Alberto González. Portada Columna Opinión

Escribe: Alberto González Ramagli.

“Cuando ya hayas apartado la décima parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades.”

DEUTERONOMIO (26:12)

“Danos hoy nuestro pan de cada día”

EVANGELIO DE SAN MATEO (Mt 6:11)

“Dijo el Profeta –la paz sea con él-: El hombre dice: ‘¡Mi fortuna!  ¡Mi fortuna!’  Pero ¿acaso tienes otra fortuna excepto por la que gastas en caridad, y de esa manera se eterniza, lo que vistes y se desgasta y lo que comes?”

EL CORÁN: TERCER PILAR DEL ISLAM

Hace algunos siglos la economía no permitía asegurar a toda la humanidad contra el hambre, atender dignamente su salud y eliminar la carencia de vivienda. Ahora sí.

Sin embargo, aún en contextos de alto crecimiento económico y con fuertes políticas sociales, importantes sectores de la población quedan marginados, desprotegidos. Incluso se observa un crecimiento de la concentración de la riqueza no solo entre los más pobres y los más ricos, sino que sectores de ingresos medios bajos aumentan su distancia ante los sectores más ricos.

Entre los diferentes factores que generan esta situación, una de ellas y quizás la principal es la realidad ocupacional: un porcentaje muy importante de la población no encuentra empleo y las políticas sociales cubren muy parcialmente este desempleo permanente.

En el caso uruguayo, aún en los momentos de desocupación más baja de los últimos 20 años, esta siempre fue superior al 6%, representando hoy en día más de 120.000 personas sin empleo.

El actual modelo económico no asegura pleno empleo y las nuevas tecnologías pueden agravar esta situación y en particular la inteligencia artificial genera mucha desocupación: los nuevos empleos creados a su requieren de mayor calificación, pero son menos numerosos que los eliminados.

No se trata sólo del denominado desempleo friccional que es el generado por la transformación de las actividades productivas que sin embargo permite reubicar en forma relativamente rápida a los trabajadores con un mínimo de recalificación o por el desplazamiento voluntario de trabajadores y que el seguro de paro permite reducir sus aspectos mas negativos. Se trata de una aceleración productiva que permite producir mucho más con menos trabajadores.

Pero el aspecto crucial es que hay que agregar que aún en las hipótesis ocupacionales más optimistas, las personas no nacen con igualdad de oportunidades y muchos, sin siquiera oportunidades. El mecanismo de las oportunidades es de iteración circular exponencial: quienes tienen más oportunidades se autogeneran más oportunidades y las trasmiten a sus hijos. Y recíprocamente, quienes tienen menos oportunidades también tendrán menos oportunidades para sus hijos y la grieta social se reproduce permanentemente.

La meritocracia es la ideología que pretende justificar esta desigualdad y la marginalidad que la acompaña: “Los que están abajo no se esforzaron”. Por lo tanto, los obstáculos a la plena inserción social y económica son insuperables con las actuales políticas sociales, aún las más inclusivas.

¿Se puede negar que el acceso a una vida digna es el derecho humano fundamental, que no está garantizada la posibilidad de materializarlo para todas las personas y que esta carencia no es defecto de la economía sino de los modelos económico y sociales?

Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.

ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ante esta realidad, desde hace varias décadas – aunque con antecedentes de pensadores de varios siglos atrás – ha surgido la creciente inquietud por implementar la denominada renta básica universal (RBU), es decir que la sociedad otorga – vía transferencia de dinero sin condicionamientos y en forma regular y en efectivo un ingreso mínimo a cada habitante.

Hay mucho para trabajar y discutir sobre las distintas formas de implementar la RBU, en particular su factibilidad económica, como sobre los beneficios psicológicos y sociales que puede generar, o también posibles medidas alternativas como la reducción significativa de la jornada laboral. Ya hay bastante evidencia empírica para mejorar la calidad de la discusión sobre su implementación, pero eso lo dejamos para otra nota.

El foco que queremos poner es preguntarnos si efectivamente, la sociedad tiene la obligación de asegurar un mínimo de vida digna de cada uno de sus habitantes, más allá de valoraciones sobre las posibles conductas disfuncionales que muchos de ellos puedan tener.

¿Es algo tan utópico, tan imposible? ¿Estamos tan locos los que pensamos eso?

De hecho, ya existen muchas políticas sociales que funcionan desde ese principio, aunque sea en forma parcial, como por ejemplo la asignación familiar por hijo, la asistencia gratuita a la salud y las pensiones a la vejez entre otras.

