Hebert Gatto II. Portada Columna Opinión

Escribe: Hebert Gatto. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ensayista, presidente de Honor del Partido Independiente.

Sobre la Ley de Urgente Consideración y el intento de derogarla, hemos opinado y lo seguiremos haciendo. Para el gobierno que la sancionó, concentra muchos aspectos de su prometido programa electoral. Para la oposición se trata de un concentrado neoliberal concebido para destruir los mejores logros de su gestión. De hecho, analizada con objetividad, se trata de una norma relevante, particularmente en lo que refiere a la educación, a la seguridad interna y al ejercicio de algunos derechos como los gremiales. Aun cuando no deba considerársela una regulación de cuyo mantenimiento o derogación dependa la suerte del país, alberga gran importancia en relación al futuro de la coalición que gobierna el país.

En este sentido la campaña anti Luc parece solo centrarse en aspectos adjetivos, como es el tema de los arrendamientos sin garantía, para desviar la atención de aspectos centrales de una norma (Seguridad, Educación, Política Económica) que además, y ello no es menor, otorga renovados derechos y regulariza un compromiso con la OIT, en lo relacionado con el ejercicio del derecho de huelgas y piquetes. A este aspecto, relevante en cuanto atañe a la política sindical del país, nos referiremos en adelante.

Previamente descartaremos por inconsistentes las objeciones a la LUC meramente formales. Se ha comentado que es inconstitucional en la medida que su extensión y variedad impide su adecuada consideración. Se objeta que estas leyes de urgencia, solamente deben dictarse en forma excepcional y con un tema por vez. No es esa la opinión de nuestra Suprema Corte, que el 25 de marzo de este año dictaminó su constitucionalidad entendiendo que el art. 168 numeral 7 de la Carta “no contiene ningún condicionamiento en cuanto a qué supuestos o respecto a qué materias el Poder Ejecutivo puede ejercer su iniciativa legislativa,” “Por lo cual esta se dictó “de forma ajustada a derecho”.

En cuanto al derecho de huelga la LUC, regulariza su situación y nos devuelve al plano del adecuado manejo de derechos contrapuestos. En su artículo 392, la Constitución de la Republica y el Comité de Libertades Sindicales de la Organización Internacional del Trabajo, establece que la huelga es un derecho que debe ejercerse pacíficamente, sin coartar el derecho a no ejercerla por parte de quienes no se plieguen a ella ni el de los empleadores a ingresar a sus locales comerciales o industriales. A su vez en sus artículos 468 a 470 de esa reglamentación, declara ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público.

A estas limitaciones se oponen ciegamente tanto el PIT-CNT, como el Frente Amplio. Su único argumento es la fuerza y su clasismo. No existe duda que en un estado democrático la “Huelga” es un derecho básico sin más limitaciones que los otros derechos de su mismo rango. Entre ellos las prerrogativas de los que decidan no acatarla (de allí también la prohibición de piquetes que igualmente impidan esta misma facultad) así como la de los propietarios o administradores para acceder a sus empresas. Algo obvio en la necesaria ponderación entre los derechos en pugna, pero que los sindicatos uruguayos -ignorando a la OIT y a la coincidente opinión de jurisprudencia y doctrina nacional sobre el tema-, se niegan terminantemente a aceptar. Una deuda pendiente que la Luc, cumpliendo con su estado de derecho, por fin resuelve. Por eso, porque nos rehusamos a seguir viviendo en un país enredado en el pasado, decimos: No al trancazo.