Iván Posada. Portada Columna Opinión

Escribe: Iván Posada. Diputado por Montevideo.

Desde la reinstauración democrática en 1985, el instituto del referéndum previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución de la República, ha sido un mecanismo al que hemos recurrido invariablemente los uruguayos para dirimir instancias cruciales donde han estado en debate los derechos humanos o la propiedad de las empresas públicas.

En especial, el referéndum contra la ley que consagró la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por militares y policías hasta marzo de 1985 y el promovido contra buena parte de la ley de empresas públicas, constituyen mojones siempre presentes, donde la convocatoria a la ciudadanía se fundaba en un cruce de caminos en el que su pronunciamiento resultaba ineludible.

No es el caso de esta Ley de Urgente Consideración (LUC). La LUC no contiene ninguna norma que afecte los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado. Tampoco se afectan los derechos sindicales consagrados en la carta magna y en los más de 100 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por ley. Y por cierto, ninguno de los artículos impugnados menoscaba la propiedad de las empresas públicas ni de los monopolios del Estado consagrados por ley. En realidad, ninguno de los artículos impugnados refiere a temas cruciales para nuestra República.

Cabe preguntarse entonces, ¿Cuáles son las razones que animan a los impulsores de este referéndum? Al margen de la consideración puntual que nos merezcan los artículos impugnados, su pertinencia o conveniencia es parte del debate político que como tantas otras cuestiones se dirime en el ámbito legislativo, representativo de la voluntad ciudadana expresada en este caso el último domingo de octubre de 2019. Las razones del referéndum hay que buscarlas en los objetivos estratégicos y tácticos trazados por el PIT-CNT y el Frente Amplio.

El impulso primigenio del referéndum contra la LUC fue planteado por el sindicato FANCAP una semana después de la aprobación de la referida ley. En los fundamentos de su propuesta establece con claridad sus objetivos: «estrategia de acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal, antipopular y autoritario que representa la coalición de gobierno«. Y agrega: «es un elemento táctico de organización y acumulación política para los intereses de la clase trabajadora, y una herramienta que posibilita la confrontación ideológica y la disputa por la subjetividad desde la perspectiva de la batalla cultural«.

Más claro, echarle agua. El referéndum contra la LUC es simplemente una excusa para buscar una instancia de confrontar la gestión de gobierno, en base a agravios y descalificaciones, repitiendo el mismo sonsonete de siempre, con conceptos perimidos hace más de una década, al menos en Uruguay, y especialmente después de 15 años de gobierno del Frente Amplio.

El 27 de marzo próximo el pueblo uruguayo tendrá la oportunidad de juzgar esta gestión de gobierno para decirle NO a este referéndum contra el gobierno, que la mayoría de los uruguayos elegimos para conducir los destinos de nuestra República el último domingo de noviembre de 2019, y que algunos, lamentablemente, todavía no terminan de aceptarlo.