Escribe: Iván Posada. Diputado por Montevideo.
Recientemente el Poder Legislativo dio aprobación a la Ley N° 20.130, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo, que establece un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones. que se aplicará plenamente a quienes configuren causal jubilatoria a partir del 1° de enero de 2043 y parcialmente, a quienes no hayan configurado causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre de 2032. Vale decir, que aquellas personas que tengan configurada causal jubilatoria o la configuren antes del 1° de enero de 2033, se jubilarán por el régimen vigente.
Sin perjuicio de que en notas posteriores abordemos las características del nuevo régimen jubilatorio y de pensiones, nos importa reflexionar sobre los fundamentos que determinan la necesidad de reformar el régimen establecido en la ley de seguridad social aprobada en 1995.
Los datos demográficos muestran que nuestro país se enfrenta en un futuro inmediato a la reducción y envejecimiento de la población, lo que determina un contexto donde emergen nuevas y crecientes demandas sociales, a las que necesariamente se deberá dar respuesta, requiriendo por cierto adecuado financiamiento.
Este hecho es consecuencia de la baja tasa de fecundidad que resulta inferior a 2,1 hijos por mujer en edad fértil, lo que permitiría mantener la población actual. Cuando el Comité de Expertos en Seguridad Social (CESS) creado por los artículos 393 a 398 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, comenzó sus trabajos tendientes a formular un diagnóstico de la situación, la última estimación disponible era la elaborada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que preveía que la tasa global de fecundidad se ubicara en 1,7 hacia 2050. Sin embargo, ese futuro previsto está superado por la realidad del pasado año donde la tasa de fecundidad fue de 1,38 hijos por mujer en edad fértil.
Por otra parte, la sobrevida esperada después de cumplir 60 años, en 1995-2000, era de 20 años. La perspectiva es que en 2065-2070, sea de 27 años.
Los datos son claros, concretos y contundentes. En 1950, por cada persona mayor de 65 años, había 6.69 personas que tenían entre 24 y 64 años. En 1970, las personas entre 24 y 64 se habían reducido a 6 por cada una mayor de 65, y en 20 años, se espera que estén por debajo de 3 como lo muestra el gráfico siguiente.
Las proyecciones demográficas disponibles nos auguran que en 20 años se reduciría la población en edad de trabajar con el consiguiente impacto en las perspectivas de crecimiento económico lo que determina mayores desafíos para incrementar la productividad.
Es cierto que Uruguay tiene un bono demográfico en la medida que las mujeres se incorporen fuertemente al mercado de trabajo, pero no olvidemos que el crecimiento de la productividad de la mano de obra está asociado directamente al desarrollo del conocimiento, para lo cual es clave el acceso a la educación terciaria, los años de educación y las tasas de egreso del sistema educativo en su conjunto. Hay otro factor preponderante que fundamenta la necesidad de una reforma previsional. Nuevas formas de contratación, mayor rotación de puestos de trabajo, incremento de los trabajadores por cuenta propia, incluso en forma remota e internacionalizada, son algunos de los cambios que se están operando en el mundo del trabajo. La perspectiva del mercado de trabajo está en un proceso de transformación que nos genera particular incertidumbre, mayores exigencias de formación y capacitación, todo lo cual determinará que se incrementen los impuestos para financiar el sistema previsional.
Pero además no hay que perder de vista que debemos asumir un imperativo ético para revertir la pobreza de niños, niñas y adolescentes cuyos indicadores siguen cuestionando al sistema político, a este gobierno y a los anteriores gobiernos. Este problema tiene al menos dos dimensiones, y están relacionadas directamente con las perspectivas futuras de estos niños, niñas y adolescentes. Una primera dimensión es la educativa, el acentuamiento de la brecha en el aprendizaje existente con respecto a este mismo grupo etario perteneciente a hogares con mayores ingresos. Resulta pues fundamental la transformación educativa para mejorar la calidad y obtener niveles de capacitación imprescindibles para una mejor inserción en el mercado laboral. Actualmente, cuando llega la hora de insertarse en el mercado de trabajo, estos jóvenes carecen de capacitación suficiente para obtener ingresos que superen los niveles de pobreza, e inevitablemente, el modelo se reproduce en las generaciones siguientes.Una segunda dimensión es a través del fortalecimiento de las transferencias monetarias vía Asignaciones Familiares – Plan de Equidad como las instrumentadas por el Ministerio de Desarrollo Social desde mayo del año pasado, así como las planteadas recientemente por el Partido Independiente al Presidente de la República.Si no se aprobaba esta ley, los egresos para el pago de pasividades de los subsistemas estatales (Banco de Previsión Social, Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas y Servicio de Retiro del Personal Policial) se incrementará en un punto del PIB en los próximos 20 años y en casi dos puntos adicionales del PIB, hacia 2060, lo que supondrá menor disponibilidad de recursos para políticas orientadas hacia la niñez y la adolescencia.