Quizás algunos puedan tener más hijos porque es la única manera de asegurar un ingreso; quizás otros se atienden problemas de salud que pueden ser responsabilidad del paciente por no cuidarse en forma apropiada, total es gratis y pagan otros; quizás reciban pensión a la vejez personas que no aportaron o trabajaron lo suficiente como para financiar lo que actualmente cobran, etc. ¿Entonces filtramos y les eliminamos los beneficios?

Y acaso para las personas que ha violado las leyes, ¿no se les debe asegurar en situación de privación de libertad, alimentación sana y suficiente; salud; posibilidades de reinserción social, etc. incluso en forma independiente a la gravedad del delito?

Por lo tanto, no debería escandalizarnos asegurar ese mínimo vital a toda la población. Al contrario, seríamos más coherentes.

Incluso me atrevo a más. Los funcionarios públicos solo pueden ser despedidos por conductas inapropiadas o delictivas. Ser funcionario público brinda una seguridad laboral de por vida, que la inmensa mayoría de los privados no disponen y desean. La inseguridad laboral del trabajador privado se vería al menos parcialmente compensada por la RBU.

Esto nos lleva a mirar el funcionamiento de la propiedad privada. Sin duda que es también un derecho humano fundamental y que ha demostrado que en general tiene un efecto de crecimiento productivo y económico muy importante. Pero damos como naturales ciertos supuestos que quizás no lo sean. Tomemos la distribución de la tierra. La tierra de una nación es propiedad del colectivo de la nación, de todos sus habitantes. Esto está bastante aceptado para ciertos bienes, como minerales, combustibles fósiles, la pesca. Pero la propiedad privada de la tierra ha terminado con una suerte de pacto social que no ha nacido de una distribución igualitaria y democrática para todos los ciudadanos, sino de procesos históricos muchos de ellos simplemente basados en la expropiación a otras personas y lo aceptamos. Sin más, en la colonia quitamos la tierra a los nativos: Artigas quiso hacer una reforma agraria que brindara oportunidades a todos y todas, y no la hicimos.

“Los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la Provincia. Serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero”.

REGLAMENTO PROVISORIO DE LA PROVINCIA ORIENTAL PARA EL FOMENTO DE LA CAMPAÑA Y SEGURIDAD DE SUS HACENDADOS,1815.

Podríamos repetir razonamiento similar para otros bienes. Por ejemplo, un emprendedor sin duda crea bienes, oportunidades, trabajo, riqueza a través de su emprendimiento y tiene derecho a una justa recompensa por su accionar. Pero en qué medida no se está apoyando y beneficiando por todo lo que ha recibido de la sociedad: trabajadores calificados, tecnologías disponibles, reglas sociales apropiadas, institucionalidad, mercados preexistentes. ¿Lo creó el emprendedor? No, el emprendedor se beneficia de una riqueza cultural social que lo antecede. Por lo tanto, es moralmente deudor de las oportunidades que le brinda la sociedad.

De allí que todos los que podemos beneficiarnos con las oportunidades que nos brinda la sociedad debamos ser solidarios con aquellos que no tienen esas oportunidades. Proteger la dignidad de cada persona es una dimensión de una generosidad catalizadora.

Si nos rechina la posibilidad de la RBU, es porque estamos bloqueados, no somos consciente que los principios que alumbran esta propuesta ya se están aplicando en muchas circunstancias y los consideramos, “normales”, justos para algunos, y desproporcionados, injustos para otros.

La principal objeción suele ser: y si no quiere y puede trabajar, por qué darle dinero. Y bueno, cuántos tienen dinero (y mucho) sin trabajar y lo consideramos normal. Es mejor proteger a todos los que quieren trabajar que no protegerlos por quienes no quieren trabajar. Por lo menos demos dinero para que puedan comer, vestirse, procurarse un alojamiento mínimo. Como lo muestran las experiencias que se han realizado de RBU (Finlandia, Stockton/EUA, Canadá, Mongolia, Namibia, etc.), les permiten mejorar su salud física y mental y su convivencia con el entorno, organizar su futuro, y estimular comportamientos como estudiar para calificarse y encontrar trabajo entre otros beneficios. Sin duda, a los que tengamos que aportar más, la RBU no nos va a hacer pobres y quizás nos permita vivir en un entorno social más humano y menos violento.