Escribe: Álvaro Ramos. Electo senador de la República por el Partido Nacional (1995-2000). Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (1990-1994), ministro de Relaciones Exteriores (1995-1998), adherido al Partido Independiente en octubre de 2021.
A pesar del título, no vamos a abordar en esta nota un tema tan álgido de hoy día y que refiere a nuestra competitividad exportadora, como es el tipo de cambio. Estamos viviendo un “revival” recurrente en nuestra historia económica. El nombre de esta “remake” bien podría ser “el atraso cambiario, un mal menor, devorador de futuros”. Vale decir un peso uruguayo que se aprecia, y un dólar que se debilita. Esta relación genera efectos no deseados sobre todos aquellos agentes económicos que realizan sus utilidades en dólares, pero que deben pagar sus gastos en pesos. Al fin, la ecuación afecta negativamente su rentabilidad.
Quisiéramos comentar sí, alguno de los factores que entendemos inciden en que esta relación no tan deseada entre el precio del dólar y el peso uruguayo esté presente de modo reiterado en la historia de la economía uruguaya. Inciden en ella una compleja trama de relaciones económicas, que mal o bien, son las mismas que están detrás de la construcción de las ventajas competitivas de la economía uruguaya y por ende sobre el desempeño de sus empresas. Algunos factores son coyunturales, otros estructurales.
En el fondo, la dirigencia política, los economistas y académicos, los empresarios, productores y sindicalistas, todos sabemos muy bien cuáles son los factores a los que se vincula la competitividad económica del país y de sus empresas y a cuáles aspectos de la política económica está vinculada. Los estudiantes de primer año de Economía ya lo saben y lo discuten en sus clases y talleres. Claramente existe una vinculación estrecha con el comportamiento macroeconómico. Es decir, con el control del déficit fiscal, el manejo prudente del gasto público y con los límites precisos al endeudamiento. En todos estos aspectos la conducción económica del gobierno actual, ha sido particularmente prolijo y eficaz. La “regla fiscal” que aplica, es una herramienta idónea para ello. No obstante, el fenómeno actual del TC, está vinculado al control de la inflación y al objetivo central de “domesticarla” y llevarla a un rango meta, lo que a su vez es condición para cumplir con una de los principales compromisos del gobierno que es recuperar el salario real perdido por causa de la pandemia.
Vamos a poner ahora el foco en los costos internos, pero sobre todo en la calidad del gasto público, desde las políticas públicas, desde la gestión del Estado.
Otra previa: Desde ya que no vamos entrar en la trampa de discutir si el Estado debe ser chico o grande, gordo o flaco. El Estado debe ser eficaz y eficiente en el uso de los recursos públicos que aportamos todos los contribuyentes cuando pagamos nuestros impuestos. Transformar esos recursos en servicios y bienes públicos de calidad, oportunos y eficaces que colaboren con el desempeño de la economía, de las empresas y el bienestar de los ciudadanos.
El Canciller alemán Willy Brandt, acuñó una frase muy ocurrente que se transformó en un eslogan político tan repetido como tergiversado: “tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario”. Esto es parte del discurso de muchos políticos que venden “agua tibia”. No desacredito la frase ni lo que implica, todo lo contrario, me avengo a ella, solo que dicha así en vacío no significa más que una sagaz ocurrencia. Para darle realmente contenido y verosimilitud, es preciso reflexionar y dilucidar el significado y alcance de “posible” y “necesario” en los vínculos entre el Estado y el mercado. El Estado necesario debe ser eficaz, eficiente y oportuno. Debe ser una herramienta que estimule las capacidades del sector privado, que amplíe oportunidades, que allane los caminos de la competitividad y no que entorpezca, encarezca, y trabe la gestión de las empresas, menoscabando la capacidad emprendedora de los ciudadanos. Mucho menos aún, creando competencia desleal malgastando recursos fiscales y operando en mercados donde la iniciativa privada puede hacerlo mejor. Un Estado que atienda con solvencia las inequidades y equipare las oportunidades de todos los ciudadanos. Lo posible, en referencia al mercado, adquiere contenido en cuanto se le asocia con las oportunidades que tienen las empresas y personas de acceso, permanencia, desempeño en dichos mercados. Las oportunidades de exponer cabalmente sin interferencias sus capacidades de competencia y obtener un resultado económico consecuente. Si los mercados son demasiado imperfectos o si las empresas y/o ciudadanos no tienen capacidad de concurrir o acceder, allí el Estado necesario está llamado a construir dichas oportunidades. Producir bienes y servicios públicos estratégicos, de calidad es su cometido. Así entendemos la frase de marras. Siempre creí que este análisis (acertado o no), no es de derecha, ni de izquierda, ni conservador ni progresista. Es de sentido común.
