Pérez del Castillo. Portada Columna Opinión

Escribe: Gonzalo Pérez del Castillo. Consultor Internacional, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Independiente.

Kiev llegó a ser la ciudad más grande del continente europeo hasta que fue invadida por los mongoles en el año 1256. Después en Ucrania se formaron principados y otros feudos hasta que las tierras fueron ocupadas por el imperio ruso en 1721. Desde entonces la relación entre rusos y ucranianos ha sido compleja porque los primeros discriminaron a los ucranianos prohibiendo incluso el uso de su idioma. La expansión del imperio ruso bajo Catalina la Grande (1729-1796) los subyugó ulteriormente.

Después de la revolución de Octubre de 1917, Ucrania se proclamó independiente y reclamó todo el territorio en que la población ucraniana era mayoritaria. La guerra de independencia de Ucrania fracasó y su territorio fue repartido entre Polonia y la Unión Soviética que finalmente asignó un espacio muy reducido a la República Socialista Soviética de Ucrania.

Bajo Stalin la población ucraniana continuó siendo atacada y discriminada y su idioma fue suspendido. Se le acusa a Stalin de haber promovido el Holodomor, una hambruna que dejó más de 4 millones de víctimas. Surgió en la clandestinidad un movimiento nacionalista ucraniano que combatió a los nazis y a los comunistas con poco éxito. Al disolverse la URSS, en 1991, se convirtió en un Estado independiente.

Ucrania intentó entonces acercarse a Occidente, pero en 2013 el presidente Yanukovic cambió el rumbo e intentó ingresar en la Unión Aduanera Euroasiática. Tal decisión convocó a más de un millón de ucranianos pro occidentales a salir a las calles en protesta. Yanukovic dimitió, lo que provocó que la población mayoritariamente rusa en el Este, a su vez, se sublevara. El nuevo presidente ucraniano Poroshenko logró finalmente controlar el territorio con un saldo de 14,000 muertos y 1,5 millones de desplazados. La OTAN y Rusia se acusan mutuamente de haber promovido dichas insurrecciones.

La intervención de Alemania y Francia, junto a Rusia y Ucrania, permitió en 2014 la firma del protocolo de Minsk que estableció una hoja de ruta para la paz. Los rusos reclamaron detener la expansión de la OTAN hacia el Este, cesar la cooperación militar y restringir el tipo de armas instaladas en los países que antes, bajo la URSS, formaban parte del Pacto de Varsovia. Vista la historia, se trataba de un acuerdo razonable.

El presidente ruso Vladimir Putin entendió que tales condiciones no se estaban cumpliendo por lo que desplazó tropas a la frontera con Ucrania amenazando una invasión que, supuestamente, también cumpliría el propósito de proteger a las minorías rusas en Ucrania. La invasión se llevó a cabo en la madrugada del 24 de Febrero 2022 y dejó claro que se trataba de tomar control del país entero y no de proteger minorías.

Más allá de la torpeza con la que la OTAN se ha manejado desde el desmantelamiento de la Unión Soviética, la desmedida acción del dictador Putin atenta contra las normas más elementales del derecho internacional y la convivencia pacífica entre Estados.

La invasión militar de Vladimir Putin pone en cuestión los principios básicos de convivencia entre Estados soberanos consagrados en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Siendo Rusia un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, la actitud de su presidente es inadmisible. Tan inadmisible como lo fue la invasión de Iraq en contra de la voluntad del Consejo de Seguridad y con falsos pretextos. Una organización mundial para la paz no puede funcionar si sus líderes más conspicuos no la respetan. Queda en evidencia que los desafíos del siglo XXI requieren de líderes con otra visión de las relaciones internacionales.