatos y la oposición frentista reclaman asistencia y recursos, a la vez que procesos interminables de consulta, que terminan siendo más una forma de bloqueo que de participación. El gobierno muestra firmeza en políticas basadas en evidencia y análisis, que combinan asistencia con reforma, a la vez que distribución con integración y producción.