Javier Lasida. Portada Columna Opinión

Escribe: Javier Lasida. Presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED).

Los resultados electorales y del referéndum fueron claros y redundantes. Pero, aún después de pasado todo ello se persiste en un debate educativo equivocado. Los gremios docentes y el Frente Amplio interpusieron el referéndum a la LUC aduciendo que faltaba debatir. Los argumentos pre-referendum (que se refirieron escasamente a la LUC) y los posteriores son los mismos.

Ahora se agrega la incoherencia de ignorar, sin hacerse ningún problema, el resultado de la consulta convocada por ellos. La cuestión para los gremios docentes y el Frente Amplio sigue estando, obsesivamente, en la oposición entre educación pública y privada: consecuentemente, los problemas que existen se arreglarían con más presupuesto para la estatal. Esas fueron las razones para oponerse a la LUC y ahora para oponerse, entre otras, a las reformas en la formación docente.

Es un debate equivocado. No hay datos que muestren diferencias significativas en la calidad y en la equidad, comparando al conjunto de los centros estatales y privados. Al interior de unos y otros encontramos centros muy buenos, buenos y malos. Centros que promueven la equidad y otros que reproducen y aumentan diferencias entre sus estudiantes. Es bueno decir que eso es así en Uruguay y en el mundo.

Y la propuesta de aumentar los recursos, como demostraron los gobiernos frentistas, es buena, porque mejora los bajos salarios docentes, pero, si no va acompañada de cambios pedagógicos y de gestión, no mueve la aguja de los resultados educativos. Este es otro dato, como el resultado del referéndum, del que no se hacen cargo.

Se reivindican y proclaman posiciones estériles, que no están sustentadas en datos y que resultan inconducentes o más bien llevan al inmovilismo educativo, a que todo siga como está en este gobierno y también en los anteriores frentistas. ¿Cómo sostener que el problema es la educación privada, que es alrededor de un 15% del total? ¿Cómo disimular que el enorme aumento de recursos para la educación se tradujo en escasísimos logros educativos?

Estas visiones desconocen los hechos y ¿en qué se sustentan? Lo primero que se manifiesta es una concepción que confunde corporativismo con equidad o justicia social. Como bien recordó Iván Posada en el cierre de la campaña por el NO en Montevideo, el referéndum fue lanzado por un sindicato de una empresa estatal, la Federación ANCAP, identificando sus derechos particulares con los del conjunto de la población. Y lo segundo es una concepción que confunde lo estatal con lo público. En términos educativos lo importante es quién es el propietario de las escuelas, partiendo del supuesto (con toda la evidencia en contra) que las del estado son buenas por naturaleza.

Estas posiciones pueden expresarse con los modales amables de Fernando Pereira o con los agresivos de José Olivera, dirigente de FENAPES y de la campaña por el “SI”, que ya antes de asumir catalogaban a las nuevas autoridades educativas como fascistas.

Las mayorías sindicales coaligadas con las mayorías frentistas comparten esta visión corporativista-estatista, que más allá de sus matices, es la predominante llegados momentos decisivos como el referéndum o los ballotages.

Del otro lado se enfrenta a una coalición en donde predomina una visión liberal, de centro. En el Partido Independiente coincidimos con otros sectores de la coalición en buscar las mejores combinaciones de libertad y equidad, basándonos en análisis técnicos rigurosos, sin anteojeras, que miren tanto a los trabajadores de las políticas públicas como a sus destinatarios, en el caso educativo los educandos, que son en definitiva su razón de ser.