En el Uruguay, los sectores más conservadores de la sociedad, se dan la mano y están representados por los populismos de “izquierda”, y los de “derecha”, que se manifiestan en partidos políticos y corporaciones. A ninguno de estos políticos y dirigentes corporativos les ha interesado demasiado profundizar en el cómo hacemos para construir la verdadera competitividad de la economía uruguaya y la de sus empresas. Cómo hacemos, todos juntos, para mejorar la calidad del gasto y la inversión pública. Cómo recibir mejores servicios a cambio de los elevados impuestos que pagamos. Cómo generamos empleo genuino y bien remunerado y cómo abrimos oportunidades para los niños que vendrán, los que ya están y los jóvenes, de modo que desplieguen sus capacidades creadoras, como la mejor forma de combatir las causas generadoras de la pobreza. Para los sectores conservadores y populistas, lo que importa es el aquí y el ahora del interés corporativo y/o electoral.
Entonces vayamos a la raíz de esta nota, la calidad del gasto. El Partido Independiente, tiene en este tema un abanderado de primer nivel, que desde el día uno de este gobierno está luchando a brazo partido con las fuerzas del “status quo”. El Dr. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Abrevamos aquí en conceptos que le hemos escuchado a Conrado y sobre los que siempre hemos pensado de similar manera y que muy puntualmente intentamos aplicar cuando nos tocó estar en la gestión pública.
Como PI, tenemos el decidido compromiso de “entrarle” con responsabilidad y decisión política a actualizar o modernizar el complejo andamiaje institucional del Estado uruguayo, la Administración Central y Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y Empresas Públicas. Paradojalmente se ha postulado varias veces como un objetivo estratégico de la política por parte de diversos gobiernos con diferente ideología, la reforma del Estado y la modernización de la gestión pública.
Quizás la mejor manera de expresar el objetivo buscado sea lograr una gestión más eficiente en el uso de los recursos presupuestales, para así alcanzar más y mejores resultados con menos recursos, o sea gastando menos. Enfatizando que la reducción del gasto NO ES UN OBJETIVO EN SÍ MISMO, sino una consecuencia de aplicar mejor los recursos.
Seguramente esto va a implicar un proceso exigente y diligente de revisión de las competencias de cada unidad ejecutora, analizar roles y funciones, actualizarlos, quitar atribuciones burocráticas inútiles que no agreguen valor y sobre todo que no se pueden cumplir. Mejorar la calidad de ejecución y mejorar las competencias que se le asignan a cada unidad ejecutora o a cada uno de los servicios del Estado. Readecuar la estructura de gestión burocrático – administrativa de acuerdo a las necesidades, disponer de mecanismos abiertos y transparentes de innovación en lo relativo al gasto y las inversiones. Revisar el “para qué”, el “cómo y cuándo”.
Elevar las capacidades en el diseño de las políticas, en la aplicación y ejecución de las mismas. En la gestión de los servicios y sobre todo en el seguimiento y evaluación de resultados, mediante la aplicación de metodologías y mecanismos objetivos e independientes, con indicadores objetivos, para finalmente poder realizar un justo control y fiscalización de los resultados.
A la luz de lo anterior será posible encarar el rediseño de los procesos de producción de bienes y servicios públicos, adecuados a las necesidades y oportunidades. Parte fundamental de todo esto es discutir y resolver a fondo la carrera funcional dentro del Estado, ligar el perfil del funcionario con las características de la función (de Perogrullo, pero no siempre se cumple) y a partir de allí establecer escalafones, remuneraciones y una política de recursos humanos moderna que premie el esfuerzo de la tarea bien realizada y la formación permanente.
Lo dicho es quizás una sobre simplificación, pero apunta a un rumbo que no deberíamos soslayar. Si no encaramos todos juntos y con compromiso, estos desafíos, vamos a repetir una y otra vez la misma película que anunciábamos al principio.
Lamentablemente ya desde hace varias décadas quien agrega valor en el Uruguay está perdido o al menos desprotegido, frente a los costos internos que superan su capacidad empresarial de absorberlos con decisiones microeconómicas.
Nuestra oferta exportadora se divide por un lado en un sector servicios pujante que parece ser la plataforma de inserción internacional del Uruguay moderno, pero amenazado por un factor estructural muy preocupante y que es la calidad de la educación y la escasa inversión en C&T. Una vez más calidad de los servicios y bienes públicos que son responsabilidad del Estado poner a disposición de la sociedad. Por otro lado, las exportaciones de pocos productos (6 o 7 commodities), de alto impacto en volumen físico y económico “que son las que mueven la aguja” del desempeño exportador uruguayo. Pero, cada vez son productos menos procesados, más commodities, es decir cada vez menos diferenciadas y con menos valor agregado.
En el agregado de valor a nuestros productos exportables, se basa el empleo genuino, allí está la reactivación económica, allí están las oportunidades de atraer inversiones de verdad y que dinamicen el interior profundo del Uruguay. Se necesita un Estado capaz de entregar más calidad en servicios y bienes públicos, más oportunos, menos gravosos y burocráticos. Un Estado que gaste e invierta mejor.
La chapucería y el clientelismo en la gestión de la cuestión pública, claramente no es el camino. El cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Solo espero que el parlamento nacional no haga oídos sordos a las propuestas que finalmente se plasmaron en el proyecto de rendición de cuentas desde la Oficina Nacional del Servicio Civil, por parte de nuestro compañero Conrado Ramos y su equipo.