Escribe: Javier Lasida. Presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED).
La última evaluación de Aristas del INEEd en 3º de media confirmó el estancamiento del sistema educativo y la necesidad de cambios de fondo. El COVID nos afectó poco y sobre todo significativamente menos que a muchos otros países, pero la situación previa era mala. Los cambios, diseñados durante la pandemia y que se comenzaron a implementar en cuanto empezó a retirarse, son necesarios y urgentes. Los tratamos en otras columnas. Este es buen momento para empezar pasar raya e identificar otros cambios prioritarios, que no dio el tiempo de encarar. Es bueno reconocer que varios ya estaban en la agenda del gobierno actual, pero no fue viable acometerlos en estos dos años y medio últimos, una vez superado el COVID.
Entre las varias mejoras de la LUC en educación, le exige al próximo gobierno un plan de educación en el primer semestre y compromisos con metas para dar las venias al CODICEN. Nada de esto puede empezarse a pensar cuando asuman las nuevas autoridades, tiene que estar trabajado desde antes. Anoto aquí algunas ideas para esas definiciones.
Primero, fortalecer la educación técnica, planteándole tres metas que hoy no logra:
- Todo adolescente que opte por la técnica tiene que tener lugar (un porcentaje hoy es redireccionado a secundaria).
- Todo estudiante que quiera hacer prácticas de aprendizaje en empresas durante su formación debe poder hacerlas, ellas no deben seguir siendo una excepción. Habrá que pensar en múltiples modalidades, desde las exitosas escuelas de alternancia rural, que llevan décadas de buenos resultados muy poco reconocidos, hasta las más exigentes experiencias duales.
- Capitalizar las innovaciones, especialmente en la Formación Profesional Básica, convirtiendo al trabajo en un recurso pedagógico, a la vez que equiparando sus aprendizajes a los logrados en secundaria (hoy están muy lejos).
Segundo, mejorar la gestión educativa general. Hay varias metas básicas en ese sentido:
- Transparentar y mejorar los mecanismos de asignación de los niños a los centros, especialmente a los CAIF y a las escuelas (un estudio reciente de INEEd identificó opacidades y discrecionalidades).
- Continuar fortaleciendo las capacidades y responsabilidades de los centros, dándoles competencia en la asignación y evaluación de sus docentes (hoy es entre inexistente y mínima), transfiriéndoles progresivamente la gestión de ciertos recursos y generando información y evaluación pública sobre su funcionamiento. Esto incluye desde cuánto tiempo lleva un baño sin arreglarse, hasta la evaluación de los aprendizajes logrados en ese centro. Otros datos, como las inasistencias, deben registrarse y procesarse por lo menos mensualmente para todos los centros.
- Reestructura de las inspecciones en un sistema de supervisión. Esto supone cambiar la función hoy a cargo de de las Direcciones Generales, que la vez dirigen los subsistemas y se inspeccionan a si mismas, asignándole la supervisión al CODICEN. No resuelve pero mejora el problema del conflicto de intereses.
- Mejora del desempeño de los educadores, a través de formación y de la carrera profesional, lo que supone un nuevo estatuto docente, que deberá implementarse progresivamente, sin afectar derechos adquiridos.
Es bueno reconocer que la educación no está entre las principales preocupaciones de la agenda pública, no porque la gente sea ignorante o tonta, sino porque hemos construido un sistema educativo otrora exitoso y hasta hoy opaco. Ojo, ello no es fruto de ninguna conspiración, sino de nuestra larga historia tanto de aciertos como de errores y en todo caso de nuestra poca capacidad de aprendizaje colectivo a partir de ellos. Para superar esa trampa, propongamos metas concretas, verificables y medibles.