Javier Lasida. Portada Columna Opinión

Escribe: Javier Lasida. Presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED).

EL CODICEN anunció la iniciativa de recurrir al apoyo de los centros juveniles y los clubes de niños para ampliar el horario y fortalecer el trabajo de los centros de escuelas, liceos y escuelas técnica con los estudiantes de menores ingresos. Parece una buena estrategia para enfrentar el grave problema de injusticia de nuestra educación, incluida la pública (cuanto mejor es su situación socioeconómica, los estudiantes más aprenden y también más se gasta en ellos).

Buena parte de los niños, adolescentes y sus familias en situación de exclusión más crítica tienen dificultades para vincularse con la cultura de los centros de educación formal, que tiene sus propias reglas y códigos muy específicos. La relación no es fácil para ellos y tampoco para los educadores. Son muchos los casos en que esa comunicación fracasa. Las más de las veces en silencio, simplemente se van o la función de la escuela se reduce a la de comedor. Otras pocas el fracaso se traduce en conflicto, llegando hasta las notorias agresiones de madres a maestras, que cada tanto aparecen en las noticias y que muestran muy distintas pautas de comportamiento frente a la violencia. El paro con el que automáticamente responden los sindicatos señala tanto el límite corporativo que razonablemente quieren marcar, como la imposibilidad de enfrentar y superar el problema educativo al que se enfrentan.

Hay centros educativos que logran una comunicación y trabajo fluido con los sectores más distanciados de la cultura escolar (considerada en sentido amplio, no sólo para primaria). Resulta que entre esos centros hay formales y no formales, estatales y privados. El criterio de la ANEP es trabajemos juntos, porque cada uno por su lado no lo estamos logrando. Unos y otros tienen aportes, capacidades, formas de trabajo, aprendizajes, para enfrentar un desafío en el que venimos fracasando.

Como con cada una de las iniciativas de transformación educativa de este gobierno, ésta también generó el inmediato rechazo de la coalición sindical-frentista. Critican que estos centros son privados y reivindican que los recursos vayan sólo para los estatales. Atienda el lector que no se reclama que es lo mejor para los estudiantes, se reclama una suerte de monopolio. Es una mala idea, que tiene mucha evidencia en contra. Hay iniciativas como por ejemplo las denominadas Áreas Pedagógicas, llevadas adelante por Tacurú y el IDH, con apoyo de INAU y Secundaria, consolidadas en la articulación de lo no formal y privado, con lo público y formal. Por otra parte, los datos en Uruguay y el mundo no muestran que haya diferencias de calidad y equidad entre centros estatales y privados. La propiedad de los centros no se asocia con los logros de los centros.

No cualquier articulación entre los actores no formales y privados con los centros de ANEP sirve. Es necesario por una parte que ambos funcionen bien, lo que muchas veces no pasa tanto entre unos como entre los otros. Y, en segundo término, se requiere superar actitudes autosuficientes de ambas partes, construyendo herramientas, prácticas y una cultura de colaboración entre las organizaciones. La referencia principal no debe ser la propia organización, sino los niños y jóvenes a cuyo servicio deben estar